Comparta este contenido

Share/Save/Bookmark

sábado, 19 de febrero de 2011

A propósito de las sanciones a SaludCoop: el reversazo de la Supersalud.


La Superintendencia de Salud ha echado para atrás la resolución en la que le sancionaba a SaludCoop por haber desviado supuestamente recursos de la Seguridad Social. Esta resolución mostraba una clara incomprensión sobre el funcionamiento del sistema de salud colombiano.


La Superintendencia de Salud ha anunciado que ha llegado a un acuerdo conciliatorio con la la EPS SaludCoop-Organización Cooperativa, a propósito de las resoluciones 296 y 983 de 2010, en las cuales la Superintendencia impuso a SaludCoop la obligación de vender activos por valor de $627 mil millones. Este acuerdo ha sido aprobado por la Procuraduría General de la Nación, entidad que pudo establecer, según lo ha anunciado que “en la expedición de los actos que generan esta conciliación se presentaron fallas en los procedimientos e incorrecta aplicación de la Ley, todo lo cual nos lleva a concluir que hubo violación del debido proceso”.

Desde el momento en que la Superintendencia de Salud anunció la sanción, tuve mis inquietudes, las cuales manifesté en su momento

Cito textualmente lo que escribí hace exactamente un año:

"En un comunicado de prensa, la Superintendencia de Salud ha anunciado que ha obligado a la EPS Saludcoop a “restituir a la liquidez de la EPS los recursos utilizados en la adquisición de activos y otras operaciones glosadas en los informes de visita la suma de $318. 250 millones de pesos y a …atender con recursos diferentes a las contribuciones parafiscales, los pagos que por amortizaciones, intereses y otros costos implique la restitución del endeudamiento que por $308.958 millones de pesos obtuvo la EPS". (tomado del períodico El Tiempo)

Me he hecho las siguientes preguntas, pero no puedo contestarlas hasta no estudiar la resolución 296 de 2010, que no ha sido publicada por la Supersalud, como puede constatarlo cualquiera que consulte su página
:

-Aparte de las normas sobre control a la integración vertical para las EPSs (y sobre cuya racionalidad quisiera comentar en otra ocasión), ¿existen otras disposiciones que les impidan a las EPSs adquirir activos para el desarrollo de su objeto social? ¿Discriminan claramente esas normas, por ejemplo, entre la posibilidad de adquirir un tensiómetro y una clínica?

-Si la entidad paga sus siniestros (si no los paga, debería ser objeto de las sanciones correspondientes, pero eso es otro problema), la diferencia entre lo recaudado por las primas, descontando los costos administrativos, y lo pagado en siniestros ¿no constituye una utilidad, como en cualquier compañía de seguros? ¿No sería libre la EPS de invertir sus utilidades en la compra de activos para el desarrollo de su objeto social? (recordemos que como entidad cooperativa, no reparte utilidades. La aplicación de sus excedentes está expresamente determinada en la Ley).

- Ante las críticas hechas al gobierno por, supuestamente, querer favorecer las EPSs a través de los decretos de emergencia, ¿sería Saludcoop un chivo expiatorio?

Cuando se publique la resolución 296, tendrá oportunidad de ocuparme de estos temas. Mientras tanto, lo único que puedo hacer es preguntar".



La resolución en cuestión nunca fue publicada en la página de la Supersalud (práctica no deseable desde el punto de vista de la transparencia). Redacté un derecho de petición ante esta entidad, y ante la no respuesta, interpuse una acción de tutela. Me llegaron entonces las dos resoluciones, frente a las cuales puedo señalar ahora algunos elementos de análisis.

Considero necesario aclarar en primer lugar que no tengo ninguna vínculo o interés en Saludcoop. Ni siquiera soy afiliado a dicha EPS. Ni siquiera he hablado con algún funcionario de SaludCoop para escribir esta nota. Mis inquietudes se derivan de mi preocupación como académico interesado en el adecuado funcionamiento del sistema de salud en el país, el cual tiene como requisito una actuación clara y correctamente encauzada de sus entidades de regulación y vigilancia.

La resolución 296 (ratificada posteriormente por la 983), tiene 53 considerandos. Pero la argumentación de Supersalud puede resumirse en los siguientes puntos:

- Los recursos de las instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud no se pueden destinar para fines diferentes a ella.

- Los recursos recibidos por las EPS tienen carácter parafiscal. Por lo tanto tienen la condición de recursos públicos y su única destinación es la prestación del Plan Obligatorio de Salud )POS) para la población atendida. Los ingresos recibidos por este concepto no pueden ser afectados a gastos tales como depreciaciones y amortizaciones que sirven de fuente de liquidez (sic) para ser consumida en usos distintos a la prestación de los medicamentos, procedimientos e intervenciones que conforman el POS. Entre los usos proscritos para ser financiados con la liquidez obtenida se encuentran las inversiones, las donaciones, los préstamos, las inversiones en el exterior, diferentes a la prestación del POS.

- El análisis de las fuentes y recursos de Saludcoop lleva a concluir que un buen porcentaje de las inversiones que ha hecho Saludcoop ha sido financiado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).


Para entender la situación, tal vez sea necesario para el lector no familiarizado con estos temas recordar los fundamentos básicos con los que opera el sistema de aseguramiento en salud en el régimen contributivo, a la luz de los establecido en la Ley 100 de 1993.

La Comisión de Regulación en Salud (anteriormente el Consejo de Seguridad Social en Salud), determina anualmente el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Cada EPS recibe mensualmente del Fondo de Solidaridad y Garantía el valor de la UPC por cada uno de los beneficiarios inscritos. Con estos recursos, la EPS está en la obligación de prestar a sus beneficiarios los servicios establecidos en el Plan Obligatorio en Salud (POS).

El sistema colombiano funciona entonces como un sistema de seguros: si existía alguna duda sobre ello, la sentencia C- 828 del 2001 de la Corte Constitucional, así como la Ley 1122 de 2007 (artículo 14) despejó cualquier duda al respecto. El Fondo de Solidaridad y Garantía paga la “prima de seguros” (el valor de la UPC) por beneficiario. La aseguradora (es decir la EPS) está obligada a pagar el siniestro (entendido este como cualquier evento que afecte la salud del pacienten incluido en el Plan Obligatorio de Salud, el cual contempla además actividades de promoción y prevención). Si el monto de pago por “siniestros” (gastos en salud en que tuvo que incurrir la aseguradora) es superior al valor de las “primas” recibidas, la aseguradora tuvo pérdidas. Si se presentó la situación contraria, tuvo utilidades.

La entidad aseguradora está entonces obligada a prestar el servicio de salud a sus afiliados y a sus familias “por medio de sus propias instituciones prestadoras de salud, o a contratar con instituciones prestadoras y profesionales independientes o con grupos de práctica profesional, debidamente constituidos” (literal k, artículo 156 de la Ley 100). La entidad prestadora puede entonces cumplir sus obligaciones legales y contractuales contratando con entidades prestadoras o prestando directamente el servicio de salud.

Una de las primeras lecciones que uno aprende en un curso de economía básica es que la producción de cualquier bien o servicio exige una combinación adecuada de los dos factores básicos de producción: trabajo y capital. Para producir acero se necesitan trabajadores (recursos de trabajo) y recursos de capital (hornos, bodegas, equipo de movilización de carga, etc). Para el servicio de transporte se necesita vehículos y conductores. Para prestar el servicio de salud una empresa prestadora (y recordemos que la ley le permite a las EPS prestar el servicio por medio de sus propias instituciones) debe contratar personal: médicos, enfermeras, camilleros, celadores, etc. Pero debe proporcionarle a dicho personal recursos físicos con los cuales ellos puedan desempeñar su labor: termómetros, tensiómetros, equipo médico de diagnóstico y tratamiento, camas de hospital, centrales telefónicas, así como edificaciones especializadas: hospitales y clínicas.

¿Debe el Estado meterse a determinar las condiciones de esta “función de producción” , del servicio de salud? Ello no lo hace en ningún sector, ni siquiera en los más regulados entre ellos (financiero, empresas de servicios públicos) y sería inconveniente que tratara de hacerlo. Además sería imposible hacerle seguimiento a una norma semejante.

Por otra parte, de aplicarse a otras actividades la curiosa tesis de que los recursos parafiscales no pueden utilizarse para construir infraestructura, sino para prestar directamente el servicio (cualquier cosa que ello quiera decir), las entidades de vigilancia tendrían que comenzar a investigar a las siguientes entidades, que habrían “desviado” recursos parafiscales:

a) Las cámaras de comercio. Como se sabe, su fuente de recursos son las contribuciones que hacen los comerciantes por operaciones de registro mercantil de carácter obligatorio. Estas entidades han desarrollado en las ciudades del país una infraestructura física importante.

b) El Sena. Ha construido en todo el país edificaciones propias y adquirido equipos de enseñanza.

c) El ICBF. ¿Con que habrá financiado sus propias instalaciones, o los hogares infantiles, sino con recursos parafiscales?

d) Las Cajas de Compensación. Como se sabe, han construido hoteles, centros de convenciones, teatros, clubes recreativos, oficinas propias, etc.

Es cierto que el parágrafo 1 del artículo ley 182 de la Ley 100 obliga a las Entidades Promotoras de Salud a “manejar los recursos de la seguridad social originados en las cotizaciones de los afiliados al sistema en cuentas independientes del resto de rentas y bienes de la entidad”. Esta disposición es semejante a la que obliga a las Compañías de Seguros a constituir una reserva (un pasivo) destinada a atender los posibles siniestros. En este caso podría entenderse que la reserva sería del 100% de las primas recibidas. Pero al final del período frente al cual se ha contratado el cubrimiento, por ejemplo un año, debería compararse lo recogido por cotizaciones (primas) recibidas frente a los siniestros pagados, y determinar a partir de allí si la EPS tuvo utilidades o pérdidas técnicas en su labor de aseguramiento.

En apoyo de su tesis, la Superintendencia de Salud, en la resolución hoy cuestionada, señaló en su apoyo innumerables sentencias de las altas cortes que señalan el carácter público de los recursos de la seguridad social y su imposibilidad de destinarlos a otros usos. Aparte de que construir o desarrollar infraestructura no puede considerarse “otro uso”, es necesario señalar que esta prohibición se aplica directamente al Fosyga: no puede destinar los recursos parafiscales para otros usos. Pero “gasta” estos recursos comprando una póliza de seguro en salud a una EPS. Esta debe cumplir su parte del contrato, proporcionando a cambio el servicio de salud, en las condiciones que establezca la Ley. Los ingresos que reciben por concepto de primas son de las EPS. Así lo establece incluso el plan de cuentas emitido por la propia Superintendencia de Salud, la Resolución 1804 del 2004.

Extendiendo el argumento, los médicos que reciben recursos originados en las cotizaciones del sistema por concepto de honorarios a sus servicios no los podrían destinar para atender los gastos normales de su actividad (comprar muebles, asistir a eventos de capacitación) o inclusivo utilizarlos en los gastos de consumo propios o de su familia. Pero a estos absurdos ha conducido la caprichosa interpretación de las normas legales por parte de la Superintendencia de Salud. Parece que esa situación se está corrigiendo. Enhorabuena. El sistema de salud y todos los agentes que participan en él necesitan claridad en las reglas del juego.

domingo, 13 de febrero de 2011

Indicadores de competitividad (II): la productividad, la infraestructura y la tecnología.

Vamos a continuar en esta entrada con las comparaciones internacionales en indicadores de desarrollo y de competitividad. Vamos a dedicarnos a los temas de apacidad y productividad laboral, desarrollo humano, infraestructura y tecnología de la información

Nos hemos apoyado principalmente en el informe de Competitividad del Instituto Mundial de Desarrollo (IMD), También hemos utilizdo el informe de competitividad del foro económico mundial (FEM) y en el informe anual de la Uníón Internacional de Telecomunicaciones.

¿En qué nos fue bien?

Entre 58 países analizados por el IMD:

Somos el segundo país en el mundo en crecimiento de la fuerza laboral. Es decir en el número de personas en edad de trabajar y dispuestas a trabajar (6,5% en 2009). Solo nos superaría Qatar. Me llama la atención este dato, porque según las cifras del DANE tanto el crecimiento de la población en edad de trabajar y de la población económicamente activa ha sido solo del 1.7% anual en promedio. Habrá que revisar estas cifras con ciudado.

Ocupamos el puesto 7 en capacidad empresarial en los administradores colombianos, con una calificación de 6,61. Malasia, el primero en el mundo, tiene una calificación de 7,48.

Tenemos el puesto 7 en recursos de agua, medidos en metros cúbicos por habitante. Pero paradójicamente tenemos solo un puesto 45 en acceso y administración del recurso.

Tenemos el puesto 6 en proporción de la población por debajo de los 15 años y el puesto 10 si se analiza la que está por encima de los 65. En consecuencia tenemos una alta relación de dependencia: personas en edad de trabajar contra personas en edad de no trabajar): estemos en el puesto 49

Puesto 4 en consumo de energía per capita. El que menos consume es Filipinas y el que más Qatar.
Puesto 2 en inversión en telecomunicaciones con relación al PIB (muy necesario que invirtamos, según lo veremos más adelante).
.
Puesto 7 en gastos público en salud con relación al gasto total en salud : 83, 9%., nivel semejante al de Noruega y del Reino Unido. Proporción superior a la de Holanda, Suecia, Japón y Francia (sobre este tema remitimos al lector a nuestra entrada del año pasado , en la cual hacíamos algunas reflexiones sobre la eficiencia de este gasto.

Puesto 10 en proporción de fuentes renovables en la generación de energía.

En qué nos va mal
Una baja productividad del trabajo en términos de PIB por persona empleada. Estamos en el puesto 51 con US$21.285 El indicador de Noruega es US$109.953 (se está hablando de dólares en paridad de poder de compra). En Chile es US$35.461 y Argentina US$37.882 .

La productividad del trabajo medida en PIB por hora de persona empleada nos coloca en el puesto 51 (US$9,79), frente a US$62,09 en Noruega. El de Chile es US$16,16 y Argentina US$18,63.

Puesto 48 en productividad en la industria. Puesto 49 en eficiencia de las grandes corporaciones y 45 en la eficiencia de las pequeñas y medianas empresas .

Puesto 46 en horas trabajadas por año: 1756 (esto es resultado del alto número de feriados). Según quien lo evalúa el indicador podría ser al revés: entre más se descanse, mejor.

Puesto 51 en capacidad del país en atraer y retener talentos. El país mejor clasificado es Corea. Los últimos en el ranking son Perú y Eslovenia.

Puesto 52 en peso de los activos de los bancos con relación al PIB : 47,5%. Chile está en el 96%.
Puesto 47 en tarjetas de crédito per cápita (0,78). En Estados Unidos es de 7 tarjetas, pero es un modelo al que no deberíamos aspirar a imitar. Como se sabe, en la reciente crisis jugó un papel importante el alto endeudamiento de los hogares norteamericanos. Chile tiene 2,52 y Argentina 1,17.
Puesto 48 en riesgo financiero, Tenemos un puntaje de 54,5. Los dos países que están peor que nosotros entre los de America Latina analizados son Argentina y Venezuela.

Puesto 48 en el entendimiento general de la necesidad de reformas económicas y sociales.

Puesto 45 en densidad de carreteras. Puesto 53 en calidad de la red férrea. No es de extrañar que estemos en puesto 51 en la eficiencia en el sistema de distribución de bienes y servicios.
Puesto 46 en calidad en los sistemas de transporte de agua.

Miremos ahora los indicadores de desarrollo tecnológico. Estamos en el puesto 55 en gasto en Investigación y Desarrollo (RD) con relación al PIB, y en el puesto 54 en gasto per capita, en el 52 en gastos de las empresas en RD. Puesto 43 en grados universitarios en ciencias e ingeniería y en el 48 en número de artículos en revistas científicas.

En lo que tiene que ver con tecnologías de información, si bien hemos progresado, no se puede decir que podamos estar contentos. Entre 2008 y 2009 subimos seis puestos en el Indice de Desarrollo de las Tecnologías de Información publicado por la Unión Internacional de Tecomunicaciones, al pasar del puesto 69 al 63. Fuimos el sexto país en el mundo en cambio positivo en el ranking. Pero seguimos bastante por debajo de Argentina, Uruguay, Chile. Brasil, Venezuela y Panamá. Este es un índice compuesto de 11 indicadores que tienen que ver con el acceso, la utilización y los conocimientos de tecnologías de información.

En el indicador de acceso el progreso ha sido modesto: pasamos del puesto 71 al 69. Seguimos por debajo del promedio mundial (estamos en 3,95 y el mundo en 4,07). Según la clasificación del Foro Económico Mundial, estamos en el puesto 87 entre 139 países en cuando a disponibilidad de nuevas tecnologías y en el puesto 47 en usuarios de internet por 100 habitantes.

Uno de los indicadores de acceso que más nos afecta es el relacionado con las tarifas. Estamos según las UIT, en el puesto 91 (entre 161 países ) en el valor de la canasta de precios de tecnología de información (una tarifa más alta baja en el ranking). Estamos en el grupo de los países más caros de América Latina. Ello tiene consecuencias claras en el acceso a la tecnología, especialmente en un país en que una gran mayoría de la población tiene bajos ingresos.

Vamos por partes. En la canasta de telefonía celular estamos en el puesto 88, debajo nuevamente de la mayoría de países de América Latina. Un habitante colombiano que gane el ingreso nacional anual per capita (US$4660 para el 2008) debía gastar el 2,46% del mismo en adquirir lo que la UIT llama la canasta básica de telefonía móvil: 25 llamadas salientes y 30 mensajes de texto por mes. Dicha proporción es del 0,03% en Honk Kong, 0,12% en Noruega y 0,46% en Costa Rica, primer país de Latinoamérica en el listado. El descenso en las tarifas en este servicio es un fenómeno mundial, y algo han bajado en Colombia, pero se necesita que bajen más. El esquema de adjudicación de licencias que se montó en el país desde la iniciación del servicio privilegió la obtención de un ingreso alto por concepto de licencias para el estado, a cambio de montar una estructura oligopólica, que obviamente tuvo consecuencias en el nivel de tarifas. El gobierno y las entidades de regulación del servicio tienen por delante una importante tarea, en un servicio que, como lo han demostrado numerosos estudios académicos, tiene consecuencias importantes en el nivel de vida y en las capacidades de inserción económica de los sectores más pobres de la población.

En lo que se refiere a telefonía fija, el valor de la canasta básica (30 llamadas locales) representa un 1,46% del Ingreso per-cápita, lo que nos coloca en el puesto 66 a nivel mundial. Este porcentaje es del 0,25% en Singapur y Hong Kong, del 0.32% en Estados Unidos y del 0,42% en Ecuador. Curiosamente somos uno de los pocos países del mundo en los que, según los datos de la UIT, las tarifas de este servicio aumentaron en el año 2009 (ver cuadro 4.5 del informe).

En donde definitivamente nos falta mucho todavía es en los precios del servicio de internet de banca ancha. El precio de la canasta básica definida por la UIT (suscripción mensual de 1 gigabyte) representa el 9% del PIB per cápita, lo que nos coloca en el puesto 93 en el mundo, por debajo nuevamente de la mayoría de los países de América Latina. En Hong Kong, esta proporción es del 0,3%, en Estados Unidos del 0,5%m , en Costa Rica del 1,24% y en Brasil del 4,54%. Según el informe de competitividad del Foro Económico Mundial (cuadro 9.06), la velocidad promedio por usuario de internet es en Colombia de 5,8kbps, mientras que la de Luxemburgo (fuera de concurso) es de 9043 kbps, la de Holanda 147 kbps, la de Chile 36,46 kbps, y la de Estados Unidos 21,4 kbps. Tenemos entonces un servicio caro y lento, en un área que es definitiva para la competividad de numerosos sectores: industria de software, comercio electrónico, servicios financieros, call-centers, etc.

Tiene por delante el Gobierno una importante tarea en la mejora de los indicadores de competitividad. ¿Se le habrá la importancia que estos temas requieren en el Plan de Desarrollo?
Tendremos oportunidad de referirnos a este tema.

domingo, 6 de febrero de 2011

Colombia y los indicadores de competitividad

Una mirada a los ranking de competitivad. En qué está bien Colombia y en qué mal


Existe hoy en el mundo una competencia feroz entre los organismos que producen indicadores de competitividad, de transparencia, de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo financiero, de investigación y desarrollo, de avance en la tecnología de comunicaciones, etc. Es utópico pretender hacerle seguimiento a todos ellos.

No siempre hay que creerles todo lo que dicen. Muchos de ellos hacen sus clasificaciones y ordenamientos de países, no a partir de datos estadísticos objetivos, sino apoyados en la percepción de los entrevistados, a menudo ejecutivos de grandes empresas. Por otra parte la ponderación de los factores que inciden en la competitividad o en la facilidad de hacer negocios es necesariamente subjetiva.

En algunos casos la opinión de los ejecutivos entrevistados vale la pena. En otros, es necesario tener en cuenta que no necesariamente lo que le conviene a ellos mismos o a las empresas que administran corresponde exactamente a las conveniencias de las sociedades que analizan. Como lo registramos en su momento (ver aquí), en la misma semana en que la quiebra de Lehman Brothers desencadenó la crisis financiera, en septiembre de 2008, el Foro Económico Mundial publicaba su Informe sobre Desarrollo Financiero Mundial (no lo encontré ahora en la página actual del FEM. De pronto lo descolgaron Pero en su momento yo lo bajé y lo tengo disponible para quien lo solicite por correo). Pues bien, ese informe clasificaba a Estados Unidos (país epicentro de la crisis) en primer lugar en el ranking de desarrollo financiero y de cuarto en el “Indice de Estabilidad” (¡!). Uno de los componentes del índice (y lo sigue siendo) medía el “peso de la regulación gubernamental”. Por su incidencia en el ranking una mayor regulación quita puntos en el ranking. Hoy, habiéndose destapado las historias sobre la crisis del mismo Lehman Brothers, de AIG, del City, de Fannie Mae y de Freddy Mac, existe un consenso generalizado en el mundo académico de que una de las causas principales de la crisis fue precisamente una débil regulación. En el informe recientemente publicado Estados Unidos ha descendido al puesto 39 en el índice de estabilidad financiera, pero sigue de primero en el índice global de desarrollo financiero.

Hechas las anteriores salvedades, de todas maneras estos informes proporcionan información útil sobre la posición relativa de nuestro país en varios campos. He estado hojeando tanto los informes más recientes de competitividad del Foro Económico Mundial, así como el World Competitiviness Yearbook del Instituto para la Gestión del Desarrollo (IMD por sus siglas en inglés), además del ya citado sobre desarrollo financiero. En esta entrada voy a señalar algunos resultados que considero interesantes para Colombia del informe del IMD. Solo me voy a referir a aquellos en que nos fue muy bien (primeros 15 lugares) o muy mal (últimos 15). Voy a concentrarme por ahora en los indicadores que hacen parte de los dos grandes factores identificados por el IMD: Desempeño Económico y Eficiencia Gubernamental. En próximas entradas continuaré con este ejercicio, tanto con los otros factores del IMD como con los del Foro Económico Mundial.

Datos de Colombia en el informe anual de Competitividad del IMD (entre 58 países estudiados)

¿En qué nos fue bien?

Puesto 7 en relación de términos de intercambio (Valor unitario de exportaciones vs valor unitario de importaciones). Como este es un índice que mide el cambio relativo en los precios de los bienes exportados versus el de los importados, este comportamiento está asociado al mejor desempeño de las materias primas en los mercados internacionales. En el caso de Colombia, la alta dependencia que tenemos sobre este tipo de exportaciones nos favoreció.

Puesto 6 en relación empleo sector público frente al empleo total: 5,2%. En este indicador un mayor índice empeora el ranking. El primero de la tabla, Singapur, tiene una relación del 2,3%. El ultimo, Jordania, tiene 38,6%. ¿Será que tienen en cuenta estos indicadores las llamadas nóminas paralelas, tan comunes en algunas entidades? Normalmente se registran como contratistas privados que ejecutan contratos de prestación de servicios con el sector público. En la práctica son empleados públicos, pero no se registran como tales.

Puesto 8 en tasa de tributación efectiva frente al ingreso per-capita. Estamos bien, porque para el IMD, una baja relación es un buen indicador. La otra cara de la moneda consiste en señalar la escasa contribución que hace la tributación en la distribución del ingreso (los resultados de estos indicadores los veremos más abajo). Consecuente con lo anterior, tenemos una relación impuestos totales recaudados frente al PIB de solo el 13,45%. Solo nos ganan entre los países estudiados Qatar, India, Hong Kong e Indonesia. Los países “últimos” en la tabla son Suecia (47,8%) y Dinamarca (48,18%).

Puesto 4 en subsidios gubernamentales a empresas públicas y privadas, como peso con relación al PIB. Es decir, el peso de estos subsidios es relativamente bajo. Pero los pocos que existen hacen bastante daño. Lo veremos más adelante.

Puesto 9 en flexibilidad del mercado de trabajo (índice compuesto entre la dificultad de contratar, la rigidez en los horarios de trabajo y los costos de despido).

Puesto 7 en el índice de relación entre ingresos por género. Existe poca diferencia en el ingreso ganado por hombres y por mujeres, con relación a los patrones internacionales.

Puesto 6 en la participación de mujeres en altos cargos públicos y privados ( con excepción del parlamento, como veremos más adelante).

¿Y en qué nos fue mal?

Puesto 49 en contribución a las exportaciones mundiales (0,24% menos de la mitad de nuestro peso en la economía mundial: 0,40%).

Puesto 52 en exportación de servicios comerciales.

Puesto 55 en relación de comercio exterior (exportaciones + importaciones) frente al PIB: 16,53%. Seguimos siendo un país cerrado.

Puesto 48 en ingresos por turismo ( como proporción del PIB ) : 1,03%

Puesto 55 en relación pago de intereses por el gobierno frente a sus ingresos totales: 22,21%.
Puesto 49 en tasa de impuestos máxima corporativa. Pero gracias a la evasión (estamos en el puesto 50 este indicador) y a las exenciones y tratamientos especiales (no se miden por parte del IMD), la relación impuestos corporativos recaudados frente al PIB nos “sube” al puesto 44, con un indicador del 4,8%.

Puesto 52 en margen financiero (tasa de préstamos vs tasa de captación de los Banco): 6,85%. En el Reino Unido, primero de la lista, este margen es del 0,33%.

Puesto 54 en el índice de barreras al comercio internacional.

Puesto 50 en el índice de proteccionismo. Se mide por la pregunta de si el proteccionismo, en opinión del entrevistado, obstaculiza el desarrollo de los negocios.

Puesto 55 en el carácter distorsionador de los subsidios. Se les pregunta a los entrevistados si los subsidios existentes distorsionan la competencia y el desarrollo económico. Como el peso de los subsidios es bajo, según vimos arriba, todo indica que los pocos que existen (por ejemplo, agro ingreso seguro) hacen bastante daño.

Puesto 46 en legislación sobre la competencia (si la legislación es efectiva o no en impedir los abusos contra la competencia).
Puesto 55 en peso de la economía paralela. No es extraño.
Puesto 51 en legislación sobre desempleo. Se le pregunta a los entrevistados si la legislación sobre desempleo provee o no un incentivo para el trabajo.

Puesto 43 en administración de justicia (si es administrada o no de manera imparcial).

Puesto 47 en seguridad personal y de la propiedad (es decir no se provee adecuadamente).

Puesto 49 en el índice de inestabilidad política

Somos el país donde la proporción del ingreso nacional que se concentra en el 10% de la población más rica es la más alta entre todos: 45,9%., y aquél en el que la proporción del ingresos que gana el 10% del población más pobre es el más bajo: 0,8%. En consecuencia, somos el país que tiene el índice Gini de concentración del ingreso más alto, con un valor de 59. Dinamarca, Japón y Suecia tienen 25 cada uno. Esto es resultado, nos atrevemos a conjeturar, del elevado proteccionismo (que perjudica a los pobres y favorece a unos cuantos ricos, ojalá algún día lo entendiera nuestra izquierda), de la débil legislación sobre competencia (que castiga a los pobres con precios más altos en muchos bienes y servicios), y de las debilidades del esquema tributario.

Estamos en el puesto 50 en participación de mujeres en el parlamento. Solo es el 10%, frente a un 47% de Suecia u un 42% de Finlandia.

Continuaremos con el análisis de estos indicadores en siguientes entradas.