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sábado, 16 de abril de 2011

Un memorando secreto : El Gobierno Colombiano le ha pedido a los Estados Unidos respeto a los derechos laborales

Mis fuentes me han filtrado un documento ultrasecreto: se trata de las exigencias que ha planteado el gobierno colombiano al de los Estados Unidos, para que Colombia pueda firmar el TLC.





Se han divulgado las solicitudes del Gobierno de Estados Unidos al de Colombia en relación con a la normatividad laboral para que dicho gobierno acceda a presentar ante su congreso la ratificación del Tratado de Libre Comercio. Pero al parecer, Colombia también ha hecho exigencias. Me fue proporcionado por mis fuentes este memorando, que plantea las exigencias de Colombia en relación con la normatividad laboral en ese país. No respondo por su autenticidad. Sin embargo, he investigado los hechos mencionados, y puedo asegurar que el Gobierno colombiano se documentó ampliamente sobre ellos. Se pueden encontrar en Internet las fuentes de todas las informaciones incluidas como hechos en el memorando.

Plan de acción del gobierno de Estados Unidos:

Como condición para que el Gobierno colombiano acepte firmar el Tratado de Libre Comercio entre los dos países el Gobierno de los Estados Unidos de América se compromete al siguiente plan de acción:

Normas sobre trabajo infantil:

Hechos

Hoy en día, según un estudio del National Labour Institute, encargado por la Secretaría de Comercio y por la Secretaría del Trabajo, de los 50 Estados que hacen parte de la Unión, solo el de Washington ha adoptado estándares sobre trabajo infantil suficientemente estrictos. Según una encuesta adelantada en 1999, 57% de las personas entrevistadas habían trabajado cuando tenían 14 años, una alta proporción de los cuales en el sector informal. Niños de 12 años son empleados como baby-sitters o jardineros. No existen en Estados Unidos límites al número de horas que pueden trabajar los niños de 16 y de 17 años. En cuanto a los niños menores de esas edades, 16 estados permiten a niños por debajo de 16 años trabajar un número de horas que está por encima de los estipulado por la Ley de Estándares Laborales Justos (FLSA).

Los Estados Unidos no han ratificado la convención 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre mínimo de edad para el trabajo infantil.

Compromiso

El Gobierno de los Estados Unidos se compromete con el Gobierno de Colombia a expandir la protección a los niños trabajadores. Deberá haber presentado al Congreso un proyecto limitando el número de horas que pueden trabajar niños de 16 y 17 años, y estableciendo sanciones a todos los patrones que incumplan las leyes laborales sobre trabajo infantil. Deberá además haber presentado al Congreso el proyecto de adhesión de los Estados Unidos a la convención 138 de la Organización Internacional del Trabajo. Estos proyectos se habrán convertido en leyes antes del 30 de Noviembre de 2011.

Derechos a la organización sindical:

Hechos

La Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA) establece hoy un derecho para el empleador de solicitar una votación secreta cuando la mitad de los empleados han firmado una petición apoyando un sindicato. Las penalidades para los empleadores que obstaculicen la formación de sindicatos o que se nieguen a negociar con ellos no son lo suficientemente severas. La ley Federal por otra parte, impide que los empleados federales negocien sobre temas económicos como salarios y otros beneficios. En algunos estados, como el de Carolina del Norte , se prohíbe la negociación colectiva para empleados estatales. Una iniciativa semejante ha sido presentada recientemente por el gobernador de Wisconsin.

Los Estados Unidos no han ratificado la Convención de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Libertad de Asociación y Proyección del derecho de organización de los trabajadores (de 1948), ni la Convención sobre el Derecho a Organización y a la Negociación Colectiva de los Trabajadores (de 1949).

Compromisos

El Gobierno de los Estados Unidos se compromete con el Gobierno de Colombia a presentar al Congreso nuevamente el proyecto “Free Choice Act” que había presentado en el 2009, antes del 30 de Junio de 2011. El Congreso de los Estados Unidos aprobará esta Ley antes del 30 de Noviembre. Este Ley eliminará el derecho que hoy tienen los empleadores para exigir una votación secreta como condición para reconocer un sindicato, una vez que la mayoría de trabajadores haya firmado una petición colectiva de reconocimiento. Esta Ley exigirá que los empleadores y los trabajadores entren en un arbitraje obligatorio a más tardar 120 días después de que el sindicato haya sido reconocido. La Ley establecerá que la Junta Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Board), dará órdenes judiciales (injunctions), a los empleadores que discriminen contra los miembros de un sindicato o que quieran formar uno. Esta ley declarará el derecho de los funcionarios federales y de los estados para presentar pliegos de peticiones y para negociarlos colectivamente.

El Gobierno de los Estados Unidos presentará al Congreso el proyecto de ratificación de la Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre Derecho a la Organización y a la Negociación colectiva. (Convenciones C 87 de 1948 y C98 de 1949). Estados Unidos adherirá a estas convenciones antes del 30 de Noviembre de 2011.

Cooperativas de Trabajadores

Hechos

Las Cooperativas de Trabajadores ( o cooperativas de trabajo asociado, como se les conoce en Colombia) constituyen un fenómeno existente en muchos países del mundo. Una cooperativa de trabajo asociado es una empresa cuyos dueños son los trabajadores y es administrada democráticamente por ellos. Estas cooperativas se organizan para servir a sus asociados y los beneficios o excedentes se les reparten a ellos. En muchos países, incluido Colombia, existe normatividad clara sobre estas asociaciones, a fin de garantizar su carácter y que no sean utilizadas para burlar las leyes laborales. No es el caso de Estados Unidos.

Existen por otra parte mecanimos legales en los Estados Unidos que permiten que los asociados a una empresa obtengan su remuneración repartiendo los ingresos obtenidos, en lugar de pagar salarios. Los bufetes de abogados y los partnerships de empresas de consultoría funcionan con dicho esquema.

Compromisos El Gobierno de los Estados Unidos se compromete a presentar, a más tardar el 30 de Junio, un proyecto de Ley que regule las cooperativas de trabajadores, de tal manera que ellas no sean utilizadas para burlar las normas laborales. Impedirá también el funcionamiento de cualquier remuneración a los trabajadores diferente al salario. La Ley habrá sido aprobada el 30 de Diciembre de 2011.

Persecución a líderes sindicales.

Hechos:

El dirigente sindical Jimmy Hoffa, que durante muchos años dirigió el sindicato de camioneros, desapareció desde Agosto de 1975.

Compromiso del Gobierno de los Estados Unidos

Antes del 30 de Junio de 2011, el Departamento de Justicia del Gobierno creará una comisión especial para investigar la desaparición de este dirigente sindical. Los resultados de la labor de esta comisión se informarán al gobierno colombiano, y al público en general, antes del 31 de Diciembre de 2011.

Otras convenciones de la Organización Internacional del Trabajo.

Hechos:
Hasta la fecha, el Gobierno de los Estados Unidos ha ratificado únicamente 14 Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. El Gobierno colombiano ha ratificado 54. Esto crea claramente una desigualdad en las relaciones comerciales.

Compromiso del Gobierno de los Estados Unidos:

Además de los proyectos de ratificación de las convenciones 87, 98 y 138 antes mencionadas, el Gobierno de los Estados Unidos se compromente a presentar para ratificación ante el Congreso, las siguientes convenciones, que si han sido ratificadas por el Gobierno de Colombia. Deberán haberse aprobado estas ratificaciones antes del 31 de Diciembre de 2011:



  1. 29 de sobre trabajo forzoso


  2. 30 sobre horas de trabajo,


  3. 62 sobre seguridad en el trabajo,

  4. 81 sobre inspección laboral,

  5. 95 sobre protección de salarios

  6. 100 sobre igualdad en las remuneraciones

  7. 111 sobre discriminación

  8. 151 sobre relaciones laborales

  9. 160 sobre estadísticas laborales

  10. 161 sobre servicios de salud ocupacional

  11. 167 sobre seguridad y salud de los trabajadores de la construcción

  12. 169 sobre protección de los indígenas

  13. 170 sobre productos químicos

  14. 174 sobre prevención de graves accidentes industriales


Si ustedes no han caído en cuenta todavía, este memorando es falso. Pero qué bueno que hubiera sido verdadero.

sábado, 2 de abril de 2011

Clientelismo empresarial o defensa del interés nacional: un reto para los gremios

En el gobierno anterior properó el clientelismo empresarial. Parece que el nuevo quiere voltear esa página. Ello exige una cambio en la acción gremial.




En un interesante informe publicado por la revista Dinero, se ha anunciado que existe un gran descontento con algunos sectores empresariales con el estilo de relacionamiento del gobierno actual con el sector privado. Según la revista, “Santos está mostrando que tiene un modelo económico en la cabeza y no piensa esperar que los empresarios se lo aprueben para avanzar”. Ese descontento se traslada a la manera como se está manejando el principal gremio empresarial, la ANDI. Según este sector de empresarios, el gremio “no le mete suficiente energía a enfrentar temas que les tocan el bolsillo a los empresarios”. La ANDI representa a todos, dicen los descontentos, pero no puede defender a ninguno.

EL cambio en el estilo de gobierno contrasta con la manera como se manejó esta relación con el sector privado en la administración anterior. Son muchas las anécdotas. Un empresario molesto con cualquier decisión de un funcionario público, con un artículo de un proyecto de Ley, o con una cláusula a punto de acordarse en un tratado de libre comercio llamaba al presidente (obviamente el Presidente no le iba a pasar a cualquier empresario), se quejaba, y en muchos casos el Presidente intervenía. Ello se traducía en que se revertía una decisión, o incluso en que rodaban las cabezas de los funcionarios díscolos que no se sometían a los supuestos postulados básicos de la “confianza inversionista”.

Existe en la literatura económica un nombre para este tipo de comportamiento por parte de los gobiernos: clientelismo empresarial (en inglés “corporate welfare”). El clientelismo político, recordemos, consiste en la obtención de votos a cambio de favores específicos para el elector: un nombramiento, una beca, etc. El elector no toma su decisión pensando en los intereses generales de la sociedad. Ello pervierte el sistema político y debilita la democracia. El clientelismo empresarial por su parte consiste en hacerle favores a grupos específicos de empresarios o incluso a empresarios individuales.

Este concepto de clientelismo empresarial está relacionado con otro que ha sido desarrollado por las ciencias económicas: la búsqueda de rentas. En la Inglaterra del siglo XIX, David Ricardo logró demostrar que los aranceles o la prohibición a la importación de granos se traducía en una transferencia de ingreso hacia los propietarios de la tierra, que veían aumentar sus ingresos, no por una actividad productiva, sino por una “renta”, ganada simplemente por el hecho de que sus propietarios tenían poder sobre un recurso escaso: la tierra.

Ya en el siglo XX se acuño el concepto de “búsqueda de rentas” (rent-seeking) para ilustrar el comportamiento de aquellos agentes económicos que se concentran en la búsqueda de favores particulares de los gobiernos para sus empresas o sectores. Quienes han estudiado este fenómeno lograron demostrar que el otorgamiento de rentas no significa únicamente una transferencia de ingresos de unos sectores a otros. Representa pérdidas en el bienestar de la sociedad. Los principales costos en que incurre un sistema que gire en torno al otorgamiento de rentas son los siguientes:

• Los empresarios dedican recursos para una actividad que no es productiva sino eminentemente redistributiva: visitar e influir en la voluntad de los parlamentarios, ministros o directores de institutos oficiales demanda tiempo y recursos. En algunos casos el resultado es inclusive una actividad destructiva: lo que buscan unos empresarios es restringir la actividad económica de otros.

• En lugar de contratar ingenieros para reducir costos o mejorar la eficiencia de sus empresas, el empresario encontrará más útil contratar lobistas.

• Exenciones injustificadas distorsionan el comportamiento de los empresarios frente a los óptimos sociales. Por ejemplo una exención a la inversión conduce a tecnificaciones exageradas en el proceso productivo, que sacrifican la generación de empleo.

• Si se dan privilegios a unos empresarios, los demás tenderás a buscar sus propios sistemas de generación de rentas. Si existe un arancel elevado para el algodón, los textileros pedirán lo mismo. Lo propio harán los confeccionistas, y así sucesivamente. La tabla de fletes mínimos de los camioneros que ha suscitado, con razón, la inconformidad de muchos empresarios, es un ejemplo de ello. ¿Con qué autoridad puede oponerse un gremio que ha presionado por el mantenimiento de aranceles altos que los favorezcan, al otorgamiento de rentas para otros sectores? ¿Qué es un arancel a la importación sino una tabla de precios mínimos de entrada de productos al país?

• Todos estos mecanismos de repartición de rentas pueden traducirse en corrupción. Entre más discrecionalidad tenga el gobernante o el funcionario para otorgar favores (exenciones tributarias, permisos de importación), el empresario rentista tenderá a pagar para obtenerlos. El daño a la sociedad se generaliza, y afecta el funcionamiento del gobierno, del poder legislativo, de los jueces, etc, así como la confianza en el estado y la moral ciudadana.

Podemos citar varios ejemplos en la Colombia de hoy sobre el clientelismo empresarial o la búsqueda de rentas y de su caso extremo en el cual su otorgamiento depende de la voluntad del gobernante:

• Exenciones tributarias. El Estatuto tributario establece varios ingresos que son exentos de impuestos, y cuya inclusión en esa lista no tiene ninguna justificación. En muchos casos, esa exención está condicionada al concepto de un organismo público, pero no están claros los criterios de otorgamiento de la exención. Los ingresos generadoa en los hoteles que se remodelen o amplíen están exentos por 30 años, pero es “necesaria la certificación del Ministerio de Desarrollo”. Los originados en nuevas plantaciones forestales, deben estar “calificados” por la Corporación Autónoma Regional o la entidad competente. Los provenientes de nuevos productos medicinales y software deben tener un “alto contenido de investigación científico o tecnológico”, certificado por Colciencias o por quien haga sus veces. • Zonas Francas. Los usuarios de una zona franca pagan una tarifa del 15%, frente al 33% que paga el resto de las sociedades. Obviamente, montar una zona franca puede ser un magnífico negocio. La disminución del tributo (es decir la renta) termina repartiéndose entre el promotor (a través del mayor precio en la venta o arrendamiento de los terrenos allí ubicados) y el usuario. Y ¿quién decide la autorización de las zonas francas? La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, previo concepto de una “Comisión Intersectorial”. Esta basará su concepto (Decreto 383 de 2007) en el “impacto que genere en la región, su contribución al desarrollo de los procesos de modernización y reconversión de los sectores productivos de bienes y servicios que mejoren la competitividad e incrementen y diversifiquen la oferta”. Todo lo que tiene que hacer el promotor es convencer a la Comisión Intersectorial y a la DIAN de la bondad de su proyecto. Estos dos organismos pasaron a convertirse, en virtud de estas absurdas disposiciones, en dispensadores discrecionales de rentas. • Contratos de estabilidad jurídica. Mediante ellos, al empresario firmante no se le aplican las normas que le aumenten los impuestos (pero si las que se los disminuyan). Y ¿quién puede obtener ese envidiable seguro, de mucho valor en un país caracterizado por la inestabilidad tributaria?: un organismo público, el Comité de de Estabilidad Jurídica, es el encargado de decidir qué contribuyentes tienen derecho a este particular privilegio. Los criterios de otorgamiento y la misma redacción de los contratos dejan un amplio marco de discrecionalidad a los otorgantes • Renegociación de contratos de concesiones o de obras públicas. Los contratistas que aspiren a cambiar las reglas del juego con las cuales se ganaron una licitación, y esta vez sin enfrentarse la competencia de otros empresarios que pudieran ofertar, pueden hacer la solicitud correspondiente. Nuevamente un Comité, ésta vez de alto nivel, el CONPES, se encargará de estudiar y aprobar la solicitud. No se necesita mayor justificación para que el CONPES apruebe una renegociación.

Frente a los inconvenientes que generan el clientelismo empresarial o la búsqueda de rentas, tal parece que el actual gobierno quiere relacionarse de una manera distinta con los empresarios. Buena noticia. El papel de los gremios en este contexto será el de impulsar aquellas acciones que convengan a su interés general: reformas tributarias estructurales, racionalización del gasto público, y evitar que por hacerle favores a unos se perjudique a toda la economía. La acción gremial tendrá entonces plena legitimidad.

El presidente de la ANDI, en la entrevista con la Revista Dinero, afirma que en su acción gremial, “no va concentrarse en pedir favores a la empresa de fulano, ni para el sector de fulano”. Va a poner por delante los intereses nacionales “. Ojalá esa promesa se cumpla, ojalá que los empresarios se sometan a esas reglas del juego, y ojalá, también, que el Gobierno y el Parlamento no abran la puerta para negociaciones específicas con grupos particulares. Amén.