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domingo, 30 de octubre de 2016

Continuamos analizando la reforma tributaria: el impuesto a las bebidas azucaradas

El impuesto a las bebidas azucaradas propuesto por el gobierno puede contribuir a mejorar la salud de los colombianos, especialmente de los más pobres. Es un impuesto progresivo
 
 
Continuamos con esta entrada el análisis de algunos aspectos de la reforma tributaria que ha presentado el Gobierno a consideración del Congreso. Nos ocupamos en esta ocasión del impuesto a las bebidas azucaradas, que ocupa los artículos 196 a 201 del proyecto.  
Qué  se propone  
El gobierno está proponiendo crear un impuesto al consumo de bebidas energizantes o saborizadas  o a  cualquier bebida que contenga azúcares añadidos o edulcorantes, así como a polvos y jarabes que, al diluirse, permitan la obtención de ese tipo de bebidas. Este impuesto equivaldrá a 300 pesos por cada litro. Los edulcorantes sin aporte calórico no se consideran azúcar para los efectos del proyecto. El responsable del impuesto es el productor o importador de la bebida.  
¿Por qué es conveniente este impuesto?
Hoy es un hecho ampliamente aceptado por la comunidad científica que el excesivo consumo de azúcar está asociado con sobrepeso, hipertensión arterial, diabetes, e incluso con ciertos tipos de cáncer. Este tipo de dolencias ha aumentado su prevalencia en Colombia.  Remito al lector a la extensa literatura citada en la exposición de motivos delproyecto de ley  y a este este ilustrativo artículo de Andrés Vecino publicado en La Silla Vacía.  Además del daño que se hace así mismo el consumidor, esta situación conduce a un incremento del gasto en salud, tanto por parte del estado (recordemos que hoy existe prácticamente  cobertura universal en el Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia) como en los gastos de bolsillo de los pacientes.
El alto consumo de azúcar es entonces un típico ejemplo de lo que en economía se denomina “externalidades negativas”. Se trata de imperfecciones del mercado que se generan porque el productor o consumidor de un determinado bien ocasiona efectos nocivos al resto de la sociedad, sin que asuma esas consecuencias negativas a través del sistema de precios. En otras palabras, no paga por el daño que hace. Otro ejemplo de externalidad negativa la constituye la contaminación ambiental que producimos al conducir un automóvil (por lo cual se justifican los impuestos a la gasolina). 
Otra imperfección del mercado radica en la poca información que tienen los consumidores de productos azucarados sobre el daño que se hacen ellos mismos (ya no al resto de la sociedad), bien por ignorancia sobre la existencia de dicho daño, o bien por un comportamiento miope que lo lleva a valorar una gratificación presente (es indudable que los productos azucarados son placenteros al gusto), menospreciando el daño futuro que ello le pueda ocasionar
Frente a estas imperfecciones, es conveniente una intervención del estado para inducir cambios en el comportamiento de los ciudadanos. Para ello puede utilizar instrumentos como la educación y la publicidad sobre hábitos de vida saludable y obligar a los fabricantes a informar el contenido calórico de los alimentos. Pero también los impuestos pueden  ser útiles para dicho propósito, como lo señala un estudio de la Organización Mundial de la Salud . Si se aplica un impuesto a las bebidas azucaradas ello debe normalmente traducirse en una disminución en su consumo. Efectos sobre el efecto del impuesto en México indican que sí se ha presentado una reducción en el consumo de estas bebidas  (ver aquí)
 
¿Quién paga el impuesto?  
De acuerdo con el proyecto, el responsable legal del impuesto, como se mencionó anteriormente, es el productor o el importador de las bebidas. Pero ello no quiere decir que el impuesto lo asuman directamente ellos. Hay quienes argumentan que en la medida en que los productores trasladan ese mayor costo al consumidor, es éste quien termina asumiéndolo plenamente. Ello no es tan cierto.
Permítanme los lectores no economistas una pequeña digresión técnica sobre un tema de la teoría económica: el de la incidencia tributaria, que estudia quién termina pagando en realidad un impuesto, después de que los agentes económicos, tanto productores como consumidores, se acomodan a su existencia.
En principio un impuesto como el propuesto aumenta los costos de producir la bebida.  Si el mercado de gaseosas fuera ampliamente competitivo (por ejemplo, el mercado de la papa o de las naranjas), los productores deberían pasarle todos sus costos al consumidor. Recuérdese que la competencia normalmente conduce a que el precio de equilibrio en el mercado es aquél que cubre los costos del productor, incluido en esos costos una remuneración razonable (determinada también por el mercado) sobre el capital invertido por éste.
Si existiera un solo productor, lo que la teoría económica dice es que el precio que cobra el monopolista no es igual al costo de producción. ¿Qué precio cobrará?  El monopolista hace sus cuentas, sabiendo que un mayor precio, si bien aumenta su margen sobre los costos, puede disminuir sus ventas.  Un menor precio aumenta sus ventas, pero por definición disminuye sus utilidades por unidad vendida. Teniendo en cuenta estos dos efectos, el monopolista establece un precio que “maximice sus utilidades”. Ese precio es normalmente superior al que se obtiene en condiciones de competencia.
Esta diferencia entre el precio del monopolista y el precio del mercado da lugar a una utilidad extraordinaria para el productor. En términos estrictos, el monopolista está cobrando una suma superior a sus costos de producción y a su utilidad razonable. En otros términos obtiene una utilidad que no está justificada por el valor que su producto le genere a la sociedad. Por ello los monopolios son inconvenientes. Es lo que justifica que el estado deba evitar que ellos se presenten, bien impidiendo aquellas fusiones o adquisiciones que concentren la producción en unos pocos agentes,  o bien, cuando es inevitable que exista un monopolio, como en el caso de los servicios de acueducto, alcantarillado, o distribución de energía eléctrica, estableciendo tarifas máximas que simulen las condiciones de competencia (así lo establecen las Leyes 142 y 143 de 1993  que regulan los servicios públicos en Colombia).   
El mercado de gaseosas en Colombia está lejos de ser un mercado de competencia perfecta. Por razones históricas que será conveniente estudiar, el estado no intervino para impedir las fusiones que se presentaron desde los años 60 del siglo pasado, que llevaron a la desaparición de muchos productores, especialmente regionales.  Quedaron solo dos grandes productores.  
 
En el caso de un oligopolio (pocos productores), que es como se denomina esta situación, tal vez no sea posible lograr el precio del monopolio, a no ser que los productores armen un cartel (como los que han sido descubiertos en el caso de los pañales, de los cuadernos y del papel higiénico) mediante el cual se comprometen a no competir y a pedir el precio óptimo para ellos, que sería el precio que podría cobrar un monopolio. No existen hoy en día en la ciencia de la economía modelos que expliquen satisfactoriamente el comportamiento de los precios en condiciones de oligopolio. Todo lo que ha podido establecerse es que normalmente estos precios son superiores al que existiría en condiciones de competencia perfecta, pero inferiores al que cobraría un monopolista. Sigue habiendo un ingreso extraordinario para los oligopolistas.
Dado lo anterior, si se decreta un impuesto a las gaseosas, ¿Quién paga el impuesto, el productor o el consumidor? Un traslado total del impuesto puede no convenirles a los productores. La cantidad vendida disminuiría (el mayor precio disminuye la demanda por gaseosas) y esas menores ventas le pueden llevar a hacer nuevamente sus cálculos para saber cuál es el precio que maximice sus ganancias. Debe pesar muy bien cuál es el nuevo precio que se va a cobrar, para tratar de evitar ese efecto.  En un caso de estudio realizado en la ciudad de Berkeley en California, se pudo establecer que los productores pasaron solo el 43,5% del impuesto a los consumidores. El otro 57% fue asumido por ellos, es decir, se disminuyó en algo la renta del oligopolio. Obviamente, los resultados obtenidos en cada país pueden diferir, según la estructura de mercado de las bebidas, y de la respuesta de los consumidores sobre la demanda.
¿Si sube el precio, baja el consumo?

Existe evidencia internacional de que los cambios en los precios de las bebidas azucaradas inciden en el comportamiento del consumidor. En el caso de México un estudio encontró que por cada 10% que subiera su precio, la demanda podría disminuir entre 10,6% y 11,6%. También encontró que esa reducción fue más grande en los hogares de bajos ingresos.
Vale la pena mencionar que ese incremento en el precio que pagan los consumidores es lo que incide favorablemente en la salud. Recordemos que este impuesto no tiene como propósito único recoger dinero para el estado. Busca sobre todo incidir favorablemente en el comportamiento de los consumidores, para que se pasen a una dieta más saludable. En un caso extremo, un impuesto se traduciría en un cambio total en los hábitos de consumo hacia productos bajos en azúcar (agua embotellada por ejemplo, o agua potable de una pileta pública). El recaudo sería del impuesto sería de cero. Se habrá logrado el resultado óptimo.
¿Es un impuesto regresivo? Como se señaló anteriormente, la literatura indica que son los consumidores de ingresos más bajos quienes responden más a un incremento en los precios. Pero el efecto del impuesto es necesario analizarlo de una manera integral. El proyecto de reforma tributaria contempla que los recursos así recaudados se orientarán a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Como es ampliamente conocido, y como lo hemos señalado repetidamente en este blogel crecimiento exagerado en los gastos en salud está amenazando la sostenibilidad de este sistema. En caso de una desaparición del mismo sistema o una implosión del mismo hacia un alto racionamiento en los servicios , son los pobres los que resultarían más afectados. No hay duda, por lo tanto, que, visto integralmente el efecto de este impuesto, tiene un carácter progresivo.
Objeciones
En la discusión sobre los efectos de los impuestos se han planteado dos objeciones: o bien no se logra ninguna reducción en el consumo, o bien, que no se recoge dinero. ¿No se han dado cuenta quienes esto argumentan que es imposible que se cumplan estas dos condiciones? Si no se recoge el dinero, es porque se logró un efecto positivo en los hábitos de comida saludable de los consumidores. Si se recoge algo de recaudo, no se logró plenamente el efecto buscado, pero, como premio de consolación, la sociedad habrá recogido un dinero que se puede destinar a pagar las consecuencias negativas de ese consumo.
Estrategias adicionales
En fin, es necesario señalar que el impuesto no puede ser el único instrumento en la búsqueda de hábitos de vida saludable en la población colombiana. Son necesarias campañas de educación sobre la nutrición adecuada y sobre la necesidad del ejercicio. El estado puede proveer alternativas de consumo alternativo, por ejemplo, mediante la obligación de que existan pilas de agua potable en colegios, universidades y empresas
Una observación: el proyecto del gobierno propone un impuesto de $300 pesos. Con el paso del tiempo, la inflación normal puede llevar a que pierda peso del valor del producto.  Debería establecerse que el impuesto se definiera, como se hace en otros artículos del Estatuto Tributario, en Unidades de Valor Tributario. El articulo podría decir entonces que el valor del impuesto es equivalente al 1,1% de la UVT

sábado, 22 de octubre de 2016

Empezando a analizar la propuesta de reforma tributaria. El tratamiento a los ingresos de capital.


La propuesta presentada por el gobierno en el tratamiento de las rentas de capital es progresiva.  Hizo caso a algunas recomendaciones de la Comisión de Expertos, pero no siempre. Es un avance.
Después de varias semanas de expectativa, el gobierno nacional radicó esta semana el proyecto de reforma tributaria en el Congreso 

Se trata de un documento extenso, de 311 artículos, cuyo estudio no es fácil, aún para los entendidos en temas tributarios, puesto que aborda modificaciones importantes tanto en los impuestos directos e indirectos de orden nacional y territorial; propone impuestos para promover hábitos saludables (a bebidas azucaradas y al consumo de tabaco) , y un impuesto a la emisión de carbono en los combustibles fósiles; regula la situación tributaria de las organizaciones  constituidas sin ánimo de lucro, e introduce cambios importantes en el procedimiento tributario destinados a combatir la evasión.  
Se trata, indudablemente de una reforma “estructural” como reza el título del proyecto, y como lo habían solicitado medios académicos, organizaciones internacionales, y calificadoras de riesgo. El proyecto se apoyó en buena medida en las recomendaciones del Comité de Expertos
 
Vamos a destinar las próximas entradas e este blog a analizar algunas de las propuestas. Comenzaremos hoy con el impuesto a la rentas de capital, en el cual se proponen modificaciones importantes.
Tratamiento “cedular” de los diferentes ingresos de las personas naturales.

Recordemos que la reforma tributaria de 2012 había introducido una extraña clasificación de las personas naturales para efectos tributarios. Las dividía en "Empleados"  y en “Trabajadores por Cuenta Propia”. Dejó por fuera de esta clasificación a los rentistas de capital y las personas que no estén agrupadas en ninguna de las anteriores categorías. En la propuesta inicial de dicha reforma, se le aplicaba el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) a todas las personas naturales, incluidos los trabajadores por cuenta propia y los rentistas de capital. Esta propuesta tenía como propósito poner un límite a las deducciones utilizadas para disminuir la renta gravable, deducciones que favorecen en la práctica a las personas de ingresos más altos. Pues bien, el Congreso, en su sabiduría, determinó que este sistema “presuntivo y obligatorio” de determinación de la base gravable solo debía ser aplicable para los empleados, definidos estos como aquellos que recibirían un 80% o más de su ingreso por la prestación de servicios por cuenta y riesgo del empleador o contratante. No se aplicaría el IMAN para los rentistas de capital ni a los asalariados o contratistas con ingresos complementarios superiores al 20% de sus ingresos totales. Esta disposición generó inequidad en contra de los empleados, como lo señalamos en su oportunidad.
Es positivo que el proyecto de ley sustituya esa clasificación de personas, para sustituirlo por un sistema “cedular”, en el cual las diferentes categorías de ingresos: trabajo, pensiones, de capital, no laborales, y dividendos y participaciones, tienen cada una su propio sistema de depuración, de tal manera que las exenciones y deducciones de cada cédula no puedan ser objeto de reconocimiento simultáneo ni generen doble beneficio. Esto es una medida progresiva, en la medida en que cierra un canal de elusión para contribuyentes de altos ingresos.
La Comisión de Expertos había recomendado elevar el monto de la renta presuntiva (lo mínimo que debe rentar un patrimonio líquido en un año) del 3% al 4%. Esta recomendación la acoge el Gobierno. Sigue siendo baja, pero constituye un elemento progresivo
La tributación al capital y el impuesto corporativo
En la medida en que los dueños de las empresas (o en general, de las personas jurídicas) son, en ultimas, personas naturales, es claro que un impuesto a las empresas lo terminan pagando las personas. Surge un problema técnico: ¿en cabeza de quién es mejor cobrar el impuesto, en  las empresas o en las personas?  La respuesta no es indiferente, desde el punto tanto de la eficiencia económica como de la equidad.
Existen  razones de eficiencia administrativa para gravar el ingreso generado en las empresas.  En primer lugar, la gran mayoría del ingreso generado en una economía moderna se realiza por medios empresariales. Por ejemplo, un 49 % del PIB colombiano del año 2014 se originó en las empresas, tanto financieras como no financieras. Por otra parte, es mucho más fácil para la autoridad tributaria hacer seguimiento a las transacciones empresariales que a las personales. Es lo que justifica que las empresas son utilizadas como instrumentos de retención de los ingresos recibidos por otros agentes económicos (retención en la fuente para empleados y contratistas, tanto para el impuesto de renta como para el IVA y el ICA).
La gran desventaja de un sistema, como el colombiano, que se apoye de manera preferencial en el impuesto corporativo, tiene que ver con la imposibilidad de conseguir por este mecanismo objetivos de progresividad tributaria. Puesto que los accionistas de las empresas pueden ser personas de diferentes ingresos, la tasa corporativa uniforme   impide que la tasa que resulten pagando las personas tenga una relación directa con los ingresos, condición fundamental para que se pueda hablar de progresividad.
El sistema colombiano se adoptó en 1986 (Ley 75 de dicho año), cuando, en aras de eliminar la supuesta “doble tributación”, se determinó que las empresas serían las que pagarían impuestos, y quedaron por lo tanto exentos los dividendos. El impuesto corporativo quedó en ese momento en el 30%. En ese mismo nivel se estableció la tarifa marginal máxima que pagarían las personas naturales. Antes de dicha Ley, la tasa marginal a que estaba expuesta una persona en el tramo superior, es decir, que ganara más de $525 millones de pesos ($17000 millones de hoy en día, según mis cuentas), era de 49%, mientras que con el nuevo sistema pasaba a tributar solo un 30%. En la medida en que los accionistas de las empresas son personas situados en los tramos superiores de ingresos, esta reforma tuvo consecuencias claramente regresivas.
A lo anterior se añade que en sucesivas reformas tributarias se han ido estableciendo tratamientos privilegiados a ciertas actividades económicas, tales como exenciones a la renta gravable, deducciones que no tienen ninguna relación con la actividad generadora de renta, deducciones a inversiones (para eso se supone que existe la depreciación) y tarifas discriminatorias más bajas para ciertas empresas (como la de las empresas situadas en zonas francas). Muchos de estos tratamientos diferenciales fueron reforzados mediante los contratos de estabilidad jurídica (CEJ), autorizados por la Ley 963 de 2005, que tenían como propósito garantizar a los inversionistas que los suscribieran la estabilidad de las normas tributarias que hubieran sido identificados por ellos como determinantes de la inversión. La reforma tributaria de 2012 (Ley 1607) derogó la autorización al gobierno para firmar nuevos CEJ. Sin embargo, quedaron firmados 66 contratos, que en la práctica se traducen en un régimen tributario diferente para cada una de las empresas firmantes, aumentando la complejidad del sistema administrativo, y violando el principio de equidad tributaria.
La consecuencia de lo anterior ha sido la de profundizar las inequidades del sistema tributario. Utilizando la información financiera proporcionada por las empresas a las superintendencias de sociedades y financiera, se encuentra que las tarifas efectivas pagadas (monto de impuesto a la renta y CREE  dividido por las utilidades contables) pueden ir desde 0% hasta el 100%. Solo una tercera parte de las empresas paga una tarifa que esté entre el 30% y el 40%. 6% de las empresas pagan entre el 0% y el 10%. Es posible deducir que los principios de equidad y progresividad difícilmente pueden cumplirse con este tipo de estructura tributaria empresarial.
 Qué propone el proyecto
El proyecto de reforma tributaria plantea varias reformas al impuesto a la renta a pagar por las personas jurídicas. En primer lugar, propone la eliminación del CREE y  que la tarifa general aplicable a las personas jurídicas sea del 32%, lo cual es una disminución frente a la existente hoy, que es del 34% (25% renta y 9% CREE). Recuérdese que esta tarifa combinada puede llegar temporalmente (hasta el 2018), hasta el  43% para las empresas más grandes,  en virtud de la sobretasa al CREE creada en la reforma de 2014 (Ley 1739). Es indudable que una empresa que no haya logrado exenciones, deducciones injustificadas, y descuentos tributarios, termina pagando una carga excesiva con relación a las utilidades contables.
Pero, además de lo anterior, los dividendos recibidos por los accionistas personas naturales sí estarán gravados a una tarifa marginal que puede ser del 10% por encima de las 600 Unidades de Valoración Tributaria (UVT), es decir, $16 millones.  Vale la pena señalar que la comisión de expertos había propuesto un sistema más progresivo:  los dividendos recibidos entrarían a formar parte del ingreso total de la persona natural, y se le aplicaría a la totalidad de esos ingresos la tasa marginal correspondiente (en la propuesta de la comisión no existían las cédulas independientes por categoría de ingreso). En la medida en que las empresas ya habían pagado un impuesto, la persona podría contabilizar un descuento tributario del 20% de su impuesto calculado. Para las personas de altos ingresos, que tuvieran una tasa marginal de 35%, ello significaría una tasa sobre los dividendos del 15%.  
Por otra parte, la propuesta elimina, positivamente en mi opinión, muchas de las rentas exentas existente hoy en día, como las contempladas en el artículo 207-2 del ET:  prestación de servicios de transporte fluvial en embarcaciones de bajo calado, los servicios de ecoturismo, el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, nuevos productos medicinales y software, elaborados en Colombia y calificados por Colciencias, y la prestación de servicios de sísmica para el sector de hidrocarburos.
 En cuanto a tarifas diferenciales, a pesar de la recomendación de la Comisión de Expertos, se mantiene la de las empresas usuarias de zonas francas, que será de ahora en adelante inferior en 10 puntos a la tarifa general corporativa. Sigo pensando que no tiene ninguna justificación ese tratamiento privilegiado.
 
La ley 788 de 2002 había creado también una exención total durante 30 años a los ingresos provenientes de hoteles que se construyeran o se remodelaran dentro de los 15 años siguientes. El gobierno está proponiendo que a partir de 2017 estas empresas paguen un 9%, que es equivalente al antiguo CREE, que como se recuerda, sustituyó la contribución patronal a salud, ICBF y SENA. Sigue existiendo un injustificado privilegio para la industria hotelera.  
Las empresas editoriales también están hoy en día exentas de impuesto a la renta, pero no del CREE. Recuérdese que el CREE se estableció para compensar la eliminación de las cuotas del empleador para Salud, Sena e ICBF correspondiente a los salarios inferiores a 10 salarios mínimos. De aprobarse la reforma as empresas editoriales con base gravable de hasta 33610 UVT  ($950 millones) pagarán el 9% de renta. Los ingresos que superen esa suma pagarán la tarifa general del impuesto a la renta.  
En conclusión, si bien el gobierno no acogió íntegramente las recomendaciones de la Comisión de Expertos, es cierto que está proponiendo reformas importantes en el sistema de impuesto a las rentas de capital, que constituyen un paso hacia la progresividad.  Desafortunadamente, seguirán existiendo algunos privilegios tributarios injustificados. Pero, en general, es un avance importante en la racionalización de nuestro sistema tributario.  Solo resta esperar que los sectores afectados no tengan éxito en su actividad de lobby ante el Congreso, para defender las gabelas tributarias que el proyecto quiere desmontar. La opinión pública estará pendiente de la manera en que actúen nuestros congresistas.  

Corrección: En una versión anterior de esta entrada, mencioné que el proyecto de reforma buscaba eliminar la exención contemplada en el artículo 46 del ET, consistente en que para el ganadero, el valor de los terneros nacidos y enajenados en el mismo año gravable no constituye ingreso gravable. En realidad, como me hizo caer en cuenta el lector Andrés Castro Araujo, esta exención fue había sido eliminada por la Ley 863 de 2003. El texto del Estatuto Tributario que yo tengo no tenía, desafortunadamente, esa actualización. 

 

lunes, 3 de octubre de 2016

Porqué vote SI el domingo. ¿Qué sigue ahora?



Para decidir mi voto del domingo, yo me tomé el trabajo de leer las 297 páginas del acuerdo. Lo fui leyendo en la medida en que iban saliendo los textos parciales, y por eso, cuando salió el texto final, era poco lo que me faltaba. Estoy de acuerdo con muchos en que es un documento pesado, aburrido de leer, con mucha palabrería inútil, y con ese lenguaje supuestamente incluyente que lo hace más difícil de digerir. Pero lo estudié con un criterio: si yo estuviera en los zapat...os de un negociador del gobierno colombiano, ¿cuáles punto rechazaría definitivamente por violentar mis principios? Y tengo que ser claro, no encontré ninguno. 
 
Hubo algunos otros puntos con los que yo no estaba de acuerdo. Sin embargo, me preguntaba: ¿lo rechazaría completamente, sabiendo que la paz de Colombia estaba en juego? Tampoco encontré ninguno que me pusiera en ese dilema.

Tampoco me opondría a los párrafos pesados, al lenguaje falsamente incluyente, etc, sabiendo que para mi contraparte en la negociación eso era muy importante. No podía caer en aquella situación de la que hablaba el poeta Guillermo Valencia “sacrificar un mundo para pulir un verso”.

Por las razones anteriores, yo voté por el sí. Y lo hice realmente esperanzado.

¿Qué sigue? Yo realmente creí que el presidente presentaría su renuncia, como lo hizo De Gaulle en 1969 cuando perdió un plebiscito sobre una reforma constitucional en Francia. Germán Vargas Lleras, cuyo apoyo al Si fue absolutamente tibio, tendría la autoridad para, con un nuevo equipo negociador, compuesto únicamente por delegados de las fuerzas políticas que impulsaron el no, lograr ese mejor acuerdo que nos prometieron.

Bueno, Santos no renunció (al menos no todavía). Creo sinceramente que lo hizo pensando en la estabilidad del país. Pero de todas maneras, la responsabilidad de reencauzar las negociaciones le corresponde a los promotores del NO. El nuevo equipo negociador debe ser nombrado por Uribe, Pastrana, Ordóñez, etc. Tiene el inmenso reto de sacar un nuevo acuerdo, y de sacarlo rápido.
 
Ahora bien, si actúan, como dice el refrán, sin rajar ni prestar el hacha, es decir sin gobernar ni dejar gobernar, nos habrán demostrado que lo único que les interesa es estar bien posicionados para el 2018, y montarse sobre la crisis política y económica que toda esta incertidumbre habrá ocasionado para ganar el poder en ese año. Recordemos que la diferencia entre un estadista y un político es que al primero le interesa la próxima generación y al segundo la próxima elección. Ojalá los del No nos demuestren que son estadistas