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viernes, 9 de junio de 2017

Obamacare o Ley 100, ¿cuál escogería usted?


Una muy breve comparación entre la reforma de salud impulsada por el ex-presidente Obama y la Ley colombiana. Algunas sorpresas
 
Uno de los principales puntos de campaña de Trump consistió en que iba a acabar con la reforma al sistema de salud impulsado por el presidente Obama, conocido como Obamacare.  Los dirigentes republicanos están en el mismo plan desde hace varios años. Quieren desmantelarlo. De hecho, ya han aprobado en la Cámara una reforma que, de ser confirmada en el Senado,  va a tener la consecuencia, según la oficina de Presupuesto del Congreso, de privar del aseguramiento a 14 millones de personas
En Colombia también tenemos, desde 1993, 17 años antes que el Obamacare, un sistema de aseguramiento en salud que buscó darle cobertura universal a todos los colombianos. También este sistema tiene enemigos: algunas organizaciones de médicos y hospitales, muchos columnistas, y la izquierda. Todos ellos quisieran que se acabara. 
 
Ambos sistemas están basados en la participación de aseguradores, que se encargan de recoger las contribuciones y de contratar con los proveedores los servicios. Ambos sistemas buscan el aseguramiento universal. En ambos países, antes de estas leyes,  existía una amplia proporción de la población no asegurada, puesto que esa protección  estaba ligada fundamentalmente a la relación formal laboral. 
En ambos países también existe la obligación de asegurarse.  Esta es una condición importante para la sostenibilidad del sistema, pues evita el conocido fenómeno de “selección adversa” que llevaría a que solo los enfermos o los que tengan más posibilidades de enfermarse se aseguren, haciendo subir el valor de las primas y espantando a los pacientes más sanos (especialmente los jóvenes).
Por otra parte, en ambos sistemas está prohibido que una aseguradora rechace afiliados. En el Obamacare, el sistema prohíbe que se cobre una prima adicional  por razones de preexistencia. Permite una prima adicional para los más ancianos.
Financiación. El monto de la contribución al sistema depende en Colombia de los ingresos.  8,5% para empleados con menos de 10 salarios mínimos y 12,5% para aquellos que ganen más de 10 salarios mínimos (4,5% lo paga en estos casos el empleador). En el caso de los afiliados al régimen subsidiado, el valor de la contribución lo paga el Estado.  En Estados Unidos el Medicaid asegura a las personas que ganen hasta el 133% de la línea de pobreza (la línea de pobreza está en US$ 24000 para una familia de 4 personas) Ver aquí.
 De allí en adelante, existe un subsidio para quienes ganen entre 133% y 400% de la línea de pobreza (US$97000 para la familia de 4 personas) , subsidio que va disminuyendo a medida que aumentan los ingresos..
Valor de la “prima de seguros”. En Estados Unidos existe un mercado libre para determinar el valor de la prima. Se supone que la competencia entre varios aseguradores debe ser la encargada de mantener a raya a los aseguradores. Cada Estado debe facilitar un sitio de transacción (exchange) , en el cual los aseguradores deben ofrecer las condiciones de cubrimiento, el valor de las primas y los deducibles a aplicar.
En Colombia el valor de la prima de seguros es fijado por el gobierno. Corresponde a la Unidad de Pago por Capitación, que hoy en día es de $746 mil pesos en promedio para el afiliado del régimen contributivo y de $667 mil para el subsidiado.  
Deducibles. El sistema de USA permite que los aseguradores ofrezcan planes con diversos montos de deducibles, es decir, montos que el paciente debe pagar cuando se enferma. Obviamente, entre menor el valor del deducible, mayor será el monto de la prima. Aproximadamente el 51% de los afiliados tenía deducibles de al menos US$1000 (ver aquí)
En cuanto a cobertura, el Plan de beneficios efectivo en Colombia es bastante amplio, comparado no solamente con los Estados Unidos, sino con otros sistemas de protección en salud, aún en países desarrollados. En un primer momento la ampliación del plan de beneficios (llamado en su momento POS) se logró a partir de tutelas y posteriormente a través de Comités Técnicos Científicos. A partir de la expedición de la Ley Estatutaria en Salud, se amplío significativamente el cubrimiento automático (es decir, no hay necesidad de autorizaciones previas posteriores a la formulación por parte del médico).  Dentro del plan de beneficios, lo que no es pagado por las aseguradoras (EPS), es pagado por el Estado (gobierno nacional o territorial) a través del sistema de recobros.
En comparación, el Plan de Beneficios en el sistema Obamacare es bastante modesto. Cubre los “beneficios esenciales en salud”, tales como la atención ambulatoria, los servicios de emergencia, la hospitalización, la maternidad y el cuidado de la salud, la salud mental y los servicios ligados a desórdenes por uso de drogas. Excluye explícitamente:
-          Los tratamientos contra la obesidad, salvo casos excepcionales. En Colombia un procedimiento como la cirugía bariátrica está incluido en el plan de beneficios. La ley 1355 de 1999 estableció la obesidad como una prioridad de salud pública.
-          Tratamientos de medicina alternativa, como acupuntura y medicina homeopática (salvo en cinco estados, la primera). En Colombia, la Corte Constitucional estableció que deben proporcionarse estos tratamientos alternativos, salvo que se demuestre científicamente su no utilidad. No son los acupunturistas o los homeópatas los que deben mostrar la utilidad de su procedimiento, es el Estado el que debe demostrar que no sirve. Este principio quedó consagrado en el estudio que hizo la Corte sobre la Ley Estatutaria en Salud, como tuvimos oportunidad de comentarlo en esta entrada del blog.  
 
Tratamientos de largo plazo no están incluidos. El que quiera comprarlo lo hace por su cuenta 
 
Los republicanos acusan al Obamacare de ser un instrumento socialista, enemigo de la libre empresa y de las libertades ciudadanas. Un sistema mucho más progresista  en términos de su financiamiento  y mucho más generoso en términos de su cubrimiento, es acusado en Colombia por amplios sectores de ser un modelo neo-liberal  y privatizante.  ¿No nos dice esto algo sobre la calidad del debate político en nuestros país?

domingo, 26 de marzo de 2017

Examinando ahora las cifras de la balanza de pagos y su relación con las cuentas nacionales.


Disminuyó el déficit en la cuenta corriente, especialmente por la caída en las importaciones. El ajuste se tradujo en una caída en la inversión privada. Cayó el ingreso nacional per cápita

 

 
Acaban de ser publicadas por el Banco de la República las cifras de la balanza de pagos de Colombia correspondientes al año anterior. Vale la pena recordar que allí se registra  el resultado de las transacciones de residentes en Colombia con el resto del mundo. El déficit en la cuenta corriente equivale entonces a la diferencia entre los gastos que hacemos todos entre todos (personas, empresas y gobierno) y los ingresos que recibimos. Dicho déficit fue en el 2016 de US$12 mil millones, equivalente a un 4,4% del PIB.  El año anterior había sido de US$19 mil millones, 6,5% del PIB, cifra la más alta que se ha obtenido desde que existe este tipo de registro en el país.  
 
La cifra de déficit del año 2015 era insostenible. No es posible que el resto del mundo nos financie de manera permanente estos montos a través de endeudamiento o de inversión extranjera. Debemos disminuir nuestro nivel de gasto y/o aumentar nuestros ingresos. Una de las maneras en que nos vemos forzados al ajuste es a través de la devaluación. Esta nos debe forzar a gastar menos en productos importados (que ahora son más caros), y se suponía que podría traducirse en un aumento de nuestras exportaciones, al disminuir el precio en dólares de los bienes y servicios producidos en el país.
Sin embargo, el total de exportaciones disminuyó en el 2016 en un 13%. En el sector minero que, incluye especialmente petróleo y carbón dicha disminución fue del 28%, especialmente por los malos precios que se registraron en el petróleo en el primer trimestre del año anterior (recuérdese que en febrero el precio del barril fue en promedio de US$30). Pero las otras exportaciones no tuvieron ninguna reacción favorable: prácticamente se mantuvieron en su valor.
El peso del ajuste recayó especialmente en las importaciones, que cayeron en un 14%. En primer lugar, como se mencionó anteriormente, eran más caras: la tasa de cambio promedio fue en el 2016 un 11% más alta que en el 2015 y un 53% más que en el 2014.   Normalmente ello debe traducirse en que tanto los consumidores como las empresas deban apretarse el cinturón en su volumen de gastos. El consumo de los hogares en términos reales creció en la misma proporción del PIB, pero la formación bruta de capital fijo, es decir, el monto de inversión que hace la economía para ampliar su capacidad productiva en activos fijos, cayó, también en términos reales, en un 3,6%. Los únicos componentes de este renglón que crecieron fueron las edificaciones y las obras civiles. El componente que está más ligado con el crecimiento futuro de la actividad privada, el gasto en maquinaria y equipo, cayó en un 15%.
Esta situación no es sostenible hacia el futuro. El crecimiento de la economía dependerá de que se aumente la productividad de la economía, para lo cual es fundamental que el trabajador colombiano promedio disponga de más capital, bajo la forma de maquinaria, equipos tecnológicos, infraestructura, etc. Hacia el futuro, para tener unas tasas satisfactorias de crecimiento, es indispensable que aumente la inversión, tanto de capital nacional como extranjero.
Cálculo del ingreso nacional
Un dato que desafortunadamente no publica el DANE, pero que es indispensable para la evaluación de la coyuntura, es el Ingreso Nacional, que  mide el poder de compra de los ingresos que por cualquier naturaleza reciban las personas residentes en el país. Como lo señalamos el año anterior, cuando calculamos el del 2015, no tiene por qué coincidir con el PIB, por varias razones:
-        En primer lugar, una parte del PIB corresponde a ingresos, no de personas residentes en el Colombia, sino en otro país. Es el caso de las utilidades de las empresas extranjeras. También de los intereses que es necesario girar por concepto de la deuda externa, sea privada o pública. Esto se compensa con la utilidades o intereses recibidos desde el exterior, pero como puede imaginarse el lector, el monto pagado es en Colombia bastante superior al recibido. Del PIB es necesario entonces restar los “ingresos netos de factores del exterior (pagados menos recibidos)”. En el año 2016, por ejemplo, estos ingresos netos fueron negativos en US$4900 millones. Se restan del PIB.
-        Por otra parte, las personas residentes en Colombia recibimos transferencias del resto del mundo. En su gran mayoría, corresponden a las remesas de los colombianos que trabajan en el exterior. El monto neto recibido el año pasado por este concepto fue de US$5600 millones. Se suman al PIB.  
-        Para calcular el ingreso en términos de capacidad adquisitiva, es necesario tener en cuenta que los precios de los productos que exportamos o que importamos cambian. Por ejemplo, el año pasado los precios de nuestros productos exportados (especialmente petróleo y otros minerales) cayeron en un 12%, Más o menos lo mismo cayeron los precios de los importados.  Sin embargo, desde el 2013 se ha producido un deterioro en los términos de intercambio de un 32%, que es como se llama la relación de precios entre productos exportados e importados.   
Como resultado de los tres factores mencionados, el ingreso nacional real disponible, en lugar de aumentar el 2% como lo hizo el PIB, permaneció al mismo nivel del año anterior. Dado el incremento en la población calculado por el DANE, nuestro ingreso nacional per cápita cayó en un 1,1%. Desde el 2013, como puede apreciarse en el gráfico adjunto, ha caído en un 3,1%. Es el monto en que nos hemos empobrecido.  
 

 
Para que no tengamos otro año igual en el 2017 necesitaremos que la economía mundial y por lo tanto la demanda sobre nuestros productos exportados mejore, que los empresarios y los hogares aumenten sus niveles de confianza y se decidan a consumir y a invertir, para lo cual puede contribuir la reducción de las tasas de interés decretada por el Banco de la República, y en fin, que la inversión pública en infraestructura no resulte demasiado afectada por los recientes escándalos de corrupción. Crucemos los dedos.  



domingo, 5 de marzo de 2017

Las cifras de crecimiento del PIB: algunas curiosidades


Al analizar las cifras sobre el Producto Interno Colombiano informados por el DANE recientemente, se pueden hacer análisis interesantes. Comparto algunos cálculos iniciales.
Acaban de ser publicadas por el DANE las cifras del Producto Interno Bruto correspondientes al año anterior. A pesar de todo el consenso que existe sobre las limitaciones de esta información, en el sentido de que el bienestar de los habitantes de un país no se puede medir exclusivamente por su actividad productiva, las cifras sobre el tamaño de la economía y sobre su crecimiento siguen siendo importantes. Para decirlo en términos de nuestro famoso campeón Pambelé, continúa siendo mejor ser rico que pobre.
El crecimiento del año anterior fue solo del 1,96%, que se aproxima decimalmente al 2%, y que es el se reportó a los medios de comunicación. Hay que recordar que, en la medida en que con el transcurso de los meses se mejora la información estadística recogida por el DANE, se corrigen las cifras de los períodos anteriores.  Llamo la atención sobre el hecho de que la cifra hoy reportada para el año 2015 es inferior a la que se había informado en marzo de 2016; el  PIB inicialmente reportado para ese año era de 531,3 billones (pesos  constantes del año 2005).  Ahora el DANE nos informa que el dato del 2015 es de 532,2 billones. Podríamos pensar que esa diferencia de 100 mil millones no tiene ninguna relevancia. Sin embargo, con estos nuevos datos el crecimiento del año 2015 hubiera sido del 2,9 (con relación a la cifra que en ese momento se había informado sobre el 2014) y no del 3,1%.  Por otra parte, si el dato de 2015 se hubiera mantenido, el crecimiento del 2016 no hubiera sido del 2% como informó el DANE, sino del 1,9%. Esta oportuna corrección de las cifras del año 2015 sirvió para lograr que las barreras sicológicas del 3% para el año 2015 y del 2% para el 2016 se superaran.  
El crecimiento anual promedio del PIB desde el 2010 ha sido del 4,1%. Como la población, según las proyecciones del DANE, ha crecido en un 1,15% anual , el PIB per cápita ha crecido solo en un  3%. Con esa tasa tomará 23 años duplicar el ingreso promedio de los residentes en Colombia derivado de actividades productivas (que es lo que mide el PIB per cápita).
¿Cómo nos comparamos en el tamaño de la economía, en el crecimiento y en el PIB per cápita con otros países? No hay otra solución que traducir el PIB de todos los países a una moneda común, como el dólar. Esto expone la medición a las fluctuaciones en las tasas de cambio, pero con todo ello, encontramos informaciones interesantes. Nuestro PIB en dólares (utilizando las tasas promedio de cada año informadas por el Banco de la República) ha caído en un 26% desde 2013 al pasar de 380 mil millones en el 2013 hasta 282 mil millones en el 2016. Esto es consecuencia de la devaluación del peso colombiano en un 63% entre esos dos años.
Como explicamos en otra entradala devaluación constituye el mecanismo de ajuste que nos debe llevar a corregir el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que llegó a un nivel sin precedentes del 6,5% en el año 2015, como consecuencia de la caída en los precios del petróleo.  Para los tres primeros trimestres del 2016 (solo hay información de la balanza de pagos hasta septiembre), ese déficit fue del 4,6% del PIB. El ajuste está funcionando. Los mediocres resultados de crecimiento económico son consecuencia precisamente de esto. Era necesario que el gasto total de la economía bajara, y con ello la demanda interna por bienes y servicios.   
Como consecuencia de lo anterior, el PIB per cápita en dólares corrientes cayó de US$8068 en 2010 a US$5800 en el 2016, una caída del 28%.  ¿Cómo nos comparamos internacionalmente? La tabla siguiente muestra algunos de los datos registrados para el año 2015, a partir de la base de datos del Banco Mundial (no han sido aún publicados los datos del 2016). Como se puede apreciar, el PIB per cápita de Colombia (medido a las tasas de cambio de mercado) es un noveno del de Estados Unidos, la sexta parte de Francia, la cuarta parte de España, y la mitad del de Chile. El de China es superior al nuestro en un 31%.
 
Fuente: Elaborado con cifras del Banco Mundial
Pero es necesario hacer una corrección. Es obvio que un dólar tiene una capacidad adquisitiva mayor en Colombia que en Estados Unidos. Habrá productos que son más caros en Colombia (por ejemplo, automóviles o productos de tecnología) pero otros que son más baratos (servicios personales como plomería o peluquería, la gran mayoría de alimentos, entre otros). Para tener en cuenta el ingreso real promedio debemos ajustar las cifras nominales para tener en cuenta las diferencias en la capacidad adquisitiva. A este cifra se le denomina PIB per cápita medido por paridad del poder de compra (PPP por sus siglas en inglés). Son las cifras que aparecen en la tercera columna del cuadro anexo. Según el Banco Mundial, que es la entidad que calcula estas cifras, la capacidad adquisitiva de un dólar en Colombia, en al año 2015 era 2,3 veces la de ese dólar en Estados Unidos. Es decir, el PIB per capita en Colombia medido por su capacidad adquisitiva para hacerlo comparable con el Estados Unidos fue para ese año de US$13.800. Las comparaciones anteriores con otros países habrá que matizarlas (ver tercera columna del cuadro anexo): el PIB per capita medido de esta manera fue la cuarta parte del de Estados Unidos, la tercera parte del de Francia, el 40% del de España, el 60% del de Chile. Con relación a China somos casi iguales.  
Si aplicamos la tasa de crecimiento del PIB real per cápita lograda desde el 2010 (3%) y suponemos constante esa tasa en el futuro, necesitaremos 47 años para iguales la cifra que hoy tiene Estados Unidos, 35 años en el caso de Francia o de España, y 16 años en el de Chile. Tenemos unas tareas difíciles por delante.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

domingo, 15 de enero de 2017

Lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma tributaria. II- El nuevo régimen de impuesto a la renta


El régimen de impuesto a la renta establecido en esta reforma tributaria ha sido un paso atrás desde el punto de la eficiencia, de la neutralidad y de la distribución progresiva de ingresos.
El impuesto a las personas naturales
Existe consenso que en Colombia, y ello lo recordó el Informe Final de la Comisión de Expertos, el sistema tributario poco contribuye a la redistribución del ingreso.  El principio de progresividad implica que la tarifa aumente en la medida en que aumenten los ingresos de las personas naturales. Si bien, como lo señalábamos en una entrada anterior el impuesto a las empresas es un instrumento de recaudo del correspondiente a las personas naturales, puesto que afecta el patrimonio de éstas, desde el punto de sus efectos en la redistribución de ingresos, el instrumento más poderoso es el que grava directamente los ingresos recibidos por las personas naturales.
Uno de los elementos que ha incidido en la baja progresividad del impuesto de renta era la exención a los dividendos recibidos por los accionistas de las empresas. Desde 1986, con el supuesto propósito de estimular la inversión y el mercado de capitales y de eliminar la supuesta “doble tributación”,  los dividendos y participaciones recibidos por los accionistas y asociados eran exentos.    
La comisión de expertos recomendó justamente eliminar esta exención. Los dividendos recibidos serían gravados a la tarifa general correspondiente a cada persona natural según su nivel de ingresos. Reconociendo que las sociedades que distribuyen dividendos ya pagaron impuestos, existiría un descuento tributario del 20%, con lo cual el impuesto a los dividendos quedaría en el 15%. Proponían además (pag 12 del Informe) que cuando los dividendos se distribuyeran a sociedades cerradas existiría una retención en la fuente que sería trasladable a la retención que realicen cuando repartan dividendos a sus accionistas.
La ley se apartó bastante de las recomendaciones de la Comisión de Expertos. En primer lugar, la  Comisión proponía (pag 41 ) que se sumaran las rentas de diferentes fuentes para establecer un impuesto único por la vigencia. Pero la Ley estableció la  creación de 3 grupos de ingresos distintos: los correspondientes a rentas de trabajo y pensiones; las rentas de capital y “no laborales” (que no están en ninguna otra categoría), y las correspondientes a los dividendos. En lugar de sumarse todos los ingresos para establecer una tarifa general sobre los ingresos totales de las personas naturales, como lo proponía la Comisión, se determinó que cada grupo sería tratado de manera independiente, con una tarifa distinta.   
Si bien las tarifas en el primero y segundo grupo se establecen de manera progresiva (con una tarifa marginal máxima del 33% para rentas laborales y pensiones y del 35% para capital y no laborales), en el caso de los dividendos y participaciones esa progresividad es casi nula: solo existen tres tramos de ingresos: por debajo de 600 UVT ($19 millones en 2017), entre 600 y 1000 UVT ($31,8 millones) y por encima de esta última cifra. La tarifas marginales son para cada uno de estos tramos es del 0%, 5%  y 10%.
Por otra parte, la Ley 1819 estableció (art 2)  que están exentos de la renta los dividendos y participaciones percibidas por los socios y accionistas que sean sociedades nacionales.  Es sabido que la participación en muchas empresas se da, no a través de personas naturales directas, sino de otras sociedades. Alguien podría argumentar que, en la medida en que las utilidades de estas sociedades dueñas van a liquidar un mayor volumen de utilidades por los dividendos recibidos, van a pagar impuestos por ellas. Pero el mecanismo de elusión tributaria es muy simple: estas sociedades de “segundo piso” no van a distribuir muchas utilidades a sus accionistas bajo la forma de dividendos (porque estarían gravados), sino asumiendo muchos de los gastos personales de sus dueños. De esta manera no van a ser empresas rentables. Es de esperarse que en los próximos meses se presente un importante crecimiento en el número de sociedades constituidas, a las cuales se les trasladarán los derechos sociales de personas naturales.  
Por otra parte, ni el proyecto presentado por el gobierno, ni la ley aprobada, aceptaron la eliminación de la exención tributaria para las pensiones altas, de tal manera que se les diera a estos ingresos el mismo tratamiento que a las rentas de trabajo. Actualmente los ingresos por pensiones que están por debajo de 1000 UVT mensuales ($31,8 millones) están exentos para el cálculo de la renta gravable. Un privilegio injustificado que se concentra en el 0,01% de la población más rica.
Impuesto a las empresas
La reforma eliminó el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), que había sido creado en el 2012 para sustituir el impuesto a la nómina que pagaban las empresas a favor del SENA, del ICBF y del Sistema de Aseguramiento en Salud correspondiente a los empleados que ganaran menos de 10 salarios mínimos.  La tarifa para las sociedades quedó entonces en un 33%, con una sobretasa, supuestamente temporal, del 6% para el 2017 y del 4% para el 2018.
 La comisión también había propuesto eliminar muchos de los privilegios tributarios. Pero la Ley 1819 mantuvo casi que la totalidad de estos privilegios, tales como la exención por 30 años a los ingresos de hoteles construidos o remodelados a partir del 2002, los ingresos por servicios de ecoturismo, los ingresos por nuevos contratos de arrendamiento financiero con opción de compra para vivienda, y los ingresos de las empresas editoriales. . En el caso de las exención por ingresos para transporte fluvial con embarcaciones de bajo calado que se vencía en el 2017, se decidió prolongarla por  15 años más.  Se creó además un privilegio adicional: el correspondiente a los ingresos correspondientes a los servicios prestados en hoteles que se construyan o se remodelen en municipios de hasta 200.000 habitantes.
Uno de los privilegios tributarios más injustificados, como lo hemos señalado en otras entradas en este blog (ver por ejemplo aquí  consiste en la tarifa más baja para las empresas ubicadas en zonas francas. La tarifa vigente antes de la Ley 1819 para las empresas ubicadas en Zonas Francas era del 15%. A estas empresas no se les aplicaba el CREE, pero debían pagar el impuesto a la nómina (por ICBF y Sena) correspondiente a los trabajadores de menos de 10 SMMLV.  Como se recordará, el CREE, destinado a compensar los ingresos dejados de recibidos por esta contribución se estableció en el 9% de las utilidades.
Sumado el impuesto a la renta más el equivalente al impuesto a la nómina, las empresas ubicadas en zona franca terminaban pagando aproximadamente un 24%.  La Ley decidió ampliar su beneficio, puesto que la tarifa quedó en el 20%. Si la empresa había firmado Contrato de Estabilidad Jurídica, se le mantiene la tarifa en el 15%.
Es posible concluir, a partir de lo señalado en los puntos anteriores, que el régimen de impuesto a la renta establecido en esta reforma tributaria ha sido un paso atrás tanto desde el punto de la eficiencia, de la neutralidad y de la distribución progresiva de ingresos. 
 

lunes, 9 de enero de 2017

Lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma tributaria. I- Los impuestos verdes

La reforma tributaria avanzó en el establecimiento de los "Impuestos Verdes". Buena noticia
 
El pasado 29 de diciembre fue sancionada la Ley 1819, que según su título “Adopta una reforma tributaria estructural y fortalece los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal”.  
En este blog tuvimos oportunidad de referirnos a los antecedentes de este proyecto: el informe de la comisión de expertos designada por el gobierno, y el proyecto de ley que presentó el ejecutivo en el mes de octubre.  Según mi apreciación, me gustó mucho el informe de la comisión, un poco menos el proyecto del gobierno, y muy poco la Ley, tal como quedó. Vamos a señalar en este blog, algunos aspectos positivos o negativos de esta reforma. Empezaremos en esta entrada con los primeros, que se refieren a las consideraciones ambientales en la definición de algunos impuestos.

El impuesto al carbono.
Es importante que el país avance en el manejo de los llamados impuestos “verdes”, que son aquellos que buscan desincentivar la utilización de productos contaminantes del medio ambiente. Colombia debe cumplir los  compromisos que se adquirieron al firmar el acuerdo de París  sobre reducción de gases de efecto invernadero (GEI),  para contribuir a la lucha contra el cambio climático. El país se comprometió a reducir en un 20% las emisiones de los GEI con relación a las que proyectarían para el año 2030.  Se necesitan, además de mecanismos de mercado que encarezcan el costo para los emisores y fortalecer el presupuesto nacional para asumir los gastos de adaptación a dicho cambio climático. Las inundaciones que se presentaron en el país en el 2010, por el fenómeno de la Niña, mostraron las vulnerabilidades que tiene Colombia frente a los eventos asociados a este fenómeno.  

La elevación del costo para los emisores debe traducirse, entre otras medidas, en impuestos a los combustibles contaminantes. Desde la expedición de la Ley 99 de 1992 (que organizó el Sistema Nacional Ambiental) se había contemplado la existencia de “tasas retributivas y compensatorias”, que tendrían como objetivo desincentivar  “la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean el resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre”.  En los 23 años de vigencia de esta Ley, esas tasas no habían sido objeto de reglamentación.

El artículo 221 de la Ley 1819 establece el Impuesto Nacional al Carbono, que grava el contenido de este elemento en todos los combustibles fósiles, incluyendo los derivados del petróleo y los gases fósiles que sean usados con fines energéticos, siempre que sean usados como combustión. La tarifa se determina a partir del factor de emisión de carbono (CO2) para cada uno de los combustibles. Es posible que ello se traduzca en una elevación del precio de los combustibles, pero es un costo que la sociedad debe asumir, como ya lo habíamos explicado en una entrada anterior.   

Tarifa preferencial para neveras eficientes en uso de energía

La Resolución 41012 de 2015 del Ministerio de Minas y Energía adoptó el Reglamento Técnico de Etiquetado de uso final de energía eléctrica y gas combustible para equipos que se comercialicen y se utilicen en Colombia. El propósito es el que los consumidores tengan información clara sobre la eficiencia energética de los electrodomésticos que adquieren.
Una de las mayores fuentes de ineficiencia energética radica en el uso de neveras altamente intensivas en consumo de energía, especialmente en los sectores más pobres de la población colombiana.  Se calcula que cerca del 50% del consumo de energía en estos hogares se explica por la nevera. Un estímulo al cambio de la misma por parte de estos hogares tiene plena justificación desde el punto de vista de eficiencia económica y social. Neveras más eficientes pueden traducirse en una disminución en el valor del subsidio para el consumo de energía eléctrica en estos hogares y en una disminución en su  factura de consumo. El artículo 185 de la Ley 1819 redujo el  IVA para las neveras nuevas para sustitución que se clasifiquen como de consumo eficiente de energía eléctrica al 5%, siempre y cuando tengan un precio inferior 30 Unidades de Valor Tributario ($956.000 en 2017), el comprador pertenezca a un hogar de estrato 1 o 2,  y se entregue la nevera usada en el momento de la compra. Este es un caso en el cual se empieza a exigir a los fabricantes y distribuidores responsabilidad en el reciclaje de los artículos durables que agotan su vida útil.  

Impuestos a las bolsas plásticas.
Otro caso en el que el consumidor no asume los costos ambientales de su comportamiento lo constituye el exagerado uso de bolsas plásticas. Un colombiano utiliza 24 bolsas al mes (288 al año). Ello contribuye a congestionar los rellenos sanitarios y a contaminar los océanos. Se calcula que anualmente, 8 millones de toneladas de plástico acaban en los mares del planeta,  amenazando gravemente la supervivencia de muchas especies marinas. Una bolsa de plástico demora 20 años en descomponerse plenamente, según cálculos hechos pro Keep Britain Tidy, una ONG inglesa (ver aquí)  

Por esta razón, muchos países han empezado a implantar impuestos a las bolsas plásticas, o a obligar a los supermercados a facturarlas independientemente. Desde que Irlanda introdujo un cargo de 15 peniques en el 2002 (aproximadamente $500), el uso de las bolsas se redujo en un 90%, según un estudio de la Universidad de Dublin, citado por The Economist
El artículo 207 de la Ley de reforma tributaria crea, a partir de Julio de 2017 el Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, que se causa con la entrega a cualquier título de bolsas de este material cuya finalidad sea la de cargar o llevar productos enajenados por los establecimientos comerciales que las entreguen.

Con estas medidas, Colombia está dando algunos pasos hacia la racionalización del consumo de productos contaminantes.
En próximas entradas estudiaremos otros temas de la reforma tributaria.  Como lo veremos, las  noticias, desafortunadamente, no son tan buenas.
 
 

domingo, 27 de noviembre de 2016

La reforma tributaria y el régimen de las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL)


Las medidas tributarias propuestas frente a las Entidades Sin Ánimo de Lucro pueden evitar que estas organizaciones sean un instrumento de evasión  tributaria. Sin embargo, los afanes fiscalistas pueden atentar contra la sostenibilidad en el largo plazo de las auténticas corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.


Continuamos analizando en esta entrada el proyecto de reforma tributaria propuesto por el Gobierno Nacional. Esta vez nos ocupamos del régimen propuesto para las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL).

En toda sociedad democrática existen organizaciones privadas que tienen como propósito adelantar, desinteresadamente, acciones de interés general o de beneficio público. Es conveniente para la sociedad que haya ciudadanos que quieran asociarse para adelantar de manera organizada acciones filantrópicas. Ello no debería ser obstaculizado por el estado.
Por otra parte, el propósito de un impuesto a la renta es el de gravar los ingresos de las personas naturales. El ingreso gravable, según un principio universal (principio Haig-Simon se le conoce en la literatura académica tributaria) recogido en el artículo 26 de nuestro estatuto tributario, es que el ingreso sujeto a impuestos debe ser aquél que es susceptible de incrementar el patrimonio del contribuyente.  Si se justifica que exista un impuesto a las sociedades, como lo señalamos en una anterior entrada, es porque es una manera de gravar a sus accionistas, que son en últimas personas naturales.

En la medida en que los fundadores, promotores o donantes de una auténtica ESAL no se benefician patrimonialmente de las utilidades o excedentes generados por ellas, no existe motivo para que ellas sean objeto del impuesto a la renta. Ello está reconocido en nuestra normatividad tributaria, al aceptar (art 19 ET) la existencia de entidades con un régimen tributario especial, entre las cuales están las corporaciones, fundaciones, y asociaciones sin ánimo de lucro, con la condición de que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social.

Un riesgo de la existencia de organizaciones sujetas a un régimen tributario especial consiste en que pueden convertirse en instrumento para evadir impuestos. Si una actividad comercial se desarrolla bajo este esquema, se podría considerar que está compitiendo, en condiciones no equitativas, con otras empresas que sí deben pagar los impuestos. Puede darse el caso, inclusive, que algunas entidades se creen con el propósito de evadir impuestos. Los promotores de estas organizaciones pueden beneficiarse a través de pagos que la fundación les haga como real o supuesta remuneración por contratos de trabajo, asesoría, alquiler de activos, etc. Todavía recordamos el escándalo que puso en evidencia que ese era el sistema utilizado por los fundadores de una institución de educación superior recientemente intervenida por el gobierno.

Es necesario entonces que la exención tributaria de estas organizaciones esté condicionada a que el estado esté en capacidad de controlar que efectivamente se trata de organizaciones que no puedan ser utilizadas como fuente de enriquecimiento para sus fundadores o promotores. Ello implica que debe cumplir unas condiciones muy estrictas tanto en sus estatutos como en su funcionamiento interno, y además deben someterse a la fiscalización de las autoridades tributarias. Es el sistema que normalmente existe en muchos países. En Estados Unidos, por ejemplo ,  estas disposiciones están contenidas en la  sección501 del Internal Revenue Service .
En Colombia, sin embargo, no existe ningún control tributario serio por parte de la DIAN que permita comprobar que se trata realmente de entidades sin ánimo de lucro. Como lo señala el informe final de la Comisión de Expertos (pag 192) el comité que se había creado en la Ley 75 de 1986, y que tenía ese propósito, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.  Hoy basta que una entidad se registre como ESAL ante una administración municipal para que automáticamente se beneficie del régimen tributario especial.
Frente a esta situación, la reforma radicada por el Gobierno propone lo siguiente:

-          Las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, incluyendo aquí las cajas de compensación familiar, y las religiones reconocidas como tales por el Ministerio del Interior, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Pueden pertenecer al Régimen Tributario Especial aquellas entidades que se constituyan como ESAL, que su objeto sea de interés general, a las cuales tenga acceso la comunidad y que sus aportes no puedan ser reembolsados ni sus excedentes distribuidos bajo ninguna modalidad. Si pertenecen a este régimen pagarán un impuesto del 20%. Pero si el excedente se destina en el año siguiente a aquel en el cual se obtuvo al desarrollo  del objeto social y a la actividad meritoria de la entidad, este excedente se considerará exento. La parte que no se invierta será gravable en el año en que esto ocurra

-          Las entidades que superen los 160.000 UVT ($4524 millones) de ingreso anual estarán obligadas a presentar a la DIAN una memoria económica sobre su gestión.

-          Los pagos por concepto de prestación de servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones, intereses, bonificaciones especiales, o cualquier otro tipo de pagos que se hagan a los fundadores, aportantes,donantes, representantes legales o administradores, su cónyuges o familiares, serán consideradas por la administración tributaria como distribución indirecta de excedentes. Ocasionará la exclusión del RTE.
En principio, estas propuestas pueden considerarse como positivas, pues contribuyen a filtrar entre las auténticas ESAL y aquellas que solo sirven como instrumento de enriquecimiento para sus patrocinadores o promotores.

Sin embargo, la normatividad propuesta tiene algunas limitaciones, sobre las cuales quiero llamar la atención:  

-          Exige que los excedentes sean gastados en el año siguiente al que fueron obtenidos. En casos excepcionales, autorizados por la Asamblea General o por el órgano de administración que haga sus veces, este plazo puede ser hasta de cinco años. Esto crea un problema en el caso de los legados (o endowments como se conocen en los países anglo-sajones)  que reciben algunas ESAL y que tienen el mandato explícito de que solo se pueden gastar en el propósito social los rendimientos financieros del legado obtenidos en un período determinado.  Así funcionan algunas ESAL en Colombia. El caso más conocido a nivel mundial es el de la Fundación Nobel. Su fundador, Alfred Nobel, cedió su fortuna a la Fundación que lleva su nombre, con la condición de que el ingreso proveniente de sus inversiones fuera distribuido en forma de premios anuales para aquellos que en el año anterior hubieran conferido los más grandes beneficios para la humanidad (ver aquí). De haber existido una norma semejante en Suecia a principios del siglo XX, la Fundación Nobel habría tenido que gastar el legado recibido (sería un ingreso en términos de la normatividad tributaria) por tarde en 1905. No tendríamos hoy premios Nobel.

-          El artículo 357 del ET, que seguiría vigente, señala que el excedente de las ESAL (que se debe aplicar directamente al objeto social de la organización) se calcula tomando la totalidad de los ingresos y restando el valor de los egresos, incluyendo en los egresos las inversiones que se hagan en cumplimiento del objeto social. Es decir que si una ESAL decide construir o ampliar sus instalaciones, o mejorar sus sistemas de información para mejorar la calidad de atención a sus beneficiarios, el valor de esas inversiones se considera como gasto, y por lo tanto no hace parte del excedente. Lo anterior, sin embargo, con otra propuesta de la reforma (artículo 149 del proyecto de Ley), que establece se puede establecer por el método de comparación patrimonial entre los patrimonios líquidos del año gravable y del año anterior. En la medida en que las inversiones hechas por la ESAL pasan a hacer parte de su patrimonio, esta disposición desvirtúa la posibilidad de que se resten las inversiones para determinar el excedente gravable. Desestimula por completo el crecimiento de las ESAL.  
-      El artículo 168 del proyecto de Ley contempla las causales que llevarían a un ESAL  a ser excluida del régimen tributario. Es claro que si no cumplen con las normas que las regulan deben perder ese carácter. Pero el numeral 3 de ese artículo señala  que también se pierde ese carácter cuando miembros de la junta directiva, representantes legales o miembros de órganos de dirección sean declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social o el patrimonio económico. También si son sancionados con la caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública. Estas sanciones se pueden presentar por hechos que no tienen nada que ver con la labor de la ESAL dirigida por ellos. Esta disposición es absolutamente peligrosa y sospecho que inconstitucional. Es hacer que una persona jurídica distinta pague las consecuencias del accionar de alguien.  En el pasado reciente colombiano, fundaciones respetables han tenido en sus órganos directivos a personas que han resultado condenadas por delitos económicos. De haber existido esta disposición, hubieran perdida su régimen especial.
 
Positivo que se cierren las posibilidades de evasión, filtrando claramente las auténticas ESAL de  aquellas que no lo son.  Pero debe tener cuidado el Congreso de no afectar la sostenibilidad de largo plazo de las primeras.
 
Por transparencia frente a los lectores, debo señalar que soy empleado de una entidad sin ánimo de lucro, y pertenezco además al órgano directivo de otra.

domingo, 30 de octubre de 2016

Continuamos analizando la reforma tributaria: el impuesto a las bebidas azucaradas

El impuesto a las bebidas azucaradas propuesto por el gobierno puede contribuir a mejorar la salud de los colombianos, especialmente de los más pobres. Es un impuesto progresivo
 
 
Continuamos con esta entrada el análisis de algunos aspectos de la reforma tributaria que ha presentado el Gobierno a consideración del Congreso. Nos ocupamos en esta ocasión del impuesto a las bebidas azucaradas, que ocupa los artículos 196 a 201 del proyecto.  
Qué  se propone  
El gobierno está proponiendo crear un impuesto al consumo de bebidas energizantes o saborizadas  o a  cualquier bebida que contenga azúcares añadidos o edulcorantes, así como a polvos y jarabes que, al diluirse, permitan la obtención de ese tipo de bebidas. Este impuesto equivaldrá a 300 pesos por cada litro. Los edulcorantes sin aporte calórico no se consideran azúcar para los efectos del proyecto. El responsable del impuesto es el productor o importador de la bebida.  
¿Por qué es conveniente este impuesto?
Hoy es un hecho ampliamente aceptado por la comunidad científica que el excesivo consumo de azúcar está asociado con sobrepeso, hipertensión arterial, diabetes, e incluso con ciertos tipos de cáncer. Este tipo de dolencias ha aumentado su prevalencia en Colombia.  Remito al lector a la extensa literatura citada en la exposición de motivos delproyecto de ley  y a este este ilustrativo artículo de Andrés Vecino publicado en La Silla Vacía.  Además del daño que se hace así mismo el consumidor, esta situación conduce a un incremento del gasto en salud, tanto por parte del estado (recordemos que hoy existe prácticamente  cobertura universal en el Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia) como en los gastos de bolsillo de los pacientes.
El alto consumo de azúcar es entonces un típico ejemplo de lo que en economía se denomina “externalidades negativas”. Se trata de imperfecciones del mercado que se generan porque el productor o consumidor de un determinado bien ocasiona efectos nocivos al resto de la sociedad, sin que asuma esas consecuencias negativas a través del sistema de precios. En otras palabras, no paga por el daño que hace. Otro ejemplo de externalidad negativa la constituye la contaminación ambiental que producimos al conducir un automóvil (por lo cual se justifican los impuestos a la gasolina). 
Otra imperfección del mercado radica en la poca información que tienen los consumidores de productos azucarados sobre el daño que se hacen ellos mismos (ya no al resto de la sociedad), bien por ignorancia sobre la existencia de dicho daño, o bien por un comportamiento miope que lo lleva a valorar una gratificación presente (es indudable que los productos azucarados son placenteros al gusto), menospreciando el daño futuro que ello le pueda ocasionar
Frente a estas imperfecciones, es conveniente una intervención del estado para inducir cambios en el comportamiento de los ciudadanos. Para ello puede utilizar instrumentos como la educación y la publicidad sobre hábitos de vida saludable y obligar a los fabricantes a informar el contenido calórico de los alimentos. Pero también los impuestos pueden  ser útiles para dicho propósito, como lo señala un estudio de la Organización Mundial de la Salud . Si se aplica un impuesto a las bebidas azucaradas ello debe normalmente traducirse en una disminución en su consumo. Efectos sobre el efecto del impuesto en México indican que sí se ha presentado una reducción en el consumo de estas bebidas  (ver aquí)
 
¿Quién paga el impuesto?  
De acuerdo con el proyecto, el responsable legal del impuesto, como se mencionó anteriormente, es el productor o el importador de las bebidas. Pero ello no quiere decir que el impuesto lo asuman directamente ellos. Hay quienes argumentan que en la medida en que los productores trasladan ese mayor costo al consumidor, es éste quien termina asumiéndolo plenamente. Ello no es tan cierto.
Permítanme los lectores no economistas una pequeña digresión técnica sobre un tema de la teoría económica: el de la incidencia tributaria, que estudia quién termina pagando en realidad un impuesto, después de que los agentes económicos, tanto productores como consumidores, se acomodan a su existencia.
En principio un impuesto como el propuesto aumenta los costos de producir la bebida.  Si el mercado de gaseosas fuera ampliamente competitivo (por ejemplo, el mercado de la papa o de las naranjas), los productores deberían pasarle todos sus costos al consumidor. Recuérdese que la competencia normalmente conduce a que el precio de equilibrio en el mercado es aquél que cubre los costos del productor, incluido en esos costos una remuneración razonable (determinada también por el mercado) sobre el capital invertido por éste.
Si existiera un solo productor, lo que la teoría económica dice es que el precio que cobra el monopolista no es igual al costo de producción. ¿Qué precio cobrará?  El monopolista hace sus cuentas, sabiendo que un mayor precio, si bien aumenta su margen sobre los costos, puede disminuir sus ventas.  Un menor precio aumenta sus ventas, pero por definición disminuye sus utilidades por unidad vendida. Teniendo en cuenta estos dos efectos, el monopolista establece un precio que “maximice sus utilidades”. Ese precio es normalmente superior al que se obtiene en condiciones de competencia.
Esta diferencia entre el precio del monopolista y el precio del mercado da lugar a una utilidad extraordinaria para el productor. En términos estrictos, el monopolista está cobrando una suma superior a sus costos de producción y a su utilidad razonable. En otros términos obtiene una utilidad que no está justificada por el valor que su producto le genere a la sociedad. Por ello los monopolios son inconvenientes. Es lo que justifica que el estado deba evitar que ellos se presenten, bien impidiendo aquellas fusiones o adquisiciones que concentren la producción en unos pocos agentes,  o bien, cuando es inevitable que exista un monopolio, como en el caso de los servicios de acueducto, alcantarillado, o distribución de energía eléctrica, estableciendo tarifas máximas que simulen las condiciones de competencia (así lo establecen las Leyes 142 y 143 de 1993  que regulan los servicios públicos en Colombia).   
El mercado de gaseosas en Colombia está lejos de ser un mercado de competencia perfecta. Por razones históricas que será conveniente estudiar, el estado no intervino para impedir las fusiones que se presentaron desde los años 60 del siglo pasado, que llevaron a la desaparición de muchos productores, especialmente regionales.  Quedaron solo dos grandes productores.  
 
En el caso de un oligopolio (pocos productores), que es como se denomina esta situación, tal vez no sea posible lograr el precio del monopolio, a no ser que los productores armen un cartel (como los que han sido descubiertos en el caso de los pañales, de los cuadernos y del papel higiénico) mediante el cual se comprometen a no competir y a pedir el precio óptimo para ellos, que sería el precio que podría cobrar un monopolio. No existen hoy en día en la ciencia de la economía modelos que expliquen satisfactoriamente el comportamiento de los precios en condiciones de oligopolio. Todo lo que ha podido establecerse es que normalmente estos precios son superiores al que existiría en condiciones de competencia perfecta, pero inferiores al que cobraría un monopolista. Sigue habiendo un ingreso extraordinario para los oligopolistas.
Dado lo anterior, si se decreta un impuesto a las gaseosas, ¿Quién paga el impuesto, el productor o el consumidor? Un traslado total del impuesto puede no convenirles a los productores. La cantidad vendida disminuiría (el mayor precio disminuye la demanda por gaseosas) y esas menores ventas le pueden llevar a hacer nuevamente sus cálculos para saber cuál es el precio que maximice sus ganancias. Debe pesar muy bien cuál es el nuevo precio que se va a cobrar, para tratar de evitar ese efecto.  En un caso de estudio realizado en la ciudad de Berkeley en California, se pudo establecer que los productores pasaron solo el 43,5% del impuesto a los consumidores. El otro 57% fue asumido por ellos, es decir, se disminuyó en algo la renta del oligopolio. Obviamente, los resultados obtenidos en cada país pueden diferir, según la estructura de mercado de las bebidas, y de la respuesta de los consumidores sobre la demanda.
¿Si sube el precio, baja el consumo?

Existe evidencia internacional de que los cambios en los precios de las bebidas azucaradas inciden en el comportamiento del consumidor. En el caso de México un estudio encontró que por cada 10% que subiera su precio, la demanda podría disminuir entre 10,6% y 11,6%. También encontró que esa reducción fue más grande en los hogares de bajos ingresos.
Vale la pena mencionar que ese incremento en el precio que pagan los consumidores es lo que incide favorablemente en la salud. Recordemos que este impuesto no tiene como propósito único recoger dinero para el estado. Busca sobre todo incidir favorablemente en el comportamiento de los consumidores, para que se pasen a una dieta más saludable. En un caso extremo, un impuesto se traduciría en un cambio total en los hábitos de consumo hacia productos bajos en azúcar (agua embotellada por ejemplo, o agua potable de una pileta pública). El recaudo sería del impuesto sería de cero. Se habrá logrado el resultado óptimo.
¿Es un impuesto regresivo? Como se señaló anteriormente, la literatura indica que son los consumidores de ingresos más bajos quienes responden más a un incremento en los precios. Pero el efecto del impuesto es necesario analizarlo de una manera integral. El proyecto de reforma tributaria contempla que los recursos así recaudados se orientarán a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Como es ampliamente conocido, y como lo hemos señalado repetidamente en este blogel crecimiento exagerado en los gastos en salud está amenazando la sostenibilidad de este sistema. En caso de una desaparición del mismo sistema o una implosión del mismo hacia un alto racionamiento en los servicios , son los pobres los que resultarían más afectados. No hay duda, por lo tanto, que, visto integralmente el efecto de este impuesto, tiene un carácter progresivo.
Objeciones
En la discusión sobre los efectos de los impuestos se han planteado dos objeciones: o bien no se logra ninguna reducción en el consumo, o bien, que no se recoge dinero. ¿No se han dado cuenta quienes esto argumentan que es imposible que se cumplan estas dos condiciones? Si no se recoge el dinero, es porque se logró un efecto positivo en los hábitos de comida saludable de los consumidores. Si se recoge algo de recaudo, no se logró plenamente el efecto buscado, pero, como premio de consolación, la sociedad habrá recogido un dinero que se puede destinar a pagar las consecuencias negativas de ese consumo.
Estrategias adicionales
En fin, es necesario señalar que el impuesto no puede ser el único instrumento en la búsqueda de hábitos de vida saludable en la población colombiana. Son necesarias campañas de educación sobre la nutrición adecuada y sobre la necesidad del ejercicio. El estado puede proveer alternativas de consumo alternativo, por ejemplo, mediante la obligación de que existan pilas de agua potable en colegios, universidades y empresas
Una observación: el proyecto del gobierno propone un impuesto de $300 pesos. Con el paso del tiempo, la inflación normal puede llevar a que pierda peso del valor del producto.  Debería establecerse que el impuesto se definiera, como se hace en otros artículos del Estatuto Tributario, en Unidades de Valor Tributario. El articulo podría decir entonces que el valor del impuesto es equivalente al 1,1% de la UVT