Comparta este contenido

Share/Save/Bookmark

miércoles, 24 de diciembre de 2008

¿Cuánto le costará al contribuyente colombiano la crisis de las pirámides?

En repetidas ocasiones el presidente de la República ha manifestado la inconveniencia que tendría para el país que el contribuyente respondiera por los dineros perdidos por quienes invirtieron en las pirámides. Por ejemplo, el día 2 de Diciembre, en la ceremonia de ascenso de oficiales de las Fuerzas Militares señaló lo siguiente:

"Lo que no podemos hacer es que el Gobierno Nacional les pague el dinero a aquellos que lo perdieron en las ‘pirámides’. Creo que sería un precedente muy grave entrar a reponer un dinero que se perdió en una actividad ilegal".

Esto es lo conveniente. No puede considerarse adecuado que el contribuyente colombiano responda por las pérdidas que tuvieron quienes asumieron conscientemente el riesgo de comprometer sus recursos en una actividad claramente ilegal y altamente riesgosa.
Desde la declaratoria de la emergencia social, a través del Decreto 4333 la superintendencia de sociedades ha intervenido 26 entidades ( ver aquí ) que estaban captando dinero de manera ilegal, todos ellos actuando bajo esquemas semejantes a los de una pirámide. Aplicarle a unos damnificados un tratamiento crearía un funesto precedente. Estimularía por otra parte el surgimiento de nuevas pirámides en el futuro.

Sin embargo, algunas de las normas expedidas y de las declaraciones dadas por algunos funcionarios lo ponen a uno a pensar. Veamos:

El decreto 4490 del 27 de Noviembre, realiza un traslado presupuestal, del Ministerio de Hacienda, por valor de $147 mil millones, para la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Establece por otra parte que los recursos provenientes del Fondo de Reserva para la Estabilización de Cartera Hipotecaria (FRECH), que determine el Ministerio de Hacienda se trasladen para “Garantizar operaciones de crédito en las regiones afectadas por los hechos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia social por medio del Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008” y para “garantizar operaciones de crédito realizadas a través de corresponsales no bancarios, generadas por la administración de recursos a cargo de estos”. El FRECH, para quienes no lo saben es un fondo capitalizado con recursos del presupuesto nacional.
Con relación a los recursos dirigidos a Acción social, tal parece que lo que buscan, de acuerdo con los considerados del Decreto, es “establecer medidas para contrarrestar la amenaza de perturbación del orden social tales como las referentes a la focalización y aumento de cobertura de los programas sociales orientados a solucionar la situación económica y evitar una crisis social en las regiones más afectadas”. Pero todavía no están claros los criterios de asignación de estos recursos.

El Decreto 4590 del 4 de Diciembre establece la posibilidad de que los créditos que otorguen los establecimientos de crédito y las cooperativas autorizadas para el ejercicio de la actividad financiera que se desembolsen hasta el 31 de Diciembre de 2009 en “dichas regiones” (en ningún momento esta norma, ni ninguna de las anteriores ha definido cuáles son las regiones afectadas por la crisis), gozarán de una serie de privilegios tributarios y regulatorios. Señala además la norma que estos créditos podrán acceder a garantías con una cobertura hasta del 70% del Fondo Nacional de Garantías y hasta del 80% del Fondo Agropecuario de Garantías.

Por otra parte, este decreto establece que los establecimientos de crédito puedan reestructurar los créditos otorgados en las regiones afectadas (insistimos, no se ha definido cuáles son las regiones), y estos créditos reestructurados gozarán de los mismos beneficios señalados más arriba. Se fija un límite de hasta $10 millones para cada crédito reestructurado.
El Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, en entrevista concedida al diario el Tiempo fue un paso más allá, al señalar que los créditos autorizados a los bancos son “obligatorios porque la Nación asume el riesgo crediticio”. Afortunadamente, ante las protestas de los bancos, tuvo que rectificar su posición al señalar que la banca no está obligada a dar los préstamos, pero afirmó: “creo que los otorgarán…porque están dadas las garantías para que los entreguen, de acuerdo con las condciones y características que se fijen con el Ministerio de Hacieda”.

Hasta el momento de escribir estas líneas, no se conoce todavía la reglamentación del Ministerio de Hacienda sobre los requisitos que deben cumplir los créditos garantizados por el Fondo Nacional de Garantías o por el Fondo Agropecuario de Garantías. En la medida en que garanticen obligaciones incobrables, la factura se le cobrará al dueño de estas entidades: el contribuyente colombiano. Todavía no sabemos por lo tanto cuál puede ser el costo de este salvamento Estaremos atentos.

lunes, 15 de diciembre de 2008

El valor de las licencias de televisión (II)

La Comisión Nacional de Televisión ha publicado las observaciones que presentaron Caracol y RCN a los estudios de valoración de prórrogas de los canales privados y del nuevo canal de televisión comercial. Quiero referirme en esta entrada a algunos de los puntos señalados por estas empresas.

He insistido en anteriores entradas en que la mejor manera de adjudicar los canales es a través de un proceso de subasta. Es la vía para hacer una selección objetiva, que no esté sujeta a presiones políticas o de otra índole. Los actuales concesionarios de la televisión privada insisten en que la subasta es un procedimiento ilegal, porque, según ellos, está prohibido por la Ley 182 de 1995. En efecto, el artículo 48 de dicha Ley dice lo siguiente:

“La escogencia de los operadores zonales, se hará siempre y sin ninguna excepción por el procedimiento de licitación pública. La adjudicación se hará en audiencia pública. De ninguna manera la concesión se hará por subasta pública “

Sin embargo, la definición del verbo licitar de la Real Academia Española consiste en “Ofrecer precio por algo en una subasta o almoneda”. El mismo diccionario , en la definición de subasta, trae la siguiente definición de “sacar algo a pública subasta": Ofrecerlo a quien haga proposiciones más ventajosas en las condiciones prefijadas”
.
Es decir, la Ley dice que debe haber licitación y acto seguido la prohíbe. Pregunto yo a los abogados lectores de este blog: ¿Cómo se resuelve esta contradicción?

Por otra parte, el artículo mencionado hace referencia a los operadores zonales. Al citar la ley, Caracol y RCN introducen un paréntesis que dice: hoy nacionales. Una pregunta, para responder la cual solicito también la opinión de los expertos: ¿Mediante qué ley se cambió este artículo de tal manera que donde dijera zonales se leyera nacionales?

Por otro lado, la Ley 80 de 1993, que regula de manera general la contratación pública, estableció lo siguiente (art 29): “La selección de contratistas será objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”.

Pregunto yo: ¿no debe entrar el precio dispuesto a pagar como consideración importante en la definición de cuál es el ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella persiga? El hecho de que la Ley haya establecido (ar 5, literal, g) que es función de la CNTV fijar los derechos, tasas y tarifas que debe percibir por el otorgamiento y explotación de las concesiones para la operación del servicio, no excluye la posibilidad de que esos derechos sean determinados mediante un proceso de licitación o de subasta.

Perdone el lector estas elucubraciones jurídicas provenientes de un lego en los temas del derecho, pero me parece importante subrayar estos puntos, pues la suerte de este proceso, de tanto importancia para el bienestar de los ciudadanos, se va a jugar, no lo dudemos, en el terreno jurídico.

Los adjudicatarios actuales de las concesiones de televisión se apoyan ( pagina 2, documento 2), en que el pacto de San José, del cual es signatario el gobierno colombiano, señala que “no se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, tales como abuso de controles oficiales o particulares de papel para los periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Absolutamente de acuerdo. Solo que los canales deberían ser consecuentes. Son ellos quienes se opusieron a la apertura de un tercer canal. Lo que debería hacer el Estado es entonces abrir tantas concesiones como sean posibles desde el punto técnico ( de tal manera que no haya interferencia). La adjudicación mediante subasta no contrariaría el pacto de San José. Se trata simplemente de asegurar la óptima utilización de un recurso público escaso: el espectro electromagnético.

sábado, 6 de diciembre de 2008

El valor de las licencias de televisión

La Comisión Nacional de Televisión, con su decisiones sobre adjudicación de las licencias, está sacrificando el interés de los usuarios para privilegiar el objetivo de maximizar sus ingresos

La Comisión Nacional de Televisión anunció el pasado Martes 2 de diciembre que en Mayo de 2009 entregaría una nueva licencia nacional en televisión abierta, para un canal de televisión comercial, en un proceso licitatorio. El operador será escogido por subasta pública, aun cuando no se han definido los términos de dicha subasta.

En relación con las prórrogas a los actuales canales privados (RCN y CARACOL), la Comisión anunció que ellas serían firmadas antes del 10 de Enero del año próximo, y que deberán pagar 189000 millones de pesos, más un 7.58% de los ingresos brutos generados durante los diez años de la concesión. Ante la protesta de los canales privados, el gobierno decidió congelar esta decisión de la CNTV ( ver aquí) y hacerle una “respetuosa sugerencia” de que se proponga una mesa de trabajo permanente, donde estén los canales de televisión, la CNTV y el Gobierno. Preguntamos, ¿y dónde estarán los usuarios?

En una anterior entrada nos habíamos referido a este tema. Señalábamos, coincidiendo con lo señalado en su momento por la Procuraduría General de la Nación, que la adjudicación de las licencias de televisión debería realizarse mediante subasta. Pero decíamos además que esta subasta no debería limitarse a los canales adicionales, sino a los canales actuales. Las empresas beneficiarias de las licencias actuales deberían someterse a las mismas reglas del juego, y participar en las subastas, en las mismas condiciones de los nuevos proponentes. Decíamos también en ese momento que desde el punto de vista del interés público la CNTV debería adjudicar tantos canales como sea posible desde el punto de vista técnico ( 5 o 6). Ello tiene la virtud de ampliar las opciones de programación para el televidente.

La decisión de la CNTV se apoyó en los estudios de dos bancas de inversión, que acaban de ser puestos en conocimiento del público . Al revisarlos, se me han ocurrido las siguientes observaciones:

Las bancas de inversión llegan a la conclusión de que un cuarto canal no es viable, “porque tendría un valor presente neto negativo” (diapositiva 20, presentación final ). Esta consideración se basa en la idea de una “torta publicitaria “ fija disponible para los canales abiertos, que debe repartirse entre ellos.

Las firmas de banca de inversión parten de la base de que el modelo de negocios va a ser el mismo para todos los canales. Por ello aplican los mismos porcentajes de costos de programación, de costos administrativos, y de costos de ventas. Pero dejan de lado la posibilidad de que cada operador puede tener un modelo de negocios completamente diferente. Un canal, por ejemplo, puede decidir concentrarse en un nicho específico (los niños, los adolescentes, los amantes del arte y de la música clásica, etc), y manejar estructuras de ingresos y de gastos completamente diferentes. Si se aplicara la metodología de las bancas de inversión al mercado de revistas en Colombia, y partiéramos de un escenario en el solo existieran dos de ellas ( por ejemplo SOHO y Semana) no sería extraño que se llegara a la conclusión de que no habría campo sino, máximo, para otra más. El mismo ejercicio podría aplicarse para emisoras, para prensa diaria, etc.

Tampoco tienen en cuenta las firmas de banca de inversión contratadas por la CNTV que la llamada torta publicitaria para un medio específico puede crecer con el incremento en la oferta de canales. Es posible que el precio de la pauta baje, pero ello no se debe ver como inconveniente.

En fin, insistimos en que el valor de las licencias, ante las amplias incertidumbres que ser presentan en un sector tan dinámico, debe ser determinado por los propios interesados en un proceso de subasta. Es a ellos, y no al Gobierno, a quien le corresponde valorar los riesgos y las oportunidades de la explotación de una licencia de televisión, como en cualquier negocio. No le corresponde a un municipio hacer un estudio de factibilidad del mercado del pan para saber si le otorga la licencia de funcionamiento a una panadería.

Lo cierto es que la Comisión Nacional de Televisión privilegió el objetivo de maximizar sus ingresos en la definición de los términos de la adjudicación de las licencias, y con ese criterio se adelantó el trabajo de las firmas de banca de inversión. [1]. La variable que debe maximizar una entidad pública es el bienestar de los ciudadanos. En el caso de la televisión, ello debe consistir en la amplición de la oferta televisiva de calidad, en condiciones de regulación que estimulen la más amplia competencia, tanto por la audiencia como por la publicidad, y que garanticen el respeto a los derechos del televidente. No es esto lo que ha buscado la CNTV.

[1] Una de ellas lo reconoce, cuando propone un escenario que “maximice el valor de la concesión”. ( ver aquí )

sábado, 29 de noviembre de 2008

La crisis de las pirámides (III) ¿hay mico en la reforma financiera?

Como lo ha registrado la prensa en los últimos días, hubo un posible intento por parte de DMG por intervenir mediante lobby en la discusión del proyecto de reforma financiera. Sin que haya podido establecerse con precisión quién fue su proponente (lo cual habla muy mal del sistema de actas del Congreso de la República, fundamental en los procesos de rendición de cuentas y de evaluación de la labor de los parlamentarios), en el proyecto aparece el siguiente artículo:

“Artículo 79. Tarjetas prepago. La adquisición anticipada de bienes y servicios mediante instrumentos como tarjetas prepagadas, estará sujeta al régimen tributario correspondiente a la adquisición de los respectivos productos y servicios, así como a la regulación que para el efecto establezca el Gobierno Nacional, la cual deberá contemplar las reglas sobre el retorno o acumulación de los servicios o bienes no utilizados y un esquema de supervisión que corresponderá a la respectiva superintendencia que vigile la actividad o la entidad prestadora de la misma”.

El Ministro de Hacienda y el Superintendente Financiero han expedido un comunicado en el que se señala que este artículo no “supone remotamente una desregulación ni admite una interpretación en el sentido de permitir actividades no autorizadas”.

El artículo como tal es aparentemente inofensivo. En últimas, todo depende de la reglamentación que se expida. Pero no se debe descartar la hipótesis que los promotores de DMG hayan estado interesados en promoverlo. Veamos porqué.

Recordemos que la Superintendencia Financiera expidió la resolución 1634, ya citada en anteriores entradas de este blog, en la que basada, entre otras consideraciones, en que el sistema de tarjetas prepago desarrollado por DMG constituía “un sistema de captación masiva y habitual de dineros del público, sin contar con la debida autorización”, (considerando 21), le ordena a DMG la suspensión inmediata de la operaciones “consistentes en la recepción de venta de tarjetas pre-pago DMG,…en razón a que dicha actividad constituye una forma de captación masiva y habitual de dineros del público, sin contar con la debida autorización”.

Una vez expedida esta resolución, el apoderado de DMG, Carlos Antonio Espinosa, interpuso contra ella recurso de reposición, el cual fue resuelto por la Superfinanciera mediante la resolución 1806 de 2007.

Entre los argumentos expuestos por el apoderado de DMG se encuentra el siguiente:

“De otra parte, manifiesta que las tarjetas prepago no tienen reglamentación en Colombia; que su uso no está restringido siempre y cuando este medio de pago tenga como finalidad inequívoca la adquisición de bienes y servicios. Es así como las tarjetas prepago cada día tienen un uso más generalizado incluyendo sectores como el de telecomunicaciones, servicios públicos en donde la contraprestación es la adquisición de bienes y servicios, tal como sucede con las tarjetas prepago DMG”.


Frente a este plantemiento la Superintendencia Financiera argumenta lo siguiente:

Por ello, resulta completamente equivocado sostener que se puedan captar recursos del público sin autorización legal por el simple hecho de que se “prevea” el suministro de bienes o servicios, de cualquier forma, como por ejemplo, cuando está previsto el suministro de bienes o servicios en cuantía inferior al monto recibido, o cuando el suministro de bienes o servicios mismo depende de forma exclusiva de la voluntad de quien entrega los dineros.

Aceptar semejante interpretación equivaldría a vaciar de contenido la norma prohibitiva, pues sería elemental escapar a la misma con la simple inclusión en el contrato de la posibilidad de entregar bienes o servicios, si el cliente así lo desea o la obligación de hacerlo en una cuantía inferior a la recibida, como ocurre en este caso.

Dicho de otro modo, la tesis del recurrente conduciría a que la norma prohibitiva sería completamente inútil e ineficaz pues bastaría con prever de cualquier manera en un contrato la simple posibilidad – que no la obligación – de entregar bienes o servicios a quien suministró dinero, para poder realizar legalmente una actividad de captación.

Bajo dicho entendido, una operación en la cual se reciban recursos del público confiriendo al inversionista o cliente el derecho de recibir un porcentaje en bienes o servicios y otro en dinero – cualquiera que sea el porcentaje que se estipule para una y otra prestación – configura indiscutiblemente una actividad de captación masiva y habitual irregular. Lo anterior, naturalmente, siempre y cuando se estructuren los demás supuestos previstos por el artículo 1º del Decreto 1981 de 1988.

Así las cosas, el esfuerzo hermenéutico del apoderado resulta inadmisible y contrario al tenor literal de la norma y a su propósito.

En el caso presente, está totalmente probado que la sociedad Grupo DMG S.A., por virtud de la venta de tarjetas prepago, adquiere la obligación de devolver hasta el 95% de las sumas recibidas, por solicitud del cliente, o pasados 6 meses sin que éste haya utilizado la tarjeta. Esto se encuentra demostrado con los documentos contractuales entregados por la sociedad Grupo DMG S.A. y demás pruebas recaudadas”.

Basada, entre otros elementos, en esta argumentación, la Superintendencia Financiera confirmó en todas sus partes la Resolución 1634.

¿Qué hubiera pasado si el artículo mencionado se convierte en Ley de la República? Sencillamente, el Congreso hubiera aceptado la tesis de DMG, consistente en que, al no estar reglamentado el uso de las tarjetas pre-pago, se presumiría legal cualquier operación hecha a través de este mecanismos, y el Estado no podría haber intervenido DMG o cualquier sistema de captación de ahorro del público que se apoyara en este instrumento.

Pero vale la pena señalar otro problema de la norma propuesta: contempla que dicha reglamentación debe señalar las “las reglas sobre el retorno o acumulación de los servicios o bienes no utilizados”. Es decir, se acepta explícitamente que pueden expedir tarjetas que no tengan como contraprestación la adquisición de bienes y servicios, desvirtuando la tesis hasta el momento sostenida por la Superfinanciera, de que este procedimiento constituye captación de fondos de terceros.

En fin, no hay que descuidar la frase “esquema de supervisión que corresponderá a la respectiva superintendencia que vigile la actividad o la entidad prestadora de la misma”. En plata blanca, significa sacar a la Superfinanciera de la vigilancia. Si una entidad de comercio expide tarjetas, el control le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio. Si lo hace un laboratorio de medicamentos, es del la Superintendencia de Salud, etc.

No es de descartar por lo tanto que DMG quería ganar tiempo con la aprobación de este artículo, para impedir cualquier posible intervención posterior de la Superfinanciera en sus actividades.

sábado, 22 de noviembre de 2008

La crisis de las pirámides (II)

Voy a referirme a algunos de los comentarios suscitados por mi anterior entrada.

Mi amigo Guillermo Torres hace una muy útil reflexión sociológica. Es posible que mucha gente, aún conciente del riesgo que significaba invertir recursos en un esquema tan claramente vulnerable, realizó una apuesta en la que creyó que siempre saldría ganando: si todo sale bien me gano una rentabilidad importante; si DMG quiebra le reclamaré al Estado, al que le puedo echar la culpa de mi decisión. Eso en economía se llama riesgo moral.

Para evitar situaciones futuras parecidas, el Gobierno debe aplicar de manera estricta las normas sobre liquidación de empresas, y no debe compensar a los ahorradores incautos sino con la proporción que le corresponda sobre los activos de la empresa. Hablar de preferencias para ciertos estratos, o de créditos “ágiles y asequibles para los colombianos que resultaron afectados”, como lo ha anunciado el presidente Uribe (ver aquí), no es sino otra manera en la cual se busca que el contribuyente pague por los errores de los inversionistas incautos. No nos digamos mentiras: esos créditos, cuya única fuente posible serán recursos públicos, no serán nunca pagados.

Oscar duda que DMG haya sido una captadora de fondos. Al respectos quiero llamar la atención sobre los hallazgos que hizo la Superintendencia Financiera en sus visitas, cuyas conclusiones están contempladas en la famosa resolución 1634 del 2007. El análisis de la Superintendencia establece lo siguiente:

“Se destaca que durante los primeros cuatro meses del año 2006 los clientes no adquirieron mercancías, es decir, la sociedad no hizo entrega de bienes ni efectuó la prestación de servicios que jurídicamente hablando se puedan considerar la contraprestación que de acuerdo a los lineamientos del negocio aparentemente constituye la principal obligación a cargo de la sociedad DMG, máxime si se atiende al hecho de que según lo expuesto por los representantes de la sociedad, la tarjeta prepago nace de las necesidades insatisfechas de clientes que están ubicados en sitios geográficos que no cuentan con almacenes que suministren estos bienes o servicios”.

“En efecto, una vez verificadas las condiciones del negocio que conlleva la adquisición de la tarjeta prepago, se estableció que, contrario a lo afirmado por la sociedad Grupo DMG S.A., en el sentido de que las tarjetas prepago confieren el derecho de adquirir bienes o servicios,
los hallazgos de la visita permiten concluir que la adquisición de la tarjeta prepago no conlleva, en la gran mayoría de los casos, una contraprestación en bienes o servicios, pues contraviniendo la lógica del contrato celebrado, los dineros son conservados por la sociedad sin que se pueda constatar interés alguno de los clientes de obtener la entrega de los bienes supuestamente comercializados”.

“Para constatar lo afirmado, se observa que a lo largo del año 2006, las utilizaciones por venta y entrega de bienes son mínimas y representan el 13,6% de las sumas entregadas por el total de los adquirentes de la tarjeta prepago al 31 de diciembre de 2006 y el 14.7% a marzo de 2007”. (subrayado mío).

Es claro entonces que las famosas tarjetas prepago eran un instrumento de captación de recursos del público, puesto que solo marginalmente se utilizaban para la adquisición de bienes y servicios.


También ha surgido la duda sobre si el esquema utilizado por DMG correspondía o no una pirámide. Aclaremos primero que lo que constituye una pirámide es el hecho que opera bajo el principio de que el dinero pagado por los últimos inversionistas es utilizado para pagar retornos artificialmente altos a los inversionistas anteriores. Los primeros inversionistas son atraídos por la promesa de altos rendimientos. La noticia sobre estos rendimientos se propaga por correo de voz, y como son atraídos nuevos inversionistas, la promesa se puede cumplir a los primeros que invirtieron.

Gracias a este cumplimiento inicial, la reputación de la pirámide va creciendo, lo cual atrae a nuevos inversionistas. Pero siempre llegará un momento en que es imposible captar recursos adicionales para pagar los pasivos existentes, los cuales están creciendo a una tasa exponencial. En esos momentos, la pirámide se derrumba, y lo más probable es que sus promotores huyan con una proporción importante de los recursos captados.

Una contabilidad adecuada de la empresa promotora de la pirámide permitiría descubrir desde el principio la fragilidad de este esquema. Al contabilizarse en el pasivo las deudas y rendimientos causados, los pasivos de la empresa erosionan rápidamente el escaso capital que hayan puesto los promotores, y el patrimonio se torna negativo. Los inversionistas ya están perdiendo dinero desde el primer día, así no lo vean. Esto explica porqué nunca las pirámides llevan contabilidad, o si lo hacen, esta es imprecisa.

En el caso de DMG, la Superintendencia Financiera encontró, en las dos primeras visitas, realizadas en Mayo y en Julio del 2006, que la empresa “no le suministró toda la información financiera y contable requerida….argumentando que su contabilidad no se encontraba al día en el momento de la visita” ( Considerando sexto de la Resolución)

Por otra parte, el punto 10.4.7. de la resolución transcribe esta diálogo entre los visitadores y el revisor fiscal y el contador de DMG:

Igualmente, al preguntárseles que “¿Con una rotación tan corta del pasivo diferido y con unos activos que no pueden hacerse líquidos como el caso de los cargos diferidos y otros que se madurarán a largo plazo como los deudores, la entidad cómo hace para atender esa demanda de bienes y servicios? ” a lo que contestaron “(…) Hay tres aspectos: 1) La rotación de los seis meses es la deseada más no la que se está dando. 2) hay pagos en efectivo por la no utilización de la tarjeta prepago y también hay pagos con la entrega de bienes. 3) El apalancamiento para atender retiros se da por la venta de nuevas tarjetas prepago y la recarga de las mismas tarjetas por clientes, es decir, por nuevos recursos que lleva el cliente. Por ejemplo: El cliente adquiere una tarjeta prepago por un millón de pesos, consume en bienes o servicios $800 mil pesos y luego recarga con otro millón de pesos (…).

Esto corresponde claramente a la definición de una pirámide.

La Superintendencia concluyó en el 2007 lo siguiente:

No obstante lo afirmado por los citados funcionarios del Grupo DMG S.A., lo cierto es que en el evento de presentarse retiros por montos importantes de estos dineros por parte de los clientes, no se observan recursos suficientes que permitan a la sociedad cumplir con dichas obligaciones, pues el apalancamiento depende de la venta de las tarjetas prepago. Además, los “Diferidos” cuantificados en $5.859.8 millones, por su naturaleza, no proporcionan efectivo y los “Deudores” por $5.262.6 millones madurarán en dos (2) años, según se desprende de lo manifestado por los mismos funcionarios.

Los deudores a que se refiere la Superintendencia Financiera son otras empresas del grupo DMG, como lo reconocieron los funcionarios de la captadora a los visitadores. Si se tratara de una entidad financiera, estaríamos frente a un caso de autopréstamo, que también es considerado un delito en nuestra legislación (una pregunta para los abogados lectores de este foro: ¿este delito también aplica a una captadora ilegal?. Si ello es así, porqué todavía no está contemplado dentro de los cargos contra el promotor de DMG?)

Los interrogantes de porqué no se intervino a tiempo a esta empresa, pese a que, como lo mostramos en nuestra anterior entrada, la Superintendencia Financiera tenía todas las herramientas jurídicas para hacerlo, siguen abiertos. El comentarista Juan López proporciona unas hipótesis interesantes, pero la discusión continúa. Ojalá el debate que se desarrollará en el Congreso de la República la semana entrante contribuya a responder esta pregunta.

lunes, 17 de noviembre de 2008

La crisis de las pirámides. ¿Se hubiera podido evitar?

La Superintendencia Financiera cambió de manera importante la manera de enfrentarse con los captadores ilegales de dinero. Ello pudo haber incidido en el tamaño de la crisis de las pirámides.

El tema del momento es necesariamente la crisis de las pirámides. Ello me obliga a dejar de lado el desarrollo del tema de las huelgas en el sector público, que les había prometido a los lectores de este blog.

Lo primero que se han preguntado muchos comentaristas es si las autoridades económicas hubieran podido hacer algo por evitar la proliferación de las pirámides y por frenar a tiempo su desarrollo. Otra pregunta: ¿por qué surgieron precisamente en estos momentos?

Para responder a lo anterior me he dedicado a examinar las resoluciones de años anteriores de la extinta Superintendencia Bancaria y a compararlas con las expedidas recientemente. Tarea difícil, puesto que la página web de la Superintendencia Financiera no tiene un motor de búsqueda, ni un índice que señale el contenido de las diferentes disposiciones emitidas por esta entidad.

De todas maneras esta labor arqueológica me ha permitido encontrar algunas resoluciones de interés, que traigo solo a título de ejemplo.

La Resolución 550 de 1997, después de establecer en los considerandos que las “actividades desarrolladas por la sociedad Diproco S.A., se enmarca dentro de los presupuestos de la captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización de la autoridad competente.”, ordena en la parte resolutiva la disolución de la empresa mencionada, y la liquidación rápida y progresiva de las operaciones realizadas ilegalmente” (art 1) , la inmediata guarda de los bienes y la colocación de sellos y demás seguridades indispensables, el inventario preliminar y detallado del activo de la sociedad (art 2) y además de ello, el nombramiento de un funcionario encargado de ejecutar las medidas adoptadas en la resolución.

La resolución 005 de 1999, establece en los considerados que las actividades desarrolladas por la señora Flor Alba Gonzáles Casallas se enmarcan dentro de los “presupuestos de la captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización de la autoridad pertinente”. Esto se logra como resultado de un informe de una visita adelantada quince días antes. En su parte resolutiva la Superintendencia ordena la “liquidación rápida y progresiva de las operaciones de captación masiva y habitual realizadas ilegalmente”, ordena la “inmediata guarda de los bienes y la colocación de sellos y demás seguridades indispensables” , y el “inventario preliminar y detallado de todos los bienes de la señora”.

La Resolución 736 de 1999 , logra establecer que las “actividades desarrolladas por el Instituto de Salud Royal Center S.A. se enmarcan dentro de los presupuestos de la captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización de la autoridad competente”. En su parte resolutiva “ordena la disolución de la Sociedad” , “la liquidación rápida y progresiva de las operaciones de captación masiva” , la “inmediata guarda de los bienes y la colocación de los sellos y demás seguridades indispensables”.

La Resolución 023 de 2000, establece que, a pesar de que la Compañía de Inversiones Emmaús Ltda no tiene la contabilidad al día, “se configuraría la condición prevista en el literal a) del artículo 1 del Decreto 1981 de 1988, para tipificar la posible actividad desarrollada por la sociedad como captación de dineros del público en forma masiva y habitual”. En la parte resolutiva la Superintendencia ordena la disolución de la sociedad mencionada y ordena la liquidación rápida y progresiva de las operaciones de captación masiva y habitual y la inmediata guarda de los bienes y la “colocación de sellos y demás seguridades indispensables”. Valga la pena señalar que en este caso la Superintendencia procedió con particular celeridad. A partir de una queja recibida el 1 de Diciembre de 1999, se ordenó una visita que se realizó entre el 15 y el 18 de Diciembre. La resolución tiene fecha 6 de Enero de 2000.

Contrastan las anteriores medidas con las tomadas en el período reciente. La resolución 1634 de 2007 , se refirió a la más grande empresa captadora informal de depósitos existente en la actualidad: DMG. Frente a preguntas que le llegan a la Superintendencia Financiera en los meses de Abril y Mayo de 2006, la SF organiza una visita. Como la empresa no le entrega información, “no fue posible conocer cuál era la verdadera actividad a la que se dedicaba esa compañía”. La segunda visita se realiza durante los meses de Julio y Octubre de 2006. La resolución solo se expide un año después: el 12 de Septiembre de 2007. Al final de la parte considerativa, la Superintendencia considera que a través del mecanismo de venta de las tarjetas prepago DMG dicha compañía se encuentra realizando un “ejercicio ilegal de la actividad financiera, manifestado en una captación masiva y habitual de dineros del público, sin contar con la debida autorización, conforme a los presupuestos contemplados en el artículo 1º del Decreto 1981 de 1988”.

A diferencia de las resoluciones mencionadas anteriormente, en las cuales se ordenaba la disolución de las sociedades investigadas y la toma de posesión de los bienes de ellas, en esta ocasión la parte resolutiva se limita a ordenar a la sociedad Grupo DMG la suspensión inmediata de las operaciones consistentes en la recepción de dineros del público mediante el mecanismo de las tarjetas prepago, ordenar la devolución de los dineros recibidos y la presentación de un plan de desmonte y devolución de los dineros captados ilegalmente.

Como todos sabemos y lo reconoce el Superintendente Financiero en entrevista concedida al diario El Tiempo ayer domingo , los propietarios de DMG crearon otra sociedad con nombre parecido y todo siguió igual.

Es indudable que ha habido un cambio importante en la manera en que la Superintendencia Financiera se ha enfrentado a los captadores ilegales de depósitos. ¿Qué motivó dicho cambio? ¿Hubo alguna norma en el entretanto que limitó los poderes de la entidad de control? O más bien ¿optaron los superintendentes y sus asesores jurídicos por darle una interpretación más restringida a las facultades legales de esta Superintendencia? en este caso, ¿consideraban que la Superbancaria había abusado de su poder en el pasado? ¿Fueron víctimas estos funcionarios del síndrome del empleado público, que, ante el temor de verse involucrado en problemas posteriores, decide no actuar, o hacerlo tímidamente?

Invito a los lectores a formular sus hipótesis.

sábado, 8 de noviembre de 2008

¿Son útiles las huelgas? (II) El caso del sector público

Recordemos algunos puntos de partida que señalamos en nuestra entrada anterior: las huelgas en general tienen la utilidad de que su amenaza puede forzar a las partes a adelantar una negociación responsable, a condición que ellas asuman los costos de la interrupción temporal en el contrato de trabajo. Los patronos sufren las consecuencias de la disminución en la producción, y los trabajadores no reciben remuneración.

Del principio de que las partes en la negociación son quienes deben asumir la mayor parte de los costos de una huelga no puede concluirse que no puede haber costos ( o externalidades negativas, para decirlo en término de economistas) para terceros. Aun una huelga en un sector competido de la economía puede traducirse en elevación temporal de precios para los consumidores, y en la disminución en su capacidad de escogencia. Es decir, es claro que el “excedente de los consumidores habrá disminuido”. También habrá costos para los proveedores de la empresa en huelga. El producto y el ingreso nacional van a caer. La existencia de esas externalidades no podría deslegitimar el derecho a la huelga.

Sin embargo, algunos sectores son definitivos en el bienestar general de la población y para la defensa de sus derechos fundamentales. Estas externalidades negativas serán más grandes en la medida en que el bien producido sea importante, y en que no existan sustitutos para los bienes producidos. El caso más extremo es cuando el productor es un monopolio.

Lo anterior nos lleva a hablar de las huelgas en el sector público. Normalmente, las entidades públicas son proveedoras monopólicas de un bien o servicio de naturaleza pública. Es decir, de aquellos bienes que no es posible, o no es eficiente, dejar a la iniciativa del mercado, tales como seguridad, regulación, construcción y mantenimiento de infraestructura pública, etc.

A la dificultad derivada de la existencia de una provisión monopólica, se añade otro inconveniente: los costos de la interrupción no son asumidos en su mayor parte por las partes que están negociando un diferendo laboral. Los patronos son este caso funcionarios públicos cuyo patrimonio no es afectado por la huelga. Asumen como máximo un costo político derivado del deterioro en la cantidad o calidad de los bienes ofrecidos a la comunidad. Los trabajadores, en la gran mayoría de los casos (si no en todos), continúan recibiendo sus salarios, así sea con retraso. Por lo anterior, ninguna de las partes tiene incentivos para adelantar una negociación responsable, y para propiciar una suspensión de la huelga.

La Organización mundial del trabajo acepta por otra parte que existan limitaciones en el derecho de huelga. Considera admisible prohibir este derecho en servicios que puedan poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”. ( ver aquí) . Puesto que la definición de los servicios esenciales depende en gran medida de las condiciones propias de cada país, ello es un asunto que se deja a las legislaciones nacionales. Acepta también la OIT que los funcionarios que ejercen autoridad a nombre del estado ( como legisladores o jueces) pueden ser excluidos del derecho de huelga. También señala que sería poco conveniente, o incluso imposible, “pretender elaborar una lista completa y definitiva de los servicios que pueden considerarse esenciales”.

Existen entonces bases sobre las que pueda avanzarse en la clarificación del derecho de huelga en Colombia para los funcionarios públicos. Hablaremos de esto en nuestra próxima entrada.

sábado, 25 de octubre de 2008

¿Son útiles las huelgas? Reflexiones desde la economía.

El agitado panorama laboral en el país debería conducir a una reflexión sobre el derecho de huelga y las condiciones en que debe autorizarse y ejercerse. Por ello me ha parecido oportuno plantear una consideraciones sobre el tema.

La huelga pueden analizarse simplemente como un instrumento de negociación entre un grupo de trabajadores (que actúan colectivamente) y sus patronos, cuando entre ellos no se han logrado poner de acuerdo sobre un cambio en las condiciones del contrato laboral. Desde ese punto de vista las huelgas, y por lo tanto el derecho a ellas, tienen un propósito útil desde el punto de vista de la eficiencia económica: la amenaza de huelga, por los costos que implica para las partes directamente involucradas, busca generar los incentivos para una negociación efectiva y responsable.

Desde ese punto, ¿Qué factores inciden en la probabilidad de ocurrencia de una huelga? Básicamente, la literatura económica sobre el tema ha identificado los siguientes:

a) Entre más “incompleto” sea el contrato laboral, mayor es la probabilidad de conflictos. Recordemos que, desde el punto de la economía, un contrato incompleto es aquel en el cual es imposible preveer todas las contingencias que puedan generarse en el futuro, y la manera como ello incidirá en los términos del contrato. No se pueden dejar establecidos en el contrato, por ejemplo, los términos precisos de los incrementos salariales periódicos, especialmente en economías inflacionarias.

b) La huelga puede presentarse si quienes deben definir la controversia laboral no asumen directamente los costos de la misma. En este caso, no tienen ningún incentivo para entrar en una negociación responsable. Esto nos puede explicar que en el sector público las huelgas pueden ser más frecuentes: los costos de éstas no los asumen las partes que negocian. La pérdida de bienestar social relacionada con la disminución en la producción de los bienes públicos no se traduce en una pérdida patrimonial para el negociador patronal, como sí ocurre en el sector privado. En segundo lugar, como lo común ha sido que se continúen pagando los salarios durante la huelga o que en el arreglo laboral se acuerde su pago (así sea bajo la forma de supuestos o reales “jornales adicionales para recuperar el trabajo perdido”), el costo asumido por los trabajadores huelguistas, en particular en el sector público, se traduce en el peor de los casos solo en un diferimiento del ingreso.

c) Para algunos autores que han estudiado las huelgas [1], estas son “accidentes”, derivados de deficiente información sobre los costos de la misma o sobre las posibilidades reales de negociación de la contraparte. La huelga es entonces una manera, ineficiente, de recaudar esa información.

Los anteriores puntos debieran ayudar a que una sociedad defina, de manera civilizada y pragmática, los términos de ejercicio del derecho de huelga. Propongo, en principio, los siguientes puntos, que someto a consideración y discusión de los lectores:

1) En general, las huelgas deben ser permitidas. Las partes de un conflicto laboral deben ser capaces de calcular los costos y los beneficios de ellas. Las condiciones de su desarrollo, contempladas en el Código Laboral colombiano (art 444 y siguiente) podrían en principio considerarse aceptables.

2) Debe hacerse un esfuerzo por hacer más completos los contratos laborales. Por ejemplo, la Ley 4 de 1992, así como algunas sentencias de la Corte Constitucional, introdujeron mayor certidumbre en la definición de los incrementos salariales en el sector público, lo cual ha disminuido las posibilidades de conflicto, así se haya sacrificado flexibilidad en la política fiscal.

A la luz de este principio puede examinarse el reciente paro judicial. Al definir el Congreso en 1992 que debería haber una “nivelación” de los trabajadores de la justicia, sin establecer los términos ni las condiciones de ella, generó expectativas tal vez irrealistas y creó las bases de futuros conflictos. Lo lógico hubiera sido que los propios congresistas, ya que quisieron meterse en el tema, hubieran definido de manera precisa las condiciones y costos de esa "nivelación", previas las consultas con las partes involucradas. De esta manera hubieran avanzado en hacer más “completo” el contrato.

3) La manera más eficiente de asignación de los costos de la huelga es si estos son asumidos directamente por AMBAS PARTES negociadoras. De otra manera no se incentiva que se hagan los suficientes esfuerzos por evitar la huelga o por lograr un rápido acuerdo si esta de todas maneras se presenta. Este principio se traduce, de una parte, en la necesidad de prohibir el “esquirolaje” para el patrono, y, por la otra, de aceptar como parte fundamental de las reglas del juego, que no haya pago de salarios durante el desarrollo de la huelga.

4) Un principio básico de política pública es evitar que un monopolio abuse de su poder para obtener remuneraciones por encima de lo que dictaría la eficiencia económica (el costo marginal del bien o servicio respectivo). Ello se traduce en el estímulo de la competencia o en la regulación de los monopolios naturales. Este principio debe también aplicarse a los trabajadores que desempeñan un papel monopólico en la producción de un bien o en la provisión de un servicio. Colombia tuvo que sufrir durante varias décadas (y lo sigue sufriendo, bajo la forma de pagos pensionales de magnitud) el abuso de ese poder por parte de los trabajadores portuarios, lo que trajo como consecuencia tarifas e ineficiencias adicionales, por ejemplo, en tiempos de cargue y descargue, que afectaban notoriamente la competitividad del país.

Un sistema de regulación de tarifas en estos monopolios, establecido y controlado de manera independiente a la entidad oficial que opera como “patrón”, debería operar como el instrumento para frenar esos abusos del poder monopólico. La empresa calculará hasta donde puede pagar salarios, habida cuenta de las tarifas máximas autorizadas. Los gerentes de la empresa y sus trabajadores sabrán que no pueden trasladarle a la sociedad bajo la forma de mayores tarifas cualquier acuerdo salarial a que lleguen, a no ser que pongan en juego la supervivencia misma de la empresa.
Lo anterior nos lleva a hablar de los trabajadores oficiales. Pero eso será tema de una próxima entrada.

[1] Hicks, en un artículo de 1931, señalaba que la mayoría de las huelgas eran resultado de negociaciones imperfectas. Sustentaba su opinión en el hecho de que ambas partes pierden en una huelga, y por lo tanto deberían saber que a ambos les conviene evitarla.

jueves, 16 de octubre de 2008

Del Plan Obligatorio en Salud (POS) al Plan Ilimitado en Salud (PIS)

Es común en algunos medios políticos, periodísticos e incluso académicos, que cuando se discuten los temas relacionados con el derecho a la salud, se parta de la base de que no es conveniente ni correcto aplicarle a estos temas principios económicos. El hecho de que la salud sea un derecho social reconocido en la Constitución, se argumenta, se opone a cualquier consideración económica.

Pero recordemos que la economía se ocupa de la manera como la sociedad se organiza para administrar recursos escasos. Y el tiempo de los médicos y enfermeras, los medicamentos, y los equipos e instalaciones médicas son escasos. Otra cosa es que se llegue a la conclusión de que un mercado absolutamente libre no constituye la mejor solución para asegurar una adecuada provisión de salud a los miembros de la sociedad. En ese caso se necesita una intervención estatal destinada a superar las imperfecciones del mercado; pero el problema de la escasez no desaparece.

Las anteriores reflexiones surgen a propósito de la lectura de la sentencia 760 de la Corte Constitucional sobre el derecho a la salud. Es un documento extenso (306 páginas sin anexos) e interesante. Contiene al final 30 disposiciones, la mayoría de ellas “órdenes” que los magistrados imparten al Ministerio de Protección Social y a la Superentendencia de Salud. Algunas de ellas ameritan ser examinadas a la luz de los incentivos de los agentes económicos involucrados. Voy a comentar hoy una de dichas disposiciones, y en sucesivas entradas a este blog me ocuparé de otras.

El punto 23 de la parte resolutiva ordena a la Comisión de Regulación en Salud que adopte las medidas necesarias para regular el trámite interno que debe adelantar el médico tratante para que la respectiva EPS autorice directamente tanto los servicios de salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), como los medicamentos , procedimientos e intervenciones explícitamente excluidos del POS, cuando estos sean ordenados por el médico tratante. Por otra parte, señala que hasta que dicho procedimiento no sea regulado, estas órdenes del médico serán puestas a consideración del Comité Técnico Científico (CTC) de cada EPS, Si el CTC niega un servicio médico, y posteriormente se obliga a su prestación mediante una acción de tutela, la Corte establecerá que “solo procede el reembolso de la mitad de los costos no cubiertos”.

Es conveniente examinar la disposición anterior a la luz de los incentivos de una EPS. La lógica es muy simple: si aprueba el procedimiento, el Fosyga ( que no tiene ahora ninguna posibilidad de objetar este concepto) le reintegrará el 100% de su valor. Si lo niega, y posteriormente debe proporcionarlo como consecuencia de una tutela, se le reintegrará el 50%. Enfrentada a esa alternativa, la EPS tenderá a autorizar todos los procedimientos, medicamentos e intervenciones recomendadas por el médico tratante.

El problema es que los recursos no son infinitos. Por ello en cualquier país del mundo donde existe seguridad social en salud, existen también limitaciones sobre los tratamientos y medicamentos cubiertos. Quien decide qué se cubre y qué no, es la agencia que se enfrenta a la restricción presupuestal, y que debe tomar esa decisión a la luz de reglas de carácter general que buscan maximizar los beneficios de unos recursos escasos. Por ello la ley 100 le dio la potestad de establecer el POS al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y la 1122 a la Comisión de Regulación en Salud.

Como consecuencia de la decisión de la Corte, me temo que vamos a pasar, no tan gradualmente, del Plan Obligatorio en Salud, a un Plan Ilimitado en Salud. Ojalá esto no sea el presagio de la quiebra del sistema de seguridad social en salud colombiano, que, a pesar de sus limitaciones, ha permitido aumentar considerablemente la cobertura en salud de la población pobre.

jueves, 9 de octubre de 2008

Alcance a la entrada anterior: El Tesoro sí invertirá en Bancos

En un esfuerzo por estimular la confianza de los mercados, el Secretario del Tesoro norteamericano acaba de anunciar que el Gobierno sí está dispuesto a participar en el capital accionario de bancos en dificultades. No aparecen todavía los detalles de la operación dentro del contexto del plan general de salvamento. Esta posibilidad no proviene de la Ley de Estabilización Económica de Emergencia: ya la tenía el Tesoro anteriormente, y fue lo que le permitió invertir en Fannie Mae, Freddie Mac y AIG.

miércoles, 8 de octubre de 2008

Dos maneras distintas de enfrentar las crisis financieras: la norteamericana y la británica

Una vez que ha comenzado un proceso de desapalancamiento de las entidades financieras ( ver nuestra entrada anterior) ¿qué puede hacer el Gobierno para enfrentar dicha crisis?

Recordemos en primer lugar, que el desapalancamiento significa que las entidades pierden capital, y por lo tanto capacidad de dar crédito. A partir de allí comienza a generalizarse la crisis al sector no financiero de la economía. Hoy son claros los síntomas de ese apretón crediticio y de recesión tanto en Estados Unidos como en Europa.

Así como en épocas de auge y crecimiento puede presentarse una burbuja en los precios de las viviendas, y de otro tipo de activos, como las acciones, en situaciones de crisis se puede presentar una “burbuja negativa”. Así como en una burbuja positiva los precios suben y esa valorización estimula nuevas compras, en una burbuja negativa los precios descienden, lo cual estimula las ventas, y los precios siguen descendiendo. Si a lo anterior se añade que los depositantes comienzan a retirar su dinero, la corrida bancaria obliga a los bancos a seguir vendiendo activos.

¿Qué pueden hacer los gobiernos y los bancos centrales, supremos responsables de la confianza en el sistema financiero, para detener un proceso de esa naturaleza? Los bancos centrales deben proporcionar liquidez, los gobernantes deben enviar un mensaje de calma, por ejemplo, otorgando una garantía total a los depósitos bancarios a fin de frenar la corrida bancaria, y deben diseñarse estrategias específicas para sanear el sector financiero. Un principio básico, que está recogido en la ley colombiana desde 1985, consiste en que las operaciones de salvamento no deben favorecer a los accionistas y administradores responsables de los manejos irresponsables que condujeron a la crisis.

A la luz de estos principio, cómo debe juzgarse la Ley de Estabilización Económica de Emergencia aprobada por el Congreso de los Estados Unidos la semana anterior? ¿Cómo enfrenta el problema del “desapalancamiento”?

La estrategia principal está basada en la autorización que se le da al Secretario del Tesoro para establecer un “Programa de adquisición de activos en problemas” ( sección 101 de la Ley).

Al comprometerse el Tesoro a comprar dichos activos tóxicos, en condiciones superiores a las que el mercado les reconoce, se supone que va a contribuir a restablecer un mercado por ellos. Es una manera de enfrentar el problema de la liquidez de los bancos.

Pero, ¿qué pasa si el problema no es de liquidez sino de solvencia, y el mercado así lo percibe? Para lo único que serviría el instrumento sería para que los bancos puedan atender los retiros de sus depositantes. No se soluciona el apretón crediticio.

Un problema de capital se enfrenta con capital. El Plan del Gobierno inglés propone por el contrario que el estado quede como accionista de las instituciones apoyadas, a través de la suscripción de acciones preferentes. Es un sistema más eficiente: con un millón de dólares de compra de activos, la capacidad crediticia de un banco se mejora en igual monto. Con un millón en el capital, dicha capacidad, gracias a las virtudes del apalancamiento, se mejora en US10 millones. Otra virtud de este esquema: los accionistas privados responsables ( por acción o por omisión) de la crisis comienzan a perder participación, a través de la dilución de su participación accionaria. En un evento extremo, el Banco quedaría nacionalizado.

A pesar de que la ley aprobada en el Congreso Norteamericano le da al Tesoro la posibilidad de invertir en las compañías apoyadas, esto se da bajo una figura más complicada ( ver art 113, literal d): el Tesoro recibirá una garantía del banco apoyado para que las pérdidas que tenga el Tesoro en la venta de los títulos sea compensada por este mecanismo. En este caso el Banco no recibiría capital neto adicional: se diluye la parte de los accionistas privados y aumenta la del Gobierno. Y ello solo se produce después de un tiempo considerable: cuando el Tesoro vaya a vender los activos.

De todas maneras, es claro que el Gobierno Norteamericano tiene la autoridad para invertir directamente en el capital de entidades en problemas, como lo hizo en los casos de AIG, Fannie Mae y Freddie Mac. ¿Por qué no se quiso insistir en esa posibilidad en la Ley aprobada? Uno se atrevería a pensar que el fundamentalismo ideológico de un número considerable de parlamentarios republicanos se oponía a cualquier cosa que sonara a ampliar la participación del Estado en la Economía. El sistema financiero norteamericano y mundial van a sufrir las consecuencias de esa intransigencia, como lo atestigua la desconfianza mostrada por los mercados accionarios frente a la aprobación de la ley.

martes, 30 de septiembre de 2008

Crisis financiera, apalancamiento y desapalancamiento

Uno de los temas que ha hecho de la actual crisis financiera algo particularmente peligroso es el fenómeno del desapalancamiento: proceso mediante el cual los bancos (término genérico que utilizo por comodidad), tratan de restablecer sus relaciones de solvencia a través de la venta de activos. El problema es que todos lo hacen al tiempo, depreciando el valor de esos activos.

Los profesores de finanzas, en nuestros cursos de planeación financiera o de finanzas corporativas hablamos de las ventajas del apalancamiento financiero. Al poder contabilizar los intereses como costo deducible para efectos tributarios (escudo fiscal), el empresario puede aumentar la rentabilidad de su empresa y por lo tanto su valor. Lo que impide que el apalancamiento sea excesivo es que el mercado castiga a una empresa demasiado endeudada. Los acreedores, al percibir una mayor probabilidad de quiebra, le cobrarán una mayor tasa de interés, hasta el punto de que esas mayores tasas hacen desaparecer la ventaja del “escudo fiscal”. Existe por lo tanto una estructura óptima de capital en la cual se maximice el flujo de fondos futuro, y por lo tanto el valor de la empresa.

No existe una fórmula exacta que permita calcular con certeza cuál es esa estructura óptima de capital. La Comisión de Regulación de Energía y Gas colombiana, por ejemplo, utiliza una relación de endeudamiento del 40% de los activos, para sus cálculos del costo promedio ponderado del capital de las empresas reguladas por ella.

Ahora bien, ¿cuál será esta estructura óptima tratándose de un banco? Normalmente el mercado y los reguladores no han sido tan exigentes, como por ejemplo, frente a una empresa textil. ¿Cuál es la razón? Se ha partido de la base de que los depósitos no pueden asimilarse a una deuda exigible, en la medida en que son estables. Es poco probable que todo el mundo retire su dinero al tiempo. Por otra parte la alta capacidad de apalancamiento desempeñaría un propósito económico beneficioso para la sociedad: gracias a ella las empresas y las personas disponen de más crédito, y el costo de éste puede ser más barato.

La contrapartida de ello es que los bancos deben ser rigurosos en el manejo del crédito. Con esos niveles de apalancamiento, si el 10% del valor de los créditos no se recupera, desaparece el capital del banco. Les conviene a los banqueros ser ortodoxos en la aprobación de sus operaciones de crédito.

Pero ¿qué pasa si gracias a la “titularización” pueden vender los créditos a un tercero, sea un fondo de pensiones, una compañía de seguros, u otro banco?Pues que le están pasando el riesgo a otro. Ello les permite colocar de nuevo otros créditos. El incentivo de seleccionar bien a los deudores comienza a erosionarse. Pero las altas razones de apalancamiento continúan. Esto fue lo que se generalizó desde principios de esta década, motivado, entre otras razones por la burbuja en los precios de la propiedad raíz.

Añadamos a ello que algunos bancos, aprovechando las debilidades de la regulación norteamericana, comenzaron a constituir los famosos “vehículos especiales de inversión” (SIVs), filiales no vigiladas (puesto que no tenían depósitos a la vista del público), especializadas en comprar estos activos representativos de hipotecas. Estas empresas podían tener un apalancamiento de 99%. De US100 en activos hipotecarios, US$99 estaban financiados por otros inversionistas, mediante títulos pomposamente denominados “papeles comerciales”. Rentable el negocio, pero altamente peligroso. Una caída en el valor de las hipotecas de un 1% llevaría a la desaparición del capital. Muchos bancos tuvieron que volar a socorrer sus SIVs, pues su quiebra pondría en riesgo su reputación, y el contagio se extendería a la casa matriz.

Un banco que pierda capital debe vender activos para equilibrar sus razones de solvencia. Y si todo el mundo vende, los precios de los activos siguen cayendo, y se profundiza ese círculo vicioso infernal. Un banco que haya perdido US1.000 millones de patrimonio, debe salir de activos por valor de US$10.000 millones. El desapalancamiento trae consecuencias desastrosas. Entre otras, que no es posible prestarle a nadie. La urgencia es conseguir efectivo.

Solo una masiva intervención oficial puede detener esa hemorragia. Ello explica la elaboración del Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP por sus siglas en inglés) elaborada por la Secretaría del Tesoro, y cuya aprobación en el Congreso de los Estados Unidos es incierta hastael momento. Su propósito principal es que el Gobierno compre esos activos "tóxicos" como se les venido en llamar, y por esa vía detenga su desvalorización. En una próxima entrada nos detendremos en el análisis de lo que salga del Congreso, si es que sale algo.

miércoles, 24 de septiembre de 2008

El informe sobre el desarrollo financiero del Foro Económico Mundial

El Foro Económico Mundial acaba de publicar por primera vez su Informe de Desarrollo Financiero, en un momento particularmente oportuno. Aparece precisamente cuando la crisis hipotecaria de Estados Unidos ha obligado a la Secretaría del Tesoro y a la Reserva Federal a cambiar completamente los esquemas de intervención sobre el sector, a oficializar entidades financieras, a proponer un gigantesco programa de ayuda financiado con recursos públicos, y cuando las cinco grandes firmas de banca de inversión (Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley, y Goldman Sachs) desaparecen, o son absorbidas por otros bancos tradicionales.

Llama la atención que el país que encabeza en dicho informe el ranking de desarrollo financiero es precisamente el que es hoy el epicentro de la crisis financiera: Estados Unidos. El índice cataloga a este país como el cuarto a nivel mundial en términos “Indice de Estabilidad” y el primero en el factor “Propiedad pública de bancos”. Es decir, es aquél donde el peso de la banca oficial es menor. Recordemos que, de acuerdo a la metodologia del WEF, una alta propiedad pública de los bancos es un factor negativo. Las cosas comenzaron a cambiar en la semana misma de presentación del informe, con la oficialización de Freddie Mac, Fannie Mae y AIG, los primeros, posiblemente, de una larga lista.

Lo anterior nos sirve para relativizar un poco estos informes. En momentos en que existe consenso general entre los estudiosos del tema, e incluso entre los candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos, de que la débil regulación sobre el sistema financiero facilitó que los bancos fueran notoriamente imprudentes en la administración de sus riesgos, no aparece en este informe un indicador sobre la calidad de la regulación financiera. Simplemente existe un indicador sobre el “burden of government regulation” (peso de la regulación económica), que envíe el mensaje de que menor regulación es siempre lo mejor. Esto es simplemente la consecuencia de la metodología: estos indicadores institucionales son el resultado de encuestas a ejecutivos. Valga la pena recordar que no siempre lo que le conviene a los empresarios individuales es lo que le conviene a la sociedad.

Aún con el beneficio de inventario con el que es necesario mirar estos informes, vale la preguntarse: ¿Cómo le fue a Colombia? Dentro de los 52 países estudiados, ocupamos el puesto 44 en el índice general de desarrollo financiero. Dentro de los países de América Latina fuimos superados ampliamente por Chile (30) y Panamá (32). Dentro de la región solamente estamos por arriba de Perú, Argentina, y Venezuela (último de la tabla). En ninguno de los grandes pilares del desarrollo financiero identificados por el WEF obtuvimos un ranking mejor que el puesto 35 (en el pilar ambiente de negocios). En el pilar mercados financieros obtuvimos un deshonroso puesto 47.

¿En qué indicadores específicos nos fue bien? Aparentemente somos los campeones mundiales en los “costos de cerrar un negocio”, es decir somos los más eficientes en acabar empresas. Suena mal, pero yo sí creo que un negocio que no esté generando valor a la sociedad, ni tenga posibilidades de recuperación, debe terminarse, rápido y al menor costo posible. Este indicador se calcula como porcentaje del costo del cierre como proporción del valor patrimonial del negocio, e incluye costos legales, honorarios de abogados y contadores, gastos administrativos de la liquidación, etc. Sería interesante el adelanto de un proyecto de investigación para estudiar este tema, a fin de corroborar o no esa honrosa posición en que nos han colocado los ejecutivos entrevistados por el WEF. Habrán tenido ellos en cuenta el hecho de que en la gran mayoría de liquidaciones decretadas judicialmente el patrimonio de los accionistas se reduce a cero, y que incluso no alcanzan a pagarse la totalidad de las deudas? He aquí un tema interesante de investigación.

Compartimos con 21 países (de América Latina, únicamente Brasil), el primer lugar en el indicador “vulnerabilidad a la dolarización”, que busca medir los riesgos en sistema de pagos derivados de una dolarización del sistema bancario doméstico. Los reguladores y los bancos aprendieron las lecciones de la crisis del 82 y del 99.

En el indicador “costo de registrar propiedades” ocupamos un puesto 18. A juzgar por las historias que comienzan a conocerse sobre la facilidad con la que los grupos ilegales han registrado a su favor propiedades arrebatadas a sus víctimas, tal vez lo que se necesita en este tema es una mayor vigilancia.

Estamos en los últimos lugares en “Depósitos bancarios con relación al PIB” (puesto 50), y superamos únicamente a Nigeria. ¿Qué le pasa a nuestro sector financiero? Será todo consecuencia del aberrante 4 por mil? Ocupamos el puesto 48 en “Deuda privada con relación al PIB”. Ojo, aquí no se trata de la deuda bancaria de las empresas o de los hogares. Estamos hablando de títulos transables de deuda nacional e internacional emitida por emisores corporativos privados. Ocupamos el puesto 42 en “disponibilidad de capital de riesgo”, el 43 en “facilidad de acceso al mercado accionario local, y el 41 en “Facilidad de acceso a préstamos”.

Con todas las limitaciones que pueda tener este informe, estudiarlo detenidamente nos puede dar luces sobre el estado de desarrollo de un sector clave para la competitividad del país.

jueves, 18 de septiembre de 2008

Algo más sobre los contratos de estabilidad tributaria: elucubraciones de un lego en temas jurídicos

Además de lo ya dicho sobre los contratos de estabilidad jurídica (CEJ) me parece conveniente señalar unos temas adicionales.

El Gobierno Nacional expidió el pasado 6 de Mayo el Decreto 1474. Con relación al Decreto anterior que regulaba la materia (2950 de 2005), se eliminó en el artículo 1 la referencia a la Ley 80 de 1993 como marco de referencia para este tipo de contratos y se incluye un parágrafo que dice lo siguiente: “ En los contratos de estabilidad jurídica no se exigirá la garantía única de cumplimiento”.

¿Cuál pudo haber sido la motivación de esta norma? Difícil saberlo por la misma norma, porque esta no tiene los famosos "considerandos". Apartándonos de lo legal, pensemos en principio en que la exigencia de una garantía en un contrato (tanto público como privado) tiene una clara justificación: desincentivar el incumplimiento de la contraparte. La obligación de estabilidad jurídica para el gobierno surge en el momento mismo en que se firma el CEJ. El inversionista privado se compromete a adelantar una inversión en los montos y cronogramas establecidos en el mismo, pero dicha inversión puede durar varios años. Así se ha establecido en la mayoría de los mayoría de los contratos firmados.

Tengamos en cuenta que el incumplimiento del contrato por parte del inversionista, según el art 8 de la Ley 963, se traduce en la terminación anticipada del contrato. Le hago una pregunta a los abogados que lean este blog (por favor incluyan sus respuestas en los comentarios) sobre un caso puramente teórico: una empresa firma un contrato en el año 0, comprometiéndose a realizar una inversión entre los años 1 a 5. En el año 1 se produce una reforma tributaria que sube el impuesto a la renta de manera general, pero no afecta a la empresa protegida, en virtud del CEJ. En el año 4 la empresa decide suspender su inversión, y el contrato termina anticipadamente. ¿Debe la empresa, tal como quedó la Ley 963, volver a presentar su declaración de renta y pagar los impuestos que dejó de pagar en los años 2 y 3? A mi manera de ver, pero dejo esto a consideración de los expertos jurídicos, la suspensión del contrato tiene efectos solo hacia adelante. No habría justificación para que la empresa revisara su declaración, ni la DIAN tendría ninguna posibilidad legal de exigírselo. Si son así las cosas, ¿no tiene pleno sentido pedir una garantía que desincentive ese comportamiento por parte del inversionista? Sin ella, y esa en principio es mi hipótesis, nadie será capaz de quitarle lo bailado (perdón, lo ganado). En estas condiciones la garantía tiene el mismo sentido de una políza por el buen manejo de un anticipo en un contrato de obra pública.

Otra pregunta, también para abogados: ¿podía quitar el decreto 1474 la referencia a la Ley 80 como marco rector de estos contratos? Como decia un amigo, yo no soy abogado, pero se leer. El artículo 7 de la Ley 1150 ( que reformó la Ley 80) sobre contratación pública establece que los “contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato”. El párrafo siguiente señala que las “garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros… en garantías bancarias, y en general en los demás mecanismos de cobertura de riesgo”…

Para mí, lego en estos temas jurídicos, no habría duda de que los CEJ están regidos por las Leyes 80 y 1150, aplicables, como lo dice su artículo 1 de ésta, a TODA contratación con recursos públicos. . Ello porque, al renunciar el Estado a un probable incremento de ingresos producto de una posible reforma tributaria, está gastando recursos públicos. ¿Será que esta lógica financiera es incompatible con la lógica jurídica? Por favor abogados, una luz sobre el tema.

martes, 9 de septiembre de 2008

A propósito del rescate de Freddie Mac y Fannie Mae.

Cuando las entidades financieras entran en dificultades, los organismos de regulación y vigilancia, así como los Bancos Centrales, tienen un dilema formidable: ¿ayudar o no ayudar?

La ortodoxia aconsejaría lo segundo. ¿Porqué se debe ayudar? ¿Acaso los responsables de las pérdidas no son los mismos banqueros? ¿No deben por lo tanto asumir las consecuencias de sus acciones? (razones de justicia). El rescate con fondos públicos de los bancos en dificultades tiene el inconveniente adicional de que ayuda a desarrollar un peligroso riesgo moral en el comportamiento de los banqueros: puesto que se sabe que el Gobierno vendrá al rescate, lo mejor es tomar altos riesgos, invirtiendo en papeles y en créditos altamente rentables. Si el negocio funciona, y los riesgos no se materializan, habrá aumentado la utilidad. En caso contrario, es el contribuyente quien asume las consecuencias, a través de los recursos necesarios para rescatar las entidades en dificultades.

Sin embargo, la experiencia mundial ha enseñado que esa ortodoxia no es sostenible. Entre otras razones, por las externalidades negativas asociadas a una quiebra bancaria. Esta puede producir un temor generalizado sobre la estabilidad de todo el sistema financiero, que termina afectando a bancos que están en buenas condiciones. Estos pierden depósitos, deben entonces vender activos a precio de quema y contabilizar las pérdidas. Se erosiona su patrimonio, pierden posibilidad de otorgar crédito, y todos los sectores económicos, así como el ingreso de los hogares, termina afectado. Así como un incendio debe ser combatido con recursos públicos (el cuerpo de bomberos) sin consideraciones sobre el riesgo moral asociado a los posibles descuidos de quien permitió que el incendio se presentara, las autoridades financieras no tienen otra alternativa que evitar la desaparición de un banco, especialmente si éste es de un tamaño importante (fenómeno llamado “too big to fail”).

Este pragmatismo lo demostró el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al intervenir a las dos grandes empresas intermediarias del mercado de hipotecas norteamericano: Freddie Mac y Fannie Mae (ver aquí los detalles de la operación, explicados por el Secretario del Tesoro). A pesar de ser de capital privado, estas empresas disfrutaban del privilegio, no explícito pero nunca desmentido, de que sus pasivos estaban respaldados por el Tio Sam.

La fórmula no se diferencia mucho de la que aplicó el Gobierno colombiano con algunas entidades en la crisis de finales del siglo XX. Se apoya a las entidades con recursos de liquidez, se anuncia explícitamente el respaldo del gobierno a sus pasivos distintos al capital y se manifiesta claramente la intención de capitalizar el banco con recursos públicos. Para evitar el riesgo moral, los accionistas ven diluida su participación. Las pérdidas son contabilizadas, el precio nominal de la acción disminuye (operación acordeón en el argot criollo) y solo en ese momento se produce la capitalización.

Este era el esquema que tenía previsto el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (y que todavía está vigente, aun cuando enriquecido con novedosos sistemas de intervención) el siglo pasado. Así se procedió con varias entidades, entre ellas con una gran interviniente en el mercado de hipotecas en Colombia: Granahorrar.

Pero recordemos que en un fallo reciente el Consejo de Estado (consultarlo aquí) ha considerado ilegal esta intervención y ha establecido, que el Estado (a través de Fogafin y de la Superintendencia Financiera) les debe devolver a sus accionistas el dinero que habían perdido en la crisis de la entidad, con sus respectivos intereses.

Este fallo deberá ser revisado en acción de tutela por la Corte Constitucional. De mantenerse, en la próxima crisis los organismos de vigilancia no tendrán sino dos alternativas: dejar quebrar el banco en dificultades (y por lo tanto dejar propagar el incendio) o apoyarlo con recursos públicos, sin sacrificar a los pobres accionistas responsables de la situación. Es decir consagrar definitivamente el riesgo moral en el comportamiento de los banqueros. ¿Cuál de las dos alternativas es la más peligrosa?

Dejo esta pregunta a consideración de los lectores.

Nota: Me siento obligado, por ética periodística (o blogística, para ser más precisos), a informarle a algunos de los lectores que no lo saben, especialmente los más jóvenes, que el autor de este blog tuvo responsabilidades en las decisiones tomadas con relación a Granahorrar en el momento de la crisis.

jueves, 4 de septiembre de 2008

Los contratos de estabilidad jurídica y la generación de empleo


Como continuación de la reflexión sobre los contratos de estabilidad jurídica, quiero concentrarme en esta entrada en el blog en las cláusulas relacionadas con la obligación de generar empleo.

Quiero dejar en claro que no me parece adecuado obligar a un empresario a contratar trabajadores. Tampoco premiarlo porque lo haga, ni castigarlo porque no lo haga. El empleo que se genere en la economía debe ser un empleo productivo, es decir, que genere a la sociedad un aporte claro en términos de bienes y de servicios producidos con costos competitivos. Es decir, el mejor empleo es el generado autónoma y voluntariamente, con los incentivos que el funcionamiento normal de la economía le dan al empresario. Si existe un clima favorable para la inversión y el crecimiento, se generará empleo.

Pero como los defensores de los contratos posiblemente van a mostrar las bondades de este instrumento como mecanismos de generación de puestos de trabajo, vale la pena examinar lo que dicen los contratos firmados. En la tabla de arriba incluyo los compromisos firmados por las empresas en relación con sus obligaciones en este frente. La fuente, nuevamente, son los contratos firmados hasta el momento. Recuerdo que el lector que quiera consultarlos ( no todos los firmados, porque algunos no han sido publicados) los puede consultar aquí
Examinando la tabla, me surgen las siguientes reflexiones:

a) En algunos casos, la cláusula está redactada en términos absolutamente ambiguos: obligación para el inversionista de generar la cantidad “aproximada” de 2973 empleos indirectos (caso de Bavaria). Que representa una obligación en un contrato cuando se establece que la cifra es “aproximada?”. ¿Aceptaría un banco que yo le propusiera un pagaré en el cual me comprometo a pagar “aproximadamente” el valor de una deuda?

b) En este caso no hay ninguna obligación en términos de empleos directos. Pero, ¿cómo se pueden medir los empleos indirectos? Es absolutamente subjetivo el cálculo de esta variable en cualquier actividad económica. Estos números no dependen de la voluntad del inversionista. Variables como la composición entre importaciones y producción nacional de los insumos adquiridos por el inversionista, tecnologías de producción utilizadas, etc. son las que van a determinar el número efectivo de “empleos indirectos”. El Estado no puede obligar a que los proveedores del inversionista, que no son parte en este contrato, adquieran obligaciones sobre importaciones o sobre tecnologías. Por otra parte, no es posible atribuir los empleos generados en un proveedor exclusivamente al inversionista, a no ser que éste sea su único cliente.


c) Los empleos a que se hace referencia en estos contratos están asociados exclusivamente a la inversión. Es decir no se derivan de la ampliación de la capacidad productiva de la empresa. No existe ninguna cláusula de permanencia de empleo generado durante el tiempo de vida del contrato de estabilidad jurídica. No es de descartar que la inversión, por ejemplo si de trata de construcción de nuevas plantas que reemplacen a las anteriores, o de inversiones asociadas a la adopción de nuevas tecnologías, pueda arrojar un resultado neto negativo en el número de trabajadores vinculados a la empresa. Yo no critico eso, ni creo que el Gobierno debiera castigar a la empresa por hacerlo. Lo que no me parece es que ello deba ser premiado a través de incentivos.





martes, 26 de agosto de 2008

Leyendo los contratos de estabilidad jurídica

Como curiosidad, he estado leyendo algunos de los contratos de Estabilidad Jurídica firmados por el Gobierno Nacional y algunas empresas colombianas.(los pueden encontrar aquí ) Mi propósito académico, conjuntamente con dos estudiantes del doctorado de esta facultad, es el de analizar la racionalidad del Gobierno en ofrecer, y la de las empresas en aceptar, este tipo de contratos, mediante los cuales se estabiliza la normatividad tributaria para las empresas que los firmen. Sin embargo, al leer el texto de algunos de estos contratos, he encontrado algunas situaciones que he considerado necesario compartir con los lectores de este sitio.

Recordemos en primer lugar que la Ley 903 de 2005 autorizó al Gobierno a firmar estos contratos, con el fin de garantizar a los inversionistas que los suscriban que “si durante su vigencia se modifica en forma adversa a éstos alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinantes de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúa aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo”. .

Voy a señalar algunos puntos que me han llamado la atención. En sucesivas entradas tendremos oportunidad de señalar algunos temas adicionales.

1- En primer lugar, la amplitud de las normas cubiertas por la garantía tributaria. Los contratos protegen a las empresas frente a diversas eventualidades de la normatividad tributaria, en otros casos del Código Sustantivo del Trabajo, del Estatuto Penal Aduanero, así como a conceptos jurídicos de la DIAN ( en el futuro, la DIAN no podrá cambiar su manera de pensar). Las empresas que solicitaron los contratos, obviamente incluyeron la protección frente a cláusulas ampliamente polémicas, como la deducción por inversión en activos fijos, contemplada en el artículo 8 de la Ley 111 de 2006, mediante la cual el 40% de la inversión la paga el resto de contribuyentes, y el régimen ampliamente generoso de zonas francas, establecido por la Ley 1004 de 2005, mediante el cual los usuarios de estas zonas pagarán un impuesto a la renta de solo el 15%.

2- Es normal que una reforma tributaria reduzca los ingresos mediante un determinado mecanismo (por ejemplo, eliminando una exención o un descuento) y los trate de compensar aumentándolos con otro (por ejemplo reduciendo la tarifa). La protección tributaria que protege a las empresas firmantes no hace referencia a una tarifa efectiva pagada (por ejemplo con relación a las utilidades), sino a la estabilidad de las normas, solo en el caso en que sean adversas al inversionista. En el caso en que las nuevas normas sean favorables a él, le será aplicable la nueva normatividad. Es decir, no hay manera de que el Congreso pueda, en su iniciativa legislativa, compensar normas. Si trata de hacerlo, disminuirán los ingresos públicos, especialmente los que provienen de los grandes contribuyentes que hayan firmado estos contratos.


3- En uno de los contratos examinados (caso de COMERTEX S.A), la inversión ya se había realizado.(ver parágrafo de la cláusula segunda) en el momento de la firma del contrato. Es decir, no es acertado afirmar (como se dice en la cláusula tercera) que la estabilidad de las cláusulas hubiera sido determinante de la decisión de invertir. Esto puede demostrar otra cosa: en algunos casos, lejos de estimular inversión adicional, estos contratos están protegiendo una inversión que de todas maneras se iba a realizar.


4- La prima, en virtud de lo establecido en la Ley 963, equivale al 1% de la inversión que se realice en un año. Curioso mecanismo de incentivar la inversión: al solicitante del contrato le convendrá comprometerse con montos pequeños, pero su efecto se aplicará sobre todas las operaciones de la empresa.


5- En algunos contratos (ver cláusula séptima del contrato con Bavaria), la garantía de estabilidad jurídica se amplía a la totalidad de la actividad económica del inversionista. Pensemos en una posible consecuencia: todas las empresas que adquiera esta empresa de ahora en adelante gozarán por contagio de la protección jurídica, sin que ello se traduzca en un aumento de las obligaciones del inversionista. Esto estimulará adquisiciones motivadas exclusivamente por fines tributarios. Lo lógico es que aumente la concentración del poder económico y de la riqueza.

Son muchos los otros puntos curiosos que he encontrado, pero por ahora quisiera dejar aquí. En una próxima entrega señalaré otros adicionales

Se que hay personas que defienden estos contratos. Los invito a que nos expliquen en los comentarios el sentido de las cláusulas comentadas. Si usted conoce a algún defensor de esta normatividad, por favor, envíele un link a este blog, e invítelo a que consigne sus opiniones.

domingo, 24 de agosto de 2008

Econometría y medallas olímpicas


En un artículo publicado en 2004, los profesores Andrew Bernard y Meghan Busse , de la Escuela de Negocios Tuck de la Universidad de Dartmouth y de la Universidad de California-Berkeley respectivamente, desarrollaron un modelo para explicar el total de medallas de un país en los juegos olímpicos de verano (1) El profesor Bernard aplicó dicho modelo para tratar de predecir el número de medallas ganadas por los principales países competidores en las olimpíadas de 2008. ( Ver aquí)

Básicamente el modelo explica el comportamiento deportivo de un país (medido por su participación en el total de medallas otorgadas) como resultado de los siguientes factores:

a) Tamaño de su población. Entre más grande sea un país, es más probable encontrar en él atletas de talla mundial.
b) PIB per capita. La riqueza incide en los resultados deportivos. En primer lugar, un país más rico dispone de mayores recursos, tanto en el sector privado como en el Gobierno, para destinarlos a los deportes. La población tiene más tiempo libre para dedicárselos a los deportes. En fin, dicho país tiene mejores niveles de nutrición y de salud, que inciden en el desempeño de sus atletas.
c) Existe un efecto rezago en el modelo. La idea es que el esfuerzo que un país ha hecho en una olimpíada se refleja en los juegos siguientes. El número de medallas obtenida en la olimpiada anterior es entonces una variable que entra en la función.
d) En fin, existe un efecto “país sede”. El jugar de local, lo sabemos los aficionados, incide en el ánimo de los jugadores y en la disposición de los jueces.

El profesor Bernard aplicó su modelo para predecir la repartición de medallas en las olimpiadas de 2008 La tabla adjunta muestra el número de medallas proyectadas y el número de medallas efectivamente obtenidas.

Como se aprecia, en los casos de Estados Unidos, Italia y Francia el modelo proyectó razonablemente bien el número de medallas. Los resultados obtenidos se alejaron bastante para China ( número obtenido superior) , Grecia ( número obtenido inferior), Rusia y Japón. Posiblemente los autores van a tener que ajustar su modelo para aumentar el coeficiente de la variable “país sede” (Como se recuerda Grecia fue sede de las olimpiadas del 2004, y China del 2008). Dada la hostilidad histórica entre Japón y China, no es de descartar que el primer país hubiera sufrido en mayor proporción el efecto país visitante.

En fin, por simple curiosidad hice el cálculo de cuántas medallas debería haber ganado Colombia en las olimpíadas del 2008, aplicando los coeficientes calculados por los profesores Bernard y Busse en su artículo del 2004, utilizando los datos de población estimada para el 2008 (fuente DANE), PIB per capita estimado en dólares y número de medallas alcanzadas en el 2004. Me dio el resultado absurdo de que nuestro país ha debido ganar 4 medallas, frente a 2 obtenidas realmente. No es aplicable el modelo para países pequeños desde el punto de su peso en la economía mundial, y con poco número de medallas en los anteriores juegos. .

Sin embargo, se pueden hacer las cuentas de otra manera. Tanto el PIB per cápita como la población se pueden asimilar a una sola variable: PIB total. Nuestra participación en el PIB mundial total (medido en dólares a tasas de cambio de mercado, según datos del Banco Mundial) es el 3.1 por mil. Nuestra participación en el total de medallas otorgadas es del 2.1 por mil. No nos faltó sino una medalla para estar al nivel que nos merecemos según la importancia económica de nuestro país.

(1) Who wins the olympics games: economic ressources and medal totals. The Review of Economics and Statistics, February 2004 . 85(1), 413-417.

jueves, 14 de agosto de 2008

Una renegociación masiva e inconveniente

En su sesión del pasado 18 de Julio el CONPES autorizó la renegociación de 21 contratos de concesiones viales, por un valor total de más de dos billones de pesos.
En todos los casos estas renegociaciones suponen erogaciones adicionales de los colombianos a los contratistas responsables de las obras, sea mediante peajes o mediante erogaciones directas del presupuesto nacional. La decisión tomada es sorprendente, tanto por su monto, como por el procedimiento adoptado. Veamos porqué

Cuando se estaba discutiendo la ley que iría a reformar la Ley 80 de 2003, sobre contratación pública, se incluyó, y no tenemos claro por iniciativa de quién, un artículo que decía: “Las concesiones sometidas a la ley 80 de 1993, actuales y futuras no podrán adicionarse en inversiones acumuladas superiores al 60% del valor actualizado del contrato, entendido éste como la sumatoria de los recursos previstos para el pago de un contrato de concesión”. Bajo el ambiguo lenguaje prohibicionista, lo que en realidad estába haciendo este artículo era autorizando renegociaciones hasta del 60% del valor de los contratos. El debate que sugirió esta proposición se zanjó con el requisito de que “toda prórroga o adición a contratos de concesión de obra pública nacional requerirá concepto previo favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social –Conpes”. Así quedó el artículo 28 de la Ley 1150 de 2007.
Quienes tenemos alguna experiencia de lo que ha sido un documento CONPES nos imaginamos que este requisito permitiría que las renegociaciones fueran un procedimiento absolutamente excepcional, y que las razones y términos de estas renegociaciones quedarían plenamente justificados ante quienes deban tomar estas decisiones: los ministros miembros del CONPES y la opinión pública.

Sin embargo, el documento 3535 sorprende por su concisión y su simpleza. No aparece la justificación ni las condiciones en que se van a presentar las renegociaciones. Simplemente se le ordena al Ministerio de Hacienda que antes del 31 de Julio ( 12 días calendario después del CONPES) defina los lineamientos en materia de tasas y riesgos para los 21 contratos renegociados. Pobre Ministro y demás funcionarios del Ministerio. ¿Cómo pudieron asumir semejante responsabilidad?

Para que el sistema de concesiones genere los incentivos adecuados en el comportamiento de los entes públicos y de los concesionarios, es necesario que se eviten en lo posible las renegociaciones. En la medida en que ellas se presenten de una manera frecuente, inducen comportamientos oportunistas, tanto por parte de los concesionarios como del propio gobierno, y le quitan seriedad y efectividad al mecanismo.

Si las renegociaciones, lejos de ser una situación excepcional, se generalizan, como en la práctica se está haciendo,no habrá mayor incentivo por parte de la entidad oficial concesionante por diseñar adecuadamente las condiciones de la concesión. “Contratemos ya, que por el camino arreglaremos las cargas”, se convertirá en el leit- motif de un ministro o de un secretario de obras ansioso por mostrar resultados, aún si ello significa asumir sobrecostos o imperfecciones técnicas.

Frente a la certidumbre sobre la posibilidad de la renegociación, no existe incentivo por parte del contratista para someterse a los términos del contrato firmado. Y si se sabe que la promesa se puede incumplir, ello incidirá en la calidad de las promesas, es decir en las ofertas que se presenten en el momento de la licitación. El planteamiento al interior de la firma concesionaria sería más o menos el siguiente: “ganémonos la licitación prometiendo lo que sea en términos de calidades de obra o remuneración esperada, ya que una vez adjudicada la concesión, podremos renegociar los términos del contrato. Con la gran diferencia que en esta negociación uno a uno frente al Estado, no habrá un competidor dispuesto a ofrecer la realización de las obras adicionales por un valor menor al solicitado por nosotros”. El concesionario se habrá convertido en un proveedor monopolista del bien o servicio ofrecido, y sabrá aprovechar dicha ventaja negociadora frente a un funcionario público ansioso por inaugurar y por mostrar resultados tangibles. La corrupción encontrará allí una oportunidad de oro.

Es hora de que el propio Congreso y los organismos de control taponen la inconveniente ventana que se ha abierto para el desperdicio de los recursos públicos.

lunes, 4 de agosto de 2008

A propósito del paro de camioneros

El paro de transportadores de carga nace de la ilusión que tiene su gremio, y que ha sido alimentada por el Ministerio de Transporte, (ver por ejemplo el Decreto 2663 de 2008), de que es posible controlar las tarifas negociadas entre los remitentes y los transportadores. Es decir, que es posible derogar por decreto la Ley de la Oferta y la Demanda. Como si se tratara de un monopolio natural el Gobierno y los transportadores quieren montar un sistema de regulación de precios en un sector ampliamente competido. Además, a diferencia de la regulación de monopolios naturales, en la cual se busca establecer precios o remuneraciones máximas, se busca establecer precios mínimos.

Es claro que ciertos factores han incidido en el incremento de la oferta de camiones en el período reciente. Y conste que no hablo de sobreoferta. Este último término, como lo sabe cualquier economista, es profundamente relativo.

Estos factores son los siguientes:

a) La revaluación, que ha abaratado el costo de camiones importados, y el costo del componente importado de los camiones ensamblados en el país.
b) La deducción por inversión en activos fijos establecida en el artículo 8 de la Ley 1111 de 2006. Como se recuerda, los contribuyentes pueden deducir de su impuesto a la renta el 40% del valor de las inversiones efectivas realizadas en activos fijos productivos. Si se quería estimular la inversión, así sea de la manera más artificial posible (el resto de contribuyentes paga dicho 40%), no es de extrañarse que esta haya aumentado, incluyendo en equipo de transporte.
c) En fin, como otros sectores de la economía, el negocio de transporte terrestre puede ser una oportunidad interesante para lavadores de dinero.
d) Si se establece una tabla de fletes bastante más alta que los costos de prestación del servicio, las empresas generadoras de carga, especialmente las de mayor tamaño, optarán por comprar sus propios camiones, o adquirirlos por vía de leasing ( recuérdese que esta opción también está favorecida con la deducción de activos fijos).

Si de verdad el Gobierno quiere frenar la inversión en esta actividad, debería enfrentarla atacando cada una de estas causas: diminuyendo el déficit del gobierno central que contribuye, vía tasas de interés y oferta de dólares provenientes del endeudamiento, a la revaluación; acabando con la absurda deducción por inversiones en activos fijos, y atacando el lavado de dinero.

Se ha querido por otra parte importar al sector de transporte de carga la dudosa experiencia de la “chatarrización” de los buses urbanos. Consiste ésta básicamente en que el retiro de la vida útil de activos fijos sea financiado con recursos de todos. El día de mañana veremos a las compañías aéreas pidiendo para la chatarrización de sus aviones, a los textileros pidiendo para la chatarrización de telares, a los empresarios siderúrgicos para reemplazar sus hornos, y así al infinito.

El Gobierno debe decirles a los transportadores la verdad, así esta sea dura: no es posible controlar administrativamente las tablas de fletes. Ello porque no es posible poner toda la autoridad Estatal a vigilar que la información que conste en los manifiestos de carga corresponda a la realidad. Ello supondría montar un ejército de auditores e investigadores a defender los intereses de un sector específico. No vale la pena el costo social de semejante esfuerzo.