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domingo, 29 de noviembre de 2009

¿Cómo va el índice Big Mac?

En entradas anteriores he venido publicando mis comentarios sobre la evolución del índice Big Mac para Colombia. Utilizando la metodología desarrollada por la revista The Economist desde 1985, se trata de comparar el precio de una hamburguesa Big Mac en el país (en pesos) con el del mismo producto en USA (en dólares). La tasa de cambio pesos por dólar así obtenida (tasa implícita) se compara con la de representativa del mercado, publicada por la Superintendencia Financiera, y a partir de allí se puede calcular si la moneda colombiana está sobrevaluada (TRM pesos por dólar, inferior a la tasa implícita), o subvaluada (caso contrario).

Entre Agosto y hoy ha pasado algo extraño. El precio de la Big Mac en Colombia subió de $7000 a $8200 (un 17%), pese a que el índice general de precios al consumidor descendió en el mismo período un 0,2%. ¿Qué llevó a la multinacional Mac Donald’s a subir en tamaño proporción los precios de este bien? (no tengo claro si fue un alza generalizada en sus productos o se concentró en la Big Mac).

Una posible explicación, proporcionada por una alumna de mi curso de MBA, es le de que, dada la revaluación, la filial en Colombia se estaría quedando corta en lograr el cumplimiento de sus presupuestos de ventas y utilidades, que normalmente se calculan en dólares. Al revaluarse la moneda, los ingresos en dólares caen. Para aproximarse al cumplimiento de los presupuestos no habría mas remedio que subir los preciso Pero la reacción de la empresa suscita interrogantes. El índice Big Mac supone que el precio está relacionado con los costos de producción, en la medida en que esperaríamos que la comida rápida se comportara como un mercado de competencia perfecta. Esto quiere decir que si una empresa decide aumentar autónomamente los precios, con el propósito de mejorar sus márgenes, la abundancia de bienes sustitutos (Presto, El Corral, etc para el caso analizado), le haría perder participación en el mercado. Si Mac Donald’s Colombia puede mejorar sus indicadores simplemente aumentando sus precios, los supuestos sobre los que se basó la revista The Economist para escoger esta mercancía como emblema de la teoría de la paridad del poder de compra no podrían aplicarse. Quiero dejar planteada esta paradoja, y que los lectores sugieran sus hipótesis sobre ella.

El hecho es que la tasa implícita en el mes de Noviembre es de $2297, frente a una tasa representativa del mercado de $1974,50. Quiere ello decir que el peso está sobrevalorado en un 14%. Deberíamos entonces normalmente esperar una devaluación de ese monto. El problema es que no es posible saber cuándo se produzca.

Por otra parte, en el mes de Agosto pasado la Unión de Bancos Suizos publicó
su informe sobre precios e ingresos correspondiente al año 2009. Uno de los indicadores que utiliza esta publicación para medir el comportamiento de los precios y de los salarios en diferentes ciudades del mundo es precisamente el derivado de hacerse la pregunta: ¿Cuántos minutos necesita un trabajador promedio en cada ciudad para ganar lo suficiente para adquirir una hamburguesa Big Mac? Las respuestas para algunas de estas ciudades están en el cuadro adjunto, conjuntamente con los datos obtenidos en los años 2006 y 2003.




Como se ve, dados los salarios y precios en Colombia, un trabajador bogotano necesita trabajar 58 minutos para ganar los ingresos que le permitan adquirir una Big Mac, cuatro veces más que alguien de Nueva York, cinco veces más que su colega de Tokio, y dos veces más que el de Madrid.

En los anteriores informes de UBS, Bogotá se situaba entre las ciudades en las cuales esa mercancía era más inalcanzable para los trabajadores: se necesitaba más de noventa minutos de trabajo para adquirirla. Dos hechos se han producido en Colombia. En el 2003 el salario neto (es decir sin tener en cuenta los impuestos a la nónima y las contribuciones a la seguridad social) por hora, calculado por UBS, era en Bogotá de US1,90, y pasó a ser de US3,40 en el 2009 ( es decir, un incremento del 80%). Según mis cálculos, un 52% de ese incremento puede explicarse por la revaluación del peso (que aumenta el valor en dólares del salario) que fue entre mediados de 2003 y del 2009 de un 23%. El otro 47% debería poder explicarse por el incremento en los salarios reales entre la muestra de profesiones seleccionada por UBS.

Como lo reconocen sus autores1 , los datos de UBS no pretender ser representativos de los salarios de un país. Su tabla de ingresos y salarios cubre 14 profesiones en total, y el objetivo es lograr esa comparación entre profesiones formales (gerentes, ingenieros, operadores de sistemas, etc) alrededor del mundo.

Ello me ha llevado a proponer un indicador distinto: cuántos minutos necesita un trabajador colombiano que gane el salario mínimo para comprar una Big Mac? En el año 2006, el salario mínimo por minuto era de $28,30 y el precio de la hamburguesa era de $6900 (este último dato lo tomo de registros personales). Es decir, se necesitaban 243 minutos de trabajo. Hoy en día, con un salario por minuto de $34,50 se necesitan 237 minutos, es decir cuatro veces màs que el "trabajador típico" bogotano reportado por el informe de la UBS. Ahora bien, en términos de la capacidad adquisitiva de hamburguesas Big Mac, la mejora del salario real para una persona que gane el mínimo, ha sido en Colombia del 2,4% en esos años.

1- UBS. Prices and earnings, 2009. A comparison of purchasing power around the globe. Pag 26.

domingo, 15 de noviembre de 2009

Respuesta a la Ministra de Comunicaciones sobre el costo de las TIC

Transcribo a continuación la respuesta que le he enviado a la Ministra de Comunicaciones, a propósito de mi columna publicada en el diario el Tiempo el pasado 3 de Noviembre. Esta columna resumió algunos de los planteamientos que hice en mi entrada del 10 de Octubre de este blog.

A continuación, la carta enviada



Bogotá, 14 de Noviembre de 2009

Doctora
MARIA DEL ROSARIO GUERRA DE MESA
Ministra de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
Ministerio de Comunicaciones
Bogotá.


Apreciada Ministra:

Me refiero a su carta del pasado 5 de Noviembre, motivada por mi columna “El Alto costo de las TIC en Colombia”, publicada en el diario EL TIEMPO el pasado 3 de Noviembre. Me voy a referir a continuación a cada una de las observaciones planteadas en su comunicación.

Indicador del subíndice “Acceso a TIC”.

Es cierto que en el informe 2009 del índice de desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), el dato de suscriptores de Internet por cada 100 habitantes correspondiente a Colombia está en blanco 1. Sin embargo, no es correcto afirmar que la UIT haya utilizado el mismo indicador de penetración del año 2003, dejando a Colombia con una proporción de hogares con Internet del 5,6%. El informe de la UIT en su anexo metodológico señala la manera como se estiman los datos faltantes y utiliza como ejemplo precisamente la información sobre “porcentajes de usuarios de Internet” , que nos indica la manera en que debió proceder la UIT para llenar el dato faltante en el caso de Colombia. Dice el informe:

Dado que el acceso y utilización de las TIC están correlacionados con el ingreso nacional, se escogió el método de imputación “hot deck” para estimar los datos faltantes. La imputación “hot deck” utiliza datos de países con características “similares”. El PIB per capita y la localización geográfica fueron utilizados como los criterios principales para identificar países con características simulares. Por ejemplo, los datos faltantes del país A fueron estimados para un cierto indicador identificando los países que tuvieran características similares de PIB per cápita y que fueran de la misma región. En seguida se consideró el indicador que tuviera una relación conocida con el indicador a ser calculado. Por ejemplo, el número de usuarios de Internet del país A se estimó utilizando los datos de usuarios de Internet del país B de la misma región, país que debería tener un nivel de PIB per capita y número de suscriptores de Internet similares. La misma lógica se aplicó para estimar todos los datos faltantes incluidos en el índice. 2

Desafortunadamente, el informe de la UIT no señala cuál o cuáles fueron los países utilizados para calcular el dato faltante de Colombia de “usuarios por Internet”. Lo que es claro, es que sí se ajustaron los datos faltantes. No podría en sana lógica atribuirse el descenso del país en la clasificación a que la UIT haya tomado simplemente el dato correspondiente al año 2002.

Cambio de metodología en el cálculo de los índices de desarrollo tecnológico.

Me refiero en seguida al problema del cambio de la metodología. En el año 2003, la UIT desarrolló el “Índice de Acceso Digital”, en el cual Colombia ocupó el puesto 79 entre 178 países. Entre los ocho indicadores seleccionados, estaba el de “tarifa de Internet con relación al ingreso per cápita”. Posteriormente, en el año 2005, la misma organización desarrolló el “Indice de Oportunidad Digital”, en el cual también incluyó datos de precios de las TIC, para reflejar la facilidad de acceso. Entre los indicadores utilizados figuraban la tarifa de telefonía celular y la tarifa de acceso a Internet, ambos como porcentaje del ingreso per capita. En los datos correspondientes a 2005-2006, publicados en 2007, Colombia ocupó el puesto 80 entre 181 países, por debajo de Chile (41), Argentina (54), Uruguay (63), Brasil (65), México (66), Costa Rica (74), y Venezuela (76), aun cuando por encima de República Dominicana (85), Panamá (89), El Salvador (95), Perú (96), Ecuador (97) y Guatemala (108).

En el corriente año la UIT publicó el Índice de Desarrollo de TIC, al cual me referí en mi columna. Dicha organización internacional optó por eliminar el componente de precios de las TIC, por varias razones que usted cita en su comunicación. Decidió además recalcular ese índice para el año 2002, con los datos disponibles. El resultado es que Colombia quedó escalafonada en el año 2002 en el puesto 72 y en el año 2007 en el puesto 70. Reconozco que me equivoqué al haber afirmado que dicho avance podía deberse a la no presencia del componente precios, porque el índice para ambos años se construyó sobre bases comparables. Lo anterior no invalida el hecho de que si se hubiera tenido en cuenta el precio de las TIC en Colombia, nuestra clasificación hubiera sido inferior. Paso a referirme a ese punto.

Evolución de precios de TIC.

El mismo informe citado publica los datos sobre la canasta de precios de TIC para el año 2008 y clasifica a los países según el valor de dicha canasta. 3 Colombia ocupa el puesto 85, con el criterio utilizado por la UIT de medir el precio de los diferentes componentes del índice con relación al PIB per capita. Este criterio es mucho más preciso como indicador que el valor de cada componente, sea medido a tasas de cambio de mercado o a tasas de cambio de poder adquisitivo. En el componente de telefonía fija el puesto de Colombia fue el 77, en el de telefonía celular fue el 87, y en el de banda ancha fue 86. Es claro, con estos indicadores, que si el Índice de Desarrollo de las TIC hubiera tenido en cuenta el criterio costo de la canasta TIC, la clasificación de Colombia hubiera sido inferior.

Para evitar las limitaciones que tendría utilizar simplemente el valor de la canasta de TIC, tanto a tasas de cambio de mercado como de paridad del poder de compra, la UIT decidió clasificar los países según el valor de la canasta total de TIC, así como de cada una de las subcanastas que componen el índice general. La clasificación se hizo teniendo en cuenta la proporción del ingreso nacional per capita, para determinar el costo relativo (o asequibilidad) de los servicios TIC en un país 4. Se trata de medir la proporción de su ingreso que un ciudadano promedio debería destinar a la adquisición de una canasta típica (definida por la propia UIT) de servicios asociados a las TIC.

Tiene usted razón en que la manera como presenté los datos de mi columna pudieran interpretarse como una comparación en valores absolutos. La comparación relevante debe hacerse con relación a la capacidad adquisitiva de la población. La frase correcta ha debido ser: “con relación a la proporción del ingreso per capita, el costo para un colombiano de una llamada de teléfono fijo es seis superior a la de un residente en los Estados Unidos, una de telefonía móvil 9 veces superior, y una conexión de banca ancha es 33 veces superior”.

En relación con el comportamiento de los precios de las TIC, la tendencia mundial apunta hacia una disminución en todos ellos, motivada por los avances tecnológicos y por la mayor competencia. Es cierto, como usted lo señala, que la inflación sectorial en Colombia bajó del 9,2% promedio anual entre el 2002 y el 2005, al 0,8% promedio anual entre el 2005 y el 2008. Sin embargo, tomando los mismos años como referencia, en el mismo período en Estados Unidos se presentó una caída en el índice de precios (es decir, hubo deflación y no inflación) en los servicios de información y procesamiento de información, del 3% anual entre 2002 y 2005, y del 0,1% anual entre 2005 y 2008. 5. Como resultado, los precios de estos servicios eran al final del 2008 inferiores en un 9% a los de 2002. Mientras tanto en Colombia, utilizando los datos de inflación sectorial proporcionados en su respuesta, los precios de estos servicios se habrían incrementado en un 34%. Además de lo anterior, en el mismo período se había presentado una revaluación nominal del peso colombiano del 33%, que supuestamente ha debido abaratar el precio de los equipos importados, componente importante en los costos de las empresas prestadoras de estos servicios. En condiciones de amplia competencia, esta reducción en costos se ha debido reflejar en un menor precio para los consumidores.

Los costos de los servicios de TIC sí se tienen en cuenta en el Índice de Conectividad (NRI) al cual usted hace referencia en su comunicación. Si bien es cierto que Colombia en el último cálculo pasó del puesto 64 al 69, también lo es que en el informe correspondiente al año 2002 estábamos en el puesto 57. Puede argumentarse que ahora el Foro Económico Mundial tiene en cuenta una lista más grande de países, pero ello no explica el descenso: los países recién vinculados al informe son en general de bajo desarrollo económico y por lo tanto están clasificados en los puestos de abajo de la tabla.

Otros indicadores de los costos relativos de las TIC para el consumidor se encuentran, como usted muy bien lo señala, en el componente individual del Índice de conectividad (NRI) publicado por el Foro Económico Mundial. En el cuadro adjunto incluyo la clasificación de Colombia en estos indicadores de costo, desde el informe 2006-2007, cuando ellos fueron publicados por primera vez. Si bien hemos progresado en los costos, tanto de conexión como de suscripción de la telefonía fija, no se ha presentado la misma situación para banda ancha.



Entorno competitivo de provisión de servicios de TIC

El propio Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, documento oficial del Ministerio de Comunicaciones, señalaba, refiriéndose al componente de tecnología del índice de Competitividad para el Crecimiento, producido por el Foro Económico Mundial, lo siguiente:

“La situación es crítica en el índice de tecnología que forma parte del GCI. Colombia ha descendido 18 posiciones desde el 2001 hasta el 2005. En tan sólo dos años (2003 al 2005) perdió 15 puestos en el ranking de tecnología. La disminución en el componente de tecnología no ha permitido un incremento significativo en el índice de GCI, dado que los otros dos componentes han mejorado” . 6

Es indudable que el país, y el despacho a su cargo, han realizado esfuerzos para buscar una mejora en nuestra competitividad en este terreno. Ese esfuerzo debe ser complementado por el de otras entidades oficiales de las cuales depende la generación de un entorno realmente competitivo para el sector, como la Comisión Nacional de Televisión y la Superintendencia de Industria y Comercio. Desafortunadamente, la concentración que se ha presentado en el mercado de televisión por suscripción, y sus consecuencias en el de banda ancha, ha sido autorizada por la primera entidad. Todavía no es claro si algunas de las adquisiciones que permitieron esa concentración van a ser revertidas por la segunda.

Quiero, finalmente, volver a citar el Plan Nacional de Tecnologías de Información, producido por su despacho, al mencionar los resultados del índice e-readiness, mencionado por usted en su carta:

A pesar de haber mejorado su calificación en el último período, la Gráfica 2.4 muestra que desde el 2002 hasta el 2007, Colombia ha descendido en la tabla de posiciones: del puesto 38 pasó al 53 entre 65 países, lo cual significa que, si bien ha tenido logros en los aspectos relacionados con el e-readiness, los demás países avanzan más rápido. 7

Sea esta la oportunidad, señora Ministra, de manifestarle que la intención de mi columna no ha sido otra que la de contribuir a ese gran debate que el país necesita sobre nuestra actual situación en materia de tecnologías de información y sobre las mejores maneras de superarla.

Reciba un cordial saludo,



Francisco Azuero
Profesor Asociado
Facultad de Administración
Universidad de los Andes

1-ITU. Measuring the information society, 2009., Anexo 4, pag 91
2- ITU. Measuring the information society, 2009. Anexo 1 pag 80. Traducción mía.
3- ITU. 2009, Measuring the Information Society, The ICT Development Index. Pag 57.
4- Idem, pag 52
5- Datos tomados del
US Department of Labor.

6- Ministerio de Comunicaciones, Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Bogotá, 2008. Pag 16.
7-Idem, pag 17.

Carta de la Ministra de Comunicaciones sobre el costo de las TIC en Colombia

Transcribo en esta entrada la carta que me envió la Ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra de Mesa, a propósito de mi columna "El alto costo de las TICs en Colombia", publicada en el diario El Tiempo el pasado 3 de Noviembre. En la siguiente entrada está mi respuesta.



































lunes, 2 de noviembre de 2009

Contratos de estabilidad jurídica: asegurando frente a un riesgo cierto

En los contratos de estabilidad jurídica firmados a partir del mes de mayo, el Gobierno está garantizando algo que no está en posibilidad de garantizar. El resultada es una rebaja selectiva de impuestos a unos cuantos contribuyentes afortunados.



El peor negocio que puede hacer una compañía de seguros es asegurar frente a un riesgo inminente, que ha dejado de ser riesgo para convertirse en certeza: ejemplo de ello podría ser otorgarle una póliza de cumplimiento a un contratista que ya está atrasado en el desarrollo de su obra; darle póliza de estabilidad a una obra inestable; otorgarles un seguro de vida a un paciente terminal. Sin embargo, el Estado, en el manejo de los contratos de estabilidad jurídica, está comportándose como esa utópica compañía de seguros irresponsable con sus accionistas (en este caso la gran mayoría de contribuyentes), que asegura desastres anunciados.

Los contratos de estabilidad jurídica, a los que me he referido en varias ocasiones en este blog, tienen supuestamente el propósito de proteger al inversionista frente a cambios imprevistos en la normatividad tributaria, que afecten de manera importante la rentabilidad de su negocio, a cambio del pago de una prima (que se calcula en proporción a la inversión prometida, lo cual ya de por sí genera un incentivo perverso a minimizar la inversión, pero ese es otro tema).

El Presidente de la República anunció, en su discurso del pasado 8 de Mayo con motivo de los 100 años de la Escuela Superior de Guerra, que, “una vez terminen de ejecutarse los recursos extraordinarios introducidos por la reforma que liderara el Ministrio de Defensa en 2006 (léase impuesto al patrimonio), habría que pensar en tener una renta permanente para seguir financiando la seguridad”.

Estaba anunciado entonces el riesgo. El 16 de Junio el Ministro de Hacienda anunció al país (ver noticia de El Tiempo), que “una manera de ayudar a aliviar el hueco fiscal es que el impuesto al patrimonio, creado en la Administración Uribe como temporal, pase a ser permanente”.

Ya el 20 de Julio el Gobierno Nacional presentó el proyecto de ley en el que se prorroga la vigencia del impuesto al patrimonio hasta el 2014, para patrimonios por valor o superior a $3.000 millones. Así mismo, establece el proyecto (art 7) que el impuesto al patrimonio “en ningún caso podrá ser objeto de los contratos de estabilidad jurídica a que se refiere la Ley 963 de 2005”.
El proyecto está en estos momentos en discusión en el Congreso.

Se trataba entonces de un riesgo anunciado. Sin embargo, con posterioridad al anuncio de Mayo del Presidente, se han firmado 7 contratos de estabilidad jurídica (ver aquí) y en seis de ellos se incluye, dentro de las normas que protegen al inversionista, y cuya modificación no se les aplicaría, el artículo 292 del Estatuto Tributario, que establece precisamente que la vigencia del impuesto al patrimonio es hasta el año 2010.

Un contrato de ellos ( el correspondiente a Laboratorios Baxter) se firmó el 17 de Junio, al día siguiente en que el Ministro de Hacienda hizo su anuncio. Otros fueron firmados el 19 de Junio.

Dada la altísima probabilidad de que se apruebe el proyecto de Ley presentado por el gobierno, surge una pregunta: garantizar mediante contrato, algo que no se está en posibilidad de garantizar, y renunciar por lo tanto conscientemente a recibir unos mayores impuestos, ¿equivale o no a regalar recursos públicos? Bueno, dados los antecedentes recientes (AIS) es posible que algunos vean que no hay nada de grave en eso, con tal de estimular la inversión. Mi personal opinión es que sí es muy grave.

sábado, 24 de octubre de 2009

Novedades sobre los contratos de estabilidad jurídica

No se ha publicado el texto de los contratos de estabilidad jurídica firmados a partir de Marzo. ¿Habrá la Nación incluido en ellos las normas sobre impuestos al patrimonio?

Concepto jurídico sobre las consecuencias de la eliminación de la póliza de garantía en estos contratos.


En entradas escritas el año pasado ( ver aquí aquí, y aquí) , habíamos comentado algunos aspectos preocupantes de los contratos de estabilidad jurídica (CEJs). Para no repetir los planteamientos hechos en esos momentos, invitamos a los visitantes de este blog a leerlos.

Durante el 2009, el Ministerio de Industria y Comercio ha continuado firmándolos. Al consultar la página correspondiente, se nos informa que se han firmado este año 17 contratos, para un total, desde el 2006, de 49. El último contrato cuyo texto se puede consultar corresponde a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, y fue firmado el 4 de Marzo de 2009. De allí en adelante, si bien se mencionan los contratos, aparece un asterisco que indica que están en “trámite de perfeccionamiento”.

En otra entrada de este año, habíamos señalado el problema que tenía el Gobierno para modificar la norma del impuesto al patrimonio, en la medida en que su prolongación más allá del 2010 no afectaría a las empresas que hubieran firmado los CEJ. La gran mayoría de ellas lo habían incluido en las identificadas como “determinantes de la decisión de invertir”.

El Gobierno presentó el 20 de Julio un Proyecto de Ley de Modificación al Estatuto Tributario, mediante el cual prolonga la vigencia del impuesto al patrimonio hasta el 2014. Por otra parte, contempla que el impuesto no podrá ser objeto de los contratos de estabilidad jurídica a que se refiere la Ley 963 de 2005.

Tengo una enorme curiosidad: los contratos firmados desde el 20 de Julio, fecha en que se presentó el proyecto, o más aún. desde el 8 de Mayo fecha en que el Presidente anunció la voluntad del gobierno de presentar el proyecto, ¿habrán incluido esa clásula? Difícil saberlo, porque como lo señalamos arriba, no está el texto de los mismos en la página web del Ministerio de Industria y Comercio.

Tampoco es posible por lo tanto saber si han incluido de manera simultánea las normas sobre tarifa preferencial del 15% para los usuarios de las zonas francas (artículo 240-1 del Estatuto Tributario), y el descuento del 30% en la adquisición de activos fijos productivos (art 158-3 del mismo Estatuto). Esta conjunción de incentivos tributarios podría dar lugar a que, con un poco de imaginación y de adecuada “planificación tributaria” una empresa pudiera reducir su impuesto prácticamente a cero. Tan consciente está el Gobierno de ello que contempló en su proyecto la eliminación del doble incentivo. ¿Estarán contempladas estos descuentos actuales en los contratos recién firmados? ¿Cuándo podremos resolver esta curiosidad?

Otro punto de interés relacionado con los CEJs. Como lo habíamos señalado anteriormente, el Gobierno expidió el año pasado el Decreto 1474 , que determinó que en los CEJs de estabilidad jurídica no se exigiría la garantía única de cumplimiento. Me cito a mí mismo sobre lo que escribí en su momento:

“¿Cuál pudo haber sido la motivación de esta norma? Difícil saberlo por la misma norma, porque esta no tiene los famosos "considerandos". Apartándonos de lo legal, pensemos en principio en que la exigencia de una garantía en un contrato (tanto público como privado) tiene una clara justificación: desincentivar el incumplimiento de la contraparte. La obligación de estabilidad jurídica para el gobierno surge en el momento mismo en que se firma el CEJ. El inversionista privado se compromete a adelantar una inversión en los montos y cronogramas establecidos en el mismo, pero dicha inversión puede durar varios años. Así se ha establecido en la mayoría de los mayoría de los contratos firmados.

Tengamos en cuenta que el incumplimiento del contrato por parte del inversionista, según el art 8 de la Ley 963, se traduce en la terminación anticipada del contrato. Le hago una pregunta a los abogados que lean este blog (por favor incluyan sus respuestas en los comentarios) sobre un caso puramente teórico: una empresa firma un contrato en el año 0, comprometiéndose a realizar una inversión entre los años 1 a 5. En el año 1 se produce una reforma tributaria que sube el impuesto a la renta de manera general, pero no afecta a la empresa protegida, en virtud del CEJ. En el año 4 la empresa decide suspender su inversión, y el contrato termina anticipadamente. ¿Debe la empresa, tal como quedó la Ley 963, volver a presentar su declaración de renta y pagar los impuestos que dejó de pagar en los años 2 y 3? A mi manera de ver, pero dejo esto a consideración de los expertos jurídicos, la suspensión del contrato tiene efectos solo hacia adelante. No habría justificación para que la empresa revisara su declaración, ni la DIAN tendría ninguna posibilidad legal de exigírselo. Si son así las cosas, ¿no tiene pleno sentido pedir una garantía que desincentive ese comportamiento por parte del inversionista? Sin ella, y esa en principio es mi hipótesis, nadie será capaz de quitarle lo bailado (perdón, lo ganado). En estas condiciones la garantía tiene el mismo sentido de una políza por el buen manejo de un anticipo en un contrato de obra pública”.

El abogado Félix Hoyos, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional, conceptuó sobre el tema en un correo personal dirigido a nuestro amigo Germán Arrubla. Transcribo a continuación, previa autorización del autor, su opinión.

Los contratos de estabilidad jurídica, actualmente regulados por la ley 963 de 2005 , y un par de decretos reglamentarios- el 2950 de 2008 entre ellos-son de tracto sucesivo e implican ejecución en el tiempo. De modo que si el contratista "estabilizado" cumple los primeros 7 años e incumple en el año 8, ello quiere decir que ello es una causal de terminación del contrato y el incumplido pierde de allí en adelante los beneficios que venía derivando, quedando en igualdad de condiciones con quienes no estaban "estabilizados" . De esta manera los beneficios obtenidos por el período en que si se cumplió permanecen intangibles (Por ejemplo, si durante la vigencia del contrato surgió un impuesto nuevo que el estabilizado dejó de pagar porque así estaba pactado, no quiere ello decir que el Estado exigirá el pago de ese tributo causado en el años cumplidos). Si así no fuera entonces el inversionista también tendría derecho a pedir la devolución de lo invertido lo cual es un absurdo por tratarse de un hecho cumplido. Por eso en el lenguage de la contratación se distingue entre terminación y resolución. Si la compraventa se resuelve, el comprador devuelve el bien y el vendedor devuelve el precio. Los contratos de estabilidad se terminan mas no se resuelven. Todo lo anterior fue simbolizado por Pacho con la frase "Nadie te quita lo bailado", afortunada para el caso.

De este concepto se puede concluir que, sin pólizas de cumplimiento, el Estado ha quedado desprotegido en estos contratos. No está en posibilidad de recuperar los ingresos dejados de percibir.

Es posible por lo tanto para un inversionista diseñar una estrategia: presentar un cronograma de inversión a cinco años (podrían ser más), concentrado en el año 5. Hacer la inversión pequeña en los primeros años ( y pagar la prima correspondiente), beneficiarse de la estabilidad, y en al quinto año incumplir. Con una pequeña prima (que se calcula de acuerdo a la inversión realizada) el inversionista podrá "comprar" cinco ( o más ) años de protección tributaria.

Otra pregunta para los abogados: dado lo anterior, ¿aguantará el decreto 1474 un examen de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional?

sábado, 17 de octubre de 2009

Crecimiento económico ¿Cómo vamos?

Fuente: Dane
Las cifras sobre crecimiento económico publicadas por el DANE no permiten ser optimistas
Los datos recientemente publicados por el DANE sobre el comportamiento de la actividad económica indican un crecimiento anualizado en el segundo trimestre del año del 2,7%. Recordemos que en este blog estamos calculando estos crecimientos con la metodología utilizada en muchos otros países, entre ellos Estados Unidos, que se basa en convertir la tasa registrada en el trimestre en su equivalente anual: es decir, se trata de calcular cuánto crecería la economía en un año si la dinámica observada en el trimestre se mantuviera (hemos explicado este punto en dos anteriores entrada, ver aquí y aquí).

Normalmente, el DANE, y ello es absolutamente normal en cualquier institución que produzca estadísticas sobre las cuentas nacionales, revisa sus cálculos periódicamente. Con relación a las cifras publicadas en el trimestre anterior, se encuentran varias cosas interesantes:

a) La caída en el cuarto trimestre del año anterior fue superior a lo anteriormente calculado: mientras el primer cálculo (Hecho en marzo) el Dane estimaba una caída del 1% con relación al trimestre anterior, 4,1% equivalente anual (e.a) en la revisión de Julio pasó a ser del 1,4% ( 5,6% e.a ), el dato recién publicado lo estima en el 1,5% (5,86 e.a.)

b) El Ministro de Hacienda ha señalado repetidamente que no ha habido recesión en Colombia, en la medida en que no se ha presentado una caída en el PIB durante dos trimestres consecutivos. En anterior entrada señalamos que esa definición de recesión no es la utilizada en los círculos académicos, como lo atestigua el National Bureau of Economic Research (ver aquí). Pero aún conservando la definición utilizada por el Ministro (caída del PIB en dos trimestres consecutivos con relación al trimestre anterior), los nuevos datos del DANE permitirían constatar que sí hubo recesión: tanto en el tercero como en el cuarto trimestre de 2008 se presentó una caída con relación al trimestre anterior. Si se analizara como se ha hecho tradicionalmente en Colombia, comparando el dato de cada trimestre con el mismo del año anterior, habríamos tenido tres trimestres consecutivos de caída: último del 2008 y dos primeros del 2009.

Al analizar la caída del PIB desde el punto de vista de los componentes de la demanda se encuentra lo siguiente:

• La inversión ha jalonado la caída: entre Septiembre de 2008 y Junio de 2009 ha disminuido en un 9%. Es posible que tanto la revaluación como los incentivos tributarios a la adquisición de activos fijos hayan incidido en una sobreinversión por parte de los empresarios en la época anterior. Frente a las dudas sobre la sostenibilidad en el tiempo de ambas situaciones, los empresarios optaron por anticipar sus inversiones.

• El consumo ha caído un 0,8%. En ello ha incidido el aumento del desempleo, así como el deterioro en la confianza de los consumidores.

• A pesar del aumento en el déficit fiscal a que hemos hecho referencia en entradas anteriores, el consumo público ha sido procíclico (es decir, ha profundizado la caída en la actividad económica) en esta coyuntura. El nivel en el segundo trimestre del 2009 era 0,9% inferior al del segundo trimestre del 2008. El nivel de detalle con se cuenta en estos momentos a partir de los datos del DANE, impide conocer si ello es efecto de las finanzas nacionales o de las territoriales.

• Las caídas en el consumo y en la inversión hicieron que las importaciones disminuyeran en el periodo analizado un 11%. Este fenómeno es positivo para las cuentas de producción colombianas: es menor la demanda satisfecha por proveedores extranjeros. Las exportaciones, a su vez cayeron un 12%. Gracias a la caída de las importaciones, el efecto total del comercio exterior terminó siendo positivo
.
El comportamiento del consumo, de la inversión, de las exportaciones y del gasto público no permiten el optimismo: no está claro todavía de dónde podrá agarrarse la economía para una recuperación sólida.

sábado, 10 de octubre de 2009

Colombia: atrasada en Tecnologías de Información y Comunicación

Fuente: elaborado con las cifras del informe de Desarrollo de las Tecnologías de Información


Colombia está atrasada relativamente en la utilización de tecnologías de información y comunicación. El costo de estos servicios para los usuarios es una de las razones.


He estado leyendo el Informe de Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Se encuentra allí información interesante sobre el estado de avance y adopción de estas tecnologías en el mundo, así como sobre el precio de ellas. Obviamente, busqué la información sobre Colombia.

En el índice de desarrollo mundial de TICs (página 22 de informe) Colombia está en el 2007 en el puesto 70 a nivel mundial. En 5 años subimos dos puestos. Al compararnos con otros países de Latinomérica, encontramos que estamos por debajo de Argentina (47), Chile (48), Uruguay (49), Brasil (60), Panamá (61), Costa Rica (66) e incluso Venezuela (67), aun cuando por encima de México (75), Perú (75) y Ecuador (82). Este indicador es un índice compuesto de la medición de acceso, de la utilización, y de las habilidades necesarias para el uso de estas tecnologías.

Es indudable que la difusión en la utilización de las TIC influye de una manera importante el costo de acceso a estos servicios. En años anteriores estos índices de desarrollo tecnológico incluían el costo para los usuarios de los servicios asociados: telefonía fija, telefonía móvil e internet de banda ancha. Esta vez ese factor no está incluido en el índice (¿será por eso que mostramos un ligero progreso?), pero de todas maneras la UIC calcula el costo de una canasta de servicios de comunicaciones para el año 2008 (pag 56). Esa canasta mide el costo en los diferentes países de tres componentes:

- Componente de telefonía fija. Precio de de suscripción y de realización de 30 llamadas locales de tres minutos.
- Componente de telefonía móvil. Precio de 25 llamadas salientes por mes (a la misma red, a otras redes y a líneas fijas), más el envío de 30 mensajes de texto.
- Componente de internet de banda ancha. Suscripción mensual a un plan de banca ancha.

Los resultados de los costos de esta canasta no son nada halagadores para Colombia. (ver gráfico adjunto. Marque sobre él para verlo más nítidamente). En términos de su costo, Colombia ocupa el puesto 85 a nivel mundial, nuevamente por debajo de muchos países latinoamericanos. Con relación a la proporción del ingreso per capita, el costo para un colombiano de una llamada de teléfono fijo es seis superior a la de un residente en los Estados Unidos, una de telefonía móvilde 9 veces superior, y una conexión de banca ancha es 33 superior.

La ausencia de competencia suficiente en la provisión de estos servicios es uno de los factores explicativos de esta situación. La expedición de licencias de uso se ha determinado, no buscando la disminución de los precios para los consumidores, sino la maximización de ingresos fiscales para el gobierno o para la entidad encargada de la concesión (caso semejante al que hemos comentado en repetidas ocasiones, sobre los canales de televisión). Obviamente, estas licencias tienen más valor para las firmas monopólicas u oligopólicas. Todo ello se traduce en tarifas más altas para los usuarios.

La revista The Economist publicó hace dos semanas un interesante informe sobre el papel que está jugando la telefonía celular en la generación de ingresos para los sectores más pobres de la población en países en desarrollo. Cita un reciente estudio del Banco Mundial, en el que se afirma que un incremento de 10 teléfonos por cada 100 habitantes puedes aumentar el crecimiento económico en 0,8%. Existe suficiente información anecdótica sobre los usos que las comunidades le pueden dar a esta tecnología. Por ejemplo, el profesor Robert Jensen, de la Universidad de Harvard, señaló en un artículo publicado en Agosto del 2007 (1) , el caso de los pescadores de Kerala, en India. Antes de la adopción de esta tecnología, la falta de información se traducía en que una vez llegado al puerto, se enfrentaban a un mercado de compradores: no tenían ninguna capacidad de negociación. Debían botar la cuarta parte de su pesca. Cuando comenzaron a disponer de teléfonos móviles, podían negociar en alta mar el precio, organizando verdaderas subastas entre los posibles compradores. El porcentaje de pesca desperdiciada se eliminó y se creó un mercado eficiente regido por el principio del mismo precio en los diferentes puertos. El informe de The Economist cita el caso de agricultores africanos que reciben asistencia técnica a través de su teléfono móvil.

Uno pensaría que dados estos antecedentes, las autoridades públicas colombianas deberían estimular la utilización de la telefonía celular en los sectores más pobres. Sin embargo, mientras que la gran mayoría de productos gravados tienen un IVA del 16%, la telefonía celular lo tiene del 20%. El gasto que se financia con el 4% adicional que se cobra a la telefonía celular se destina a financiar el deporte.

Sin negar la importancia que pueda tener el deporte y su estímulo con cargo a recursos públicos, en este caso la fuente de esa financiación no tiene ningún sentido económico. Si la sociedad quiere apoyar el deporte, que lo haga con los recursos generales del presupuesto nacional, compitiendo con otros usos posibles, sin generar distorsiones que afectan el crecimiento económico y el bienestar de la población, especialmente de los más pobres. El que ese impuesto se mantenga solo nos demuestra que en muchas ocasiones los beneficios particulares de grupos de interés terminan sobreponiéndose sobre la conveniencia colectiva.

Si Colombia quiere avanzar en la utilización y difusión de nuevas tecnologías deberá dar pasos importantes, promoviendo la competencia entre las empresas que proveen los servicios y eliminando distorsiones tributarias como la del IVA a la telefonía celular.

(1)The Digital Provide: Information (Technology), Market Performance, And Welfare In The South East Fisheries Sector. Quaterly Journal of Economics, vol CXXII, issue 3. Agosto de 2007. Los lectores interesados lo pueden conseguir aquí.

domingo, 20 de septiembre de 2009

El Gobierno actualiza sus cifras: sigue aumentando el déficit

Las nuevas proyecciones del Gobierno indican un mayor deterioro del panorama fiscal.


El Gobierno acaba de actualizar sus cifras fiscales para el año 2009. Como lo muestra el cuadro adjunto (marque encima de él si quiero verlo más nitidamente), esta es su cuarta actualización desde que presentó en Julio de 2008 el Plan Financiero de Mediano Plazo. Con cada actualización, las cifras son más preocupantes. Mientras en el primero de los planes, se preveía un déficit del 3% del PIB, en la última versión dicha cifra llega, según nuestras cuentas, al 4,6%.

En primer lugar, como lo habíamos manifestado en anterior entrada la revisión que hizo el gobierno en el mes de Enero de 2009 al bajar las proyecciones de crecimiento de la economía del 5% al 3% se tradujo en unos menores ingresos tributarios proyectados de $4.3 billones. Posteriormente, cuando en el mes de Marzo volvió a reducir su meta de crecimiento al 1% (o para ser más precisos en términos del lenguaje gubernamental, entre el 0,5% y el 1,5%) a pesar de que podría pensarse en un efecto del mismo tamaño, el gobierno solo reconoció en su plan una caída de solo 2,5 billones. El déficit en ese momento pasó a ser del 3,7% del PIB.

El Gobierno reconoce ahora que es necesario disminuir los ingresos proyectados en 1,4 billones, ante el comportamiento ya registrado en los ingresos tributarios. Por otro lado, anuncia que ISAGEN se va a vender de todas maneras en el 2009, pero los ingresos por esta operación (3 billones) entrarán solo en el 2010. No es todavía claro si ya renunció a vender este activo de generación eléctrica a las Empresas Públicas de Medellín, como lo había anunciado el presidente en un discurso ante los empresarios textileros en Medellín el pasado 28 de Julio, operación que concentraría la generación de energía eléctrica en el país, y que estaría en contra de la Resolución 128 de 1996 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que fijó en un 25% el máximo de la capacidad instalada de generación que podría controlar cualquier empresa. Todavía no se le ha explicado al país las condiciones en que se presentaría la enajenación de ISAGEN.


Ante la caída en ingresos por 4,4 billones, y puesto que el Gobierno ha anunciado que se mantienen las mismas proyecciones de gastos, el déficit será de 23,2 billones, equivalente a 4,6% del PIB. Si el Ministro de Hacienda anuncia un déficit del 4%, es simplemente por un truco contable: anuncia que se van a utilizar recursos que se iban a captar en el 2009 y que correspondían a la “prefinanciación del 2010”.

Cuando una persona, una empresa, o un gobierno gastan más de lo que se ganan, incurren en déficit. Si en período determinado yo me gano 10 y me gasto 12, mi déficit es 2. Puedo financiar ese déficit endeudándome en 1 y disminuyendo el saldo de mis ahorros en 1. No puede pretender que estos últimos recursos (disminución de los ahorros) no se contabilicen dentro del déficit. Pero eso es lo que el Gobierno quiere que creamos.

domingo, 13 de septiembre de 2009

El ranking mundial de competitividad ¿Si será cierto que mejoramos?


El informe global de competitividad nos muestra que hemos ascendido unos puntos en la competitividad. Sin embargo, solo volvimos al sitio que teníamos en el 2007. Por otra parte el informe da cuenta de un deterioro notable en los factores ligados al funcionamiento de las instituciones


Acaban de salir publicados dos informes importantes de comparación entre países: el Informe Global de Competitividad (WCR) 2008-2009 publicado por el Foro Económico Mundial y el informe “Haciendo Negocios 2010” publicado por el Banco Mundial. En principio, ambos producen buenas noticias para Colombia.

En el informe global de competitividad Colombia subió cinco puestos frente al informe anterior (2008-2009), puesto que ahora estamos en el renglón 69, frente al 74. Claro que frente al informe 2007-2008, volvemos al sitio en que estábamos. En el informe “Haciendo Negocios” progresamos 12 puestos, al pasar del 59 al 37 a nivel mundial. Analicemos en esta entrada los resultados del primero de estos informes

Los autores del Informe global de competitividad (GCR) entienden la competitividad como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. Una economía más competitiva está en capacidad de producir un nivel más alto de ingreso para sus ciudadanos. Los datos del WCR se obtienen procesando datos sobre los países, pero sobre todo utilizando una encuesta realizada a 13000 ejecutivos en el mundo (aproximadamente 91 por país incluido en el informe) a quienes se les interroga sobre la calificación que le da en el país correspondiente a cada uno de los factores incluidos en el índice de competitividad.

Los factores de competitividad se agrupan en tres grandes categorías: requerimientos básicos, potenciadores de eficiencia, y factores de innovación y sofisticación. El peso que se le da a cada uno de ellos para determinar el puntaje total es diferencial, según el grado de desarrollo de cada país. Los “requerimientos básicos” comprenden aspectos tales como las Instituciones, la Infraestructura, la Estabilidad Macroeconómica y la Salud y la Educación. En el caso Colombiano, obtuvimos en el ponderado de estos factores una calificación de 4.1, inferior a la del informe anterior (4.2). En el ranking mundial retrocedimos seis puestos, al pasar del 77 al 83. Algo semejante sucedió en infraestructura, en el que descendimos tres puestos (del 80 al 83) y en salud y educación primaria (puesto 67 al 72). Dentro de la categoría “requerimientos básicos” solo ascendimos en “estabilidad macroeconómica”, factor en el cual, a pesar de descender ligeramente de calificación, subimos del puesto 88 al 72.

Pero al mirar los factores agrupados bajo el título “Instituciones” el panorama es preocupante, como lo ilustra el cuadro adjunto. Descendimos 14 puestos en el ranking mundial, al pasar del sitio 87 al 101. En casi todos sus componentes descendimos, tanto en calificaciones (quien esté interesado puede consultarlas en el informe), como en el ranking. Es decir, somos un país más desinstitucionalizado. Vale la pena señalar el empeoramiento que obtuvimos en “desviación de fondos públicos”, “confianza del público en los políticos”, “independencia judicial”, “favoritismo en decisiones de funcionarios del gobierno” y “desperdicio del gasto público”.


El lector se preguntará, con razón, cómo es posible que, habiéndonos ido tan mal en los “requerimientos básicos” de la productividad, hayamos podido subir cinco puntos en el ranking mundial. La respuesta es sencilla y los autores del informe (pag 8) nos aclaran ese punto en la explicación de la metodología: estos requerimientos básicos, que tienen una ponderación del 60% en países que están en las etapas iniciales del desarrollo (etapa jalonada por los factores de producción), para un país como Colombia solo tienen un peso del 40%. Como en los otros factores mejoramos la calificación (sobre estos, y sobre el informe del Banco Mundial volveremos en una próxima entrada), pudimos pasar. Nos salvó el sistema de calificación utilizado por el profesor. Pero eso no quiere decir que no debamos preocuparnos por los pobres resultados obtenidos en los aspectos institucionales. A la luz de los últimos acontecimientos, lo más probable es que el próximo informe nos indique que en el 2009 seguimos empeorando.

domingo, 6 de septiembre de 2009

La nueva Ley de Promoción de Competencia: ¿avance o retroceso?

La Ley 1340 tiene aspectos positivos. Sin embargo, alguien le introdujo unos micos que la hacen nugatoria.

El pasado 24 de Julio fue sancionada la Ley 1340 de 2009, que, según el objeto definido en ella, “tiene por objeto actualizar la normatividad en materia de protección de la competencia para adecuarla a las condiciones actuales de los mercados, facilitar a los usuarios su adecuado seguimiento y optimizar las herramientas con que cuentan las autoridades nacionales para el cumplimiento del deber constitucional de proteger la libre competencia económica en el territorio nacional”.

Uno de los aspectos más importantes de la ley consiste en concentrar en la Superintendencia de Industria y Comercio las investigaciones administrativas, las multas y las decisiones administrativas por infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia.

Quienes han estudiado académicamente el tema de la relación entre las empresas y el Estado han identificado un fenómeno común: la captura del regulador. Sin necesidad de que haya corrupción, los reguladores comienzan a ver los problemas de las empresas que están bajo su jurisdicción como sus propios problemas, y a resolver los temas bajo su consideración a la luz de los intereses de ellas y no a la luz de la eficiencia económica general, a lo que estarían obligados como defensores del interés público. Si además de ello se presenta el fenómeno de la puerta giratoria entre sector privado y sector público, es mucho más probable que un regulador sectorial trabaje, consciente o inconscientemente, a favor de sus futuros o de sus antiguos patrones. Esta situación, en principio, es menos probable que se produzca cuando quien debe analizar las situaciones que puedan conducir a una restricción de la competencia es una autoridad general no especializada.

Otro de los aspectos positivos de la nueva Ley tiene que ver con el monto de las multas por violación de las normas sobre competencia. En el régimen anterior, éstas eran irrisorias. Los monopolios podían asumirlas como un costo de la operación de violación, y por lo tanto no tenían ningún efecto disuasivo. Hoy en día pueden llegar hasta 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes ($50.000 millones) o hasta por el 150% de la utilidad derivada de la conducta por parte del infractor.

Sin embargo, existen algunos aspectos de la ley que en mi opinión, son preocupantes y que podrían representar un paso atrás frente a la legislación anterior. De acuerdo con las disposiciones anteriores (ley 155 de 1959), “las empresas que se dediquen a la misma actividad productora, abastecedora, distribuidora, o consumidora de un artículo determinado…. cuyos activos individualmente considerados en conjunto asciendan a veinte millones de pesos ($ 20.000.000.00), o más, estarán obligados a informar al Gobierno Nacional de las operaciones que proyecten llevar a cabo para el efecto de fusionarse, consolidarse o integrarse entre sí, sea cualquiera la forma jurídica de dicha consolidación, fusión o integración". Obviamente, esta Ley requería de una actualización, en términos de los montos de activos involucrados. Así lo hicieron los actuales legisladores: señalaron que la obligación de la información rige en los siguientes casos:

1. Cuando, en conjunto o individualmente consideradas, hayan tenido durante el año fiscal anterior a la operación proyectada ingresos operacionales superiores al monto que, en salarios mínimos legales mensuales vigentes, haya establecido la Superintendencia de Industria y Comercio, o

2. Cuando al finalizar el año fiscal anterior a la operación proyectada tuviesen, en conjunto o individualmente consideradas, activos totales superiores al monto que, en salarios mínimos legales mensuales vigentes, haya establecido la Superintendencia de Industria y Comercio.

Hasta el momento, la Superintendencia de Industria y Comercio no ha expedido la reglamentación de la Ley, y por lo tanto no es posible juzgar la manera como va a funcionar esta disposición. Valga la pena señalar, sin embargo, que si el monto de los activos o ingresos operacionales se fija muy alto, muchos casos de integración que se traduzcan en concentración exagerada del mercado se escaparían al control de la Superintendencia.

La Ley añade sin embargo el siguiente parágrafo:

En los eventos en que los interesados cumplan con alguna de las dos condiciones anteriores pero en conjunto cuenten con menos del 20% mercado relevante, se entenderá autorizada la operación. Para este último caso se deberá únicamente notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio de esta operación.

La definición de lo que constituye un mercado relevante es un tema particularmente complejo. Dos laboratorios farmacéuticos que entre ellos concentren el 100% de un antibiótico especializado en combatir una determinada enfermedad, pueden alegar que el “mercado relevante” es el de antibióticos, o el de productos farmacéuticos, y en ninguno de esos casos se logra el 20%. Una vez entendida por ellos (¿por quién mas?) que la operación de fusión ha sido autorizada, la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene nada que hacer. Muy posiblemente, su única alternativa va a ser la de disputar el concepto pertinente de “mercado relevante” ante los tribunales. Mientras tanto, y dada la lentitud de la justicia colombiana, podrán beneficiarse de las rentas monopolísticas.

El parágrafo 3 del artículo 9 establece lo siguiente:

Las operaciones de integración en las que las intervinientes acrediten que se encuentran en situación de Grupo Empresarial en los términos del artículo 28 de la Ley 222 de 1995, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, se encuentran exentas del deber de notificación previa ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Supongamos que yo soy el presidente de un grupo empresarial (grupo A), y tengo como filial del grupo una empresa (empresa B), que controla el 40% de un determinado producto. Aspiro a consolidar una posición monopólica u oligopólica en ese producto: ¿qué puedo hacer? La operación es relativamente sencilla dentro del marco de la Ley 1340:

El holding empresarial (grupo A) adquiere la empresa C, que controla otro 40% del mercado. Como el holding es lo suficientemente diversificado, y además su objeto social no es el de producir unos bienes sino el de administrar unas inversiones, yo puedo sustentar jurídicamente que no estoy obligado a informar de esta operación a la SIC, por cuanto las empresas adquirente y adquiridas "no se dedican a la misma actividad económica o participan en la misma cadena de valor". Ya puedo controlar el mercado, sin problemas: a través del holding establezco una estrategia de producción y de precios que maximice los ingresos del grupo, independientemente de los resultados financieros de cada una de las empresas filiales.

Pero si quiero consolidar más la posición monopólica, ahorrándome unos costos adicionales y responsabilizando a un solo equipo directivo por los resultados, puedo dar un paso adicional: fusiono las empresas B y C. Como ambas pertenecen al mismo grupo empresarial, no tengo ninguna necesidad de informar a la SIC, y ésta no puede por lo tanto opinar sobre la operación.

Un comentario adicional relacionado con el tema de la competencia. En entrada anterior me refería a la investigación que abrió el anterior Superintendente de Industria y Comercio contra Telmex, Superview, TV Cable y TV Cable del Pacífico S.A, por haberse abstenido de solicitar autorización para una adquisición que significó la concentración del 96,4% del mercado de televisión por suscripción en Bogotá en una sola empresa. Hoy en día las empresas investigadas podrían argumentar que el “mercado relevante” es el del total de la televisión en Colombia, o incluso el de medios de comunicación. En este caso, no habría concentración del mercado.

Ante la ausencia de noticias de la SIC sobre esta investigación, he radicado un derecho de petición para que se me informe sobre su estado. Mantendré informados a los lectores sobre la respuesta que se me proporcione.

domingo, 30 de agosto de 2009

¿Qué pasa con el tercer canal?

El pasado 2 de Diciembre, la Comisión Nacional de Televisión anunció que entregaría en mayo del año 2009 una nueva licencia de televisión nacional abierta radiodifundida para un canal de televisión comercial. Estamos a finales de Agosto y ni siquiera se han publicado los pliegos definitivos de la convocatoria.

Los escenarios sobre los cuales la banca de inversión que asesoró a la CNTV en la determinación del valor de la prórroga de la licencia para los dos canales privados hoy existentes, se basaron en que dicho canal tendría el año 2009 para realizar las inversiones necesarias, y comenzaría su transmición a principios del 2010. Lograría en ese año una participación del 14%, que subiria el año siguiente hasta el 29,2%, proporción que se mantendría hasta el año 2019, es decir durante toda la vigencia del contrato prorrogado con los actuales operadores.

Sin embargo, varias trabas se han presentado. Solo hasta Abril de este año la CNTV puso en consideración de los posibles interesados y del público en general el borrador del pliego de condiciones.

Mientras tanto, se presentó en el Congreso de la República una novedad. Como se recordará, el artículo 48 de la Ley 182 de 1995, había establecido, extrañamente, que “de ninguna manera la concesión se hará por subasta pública”.

Ya hicimos en una anterior entrada algunas observaciones sobre el precio de las concesiones a los contratantes actuales. Recordemos solamente que se redujo el precio considerablemente con relación a la propuesta de la banca de inversión, y se estableció una fórmula con “piso y techo”, de tal manera que el valor final de la concesión se determinaría en función de los ingresos publicitarios que obtuvieran los canales durante los años 2009 y 2010. Esta situación creó un incentivo para que los actuales canales busquen minimizar el valor total de la licencia, mediante el manejo adecuado de los descuentos o de los precios de transferencia (recordemos que por lo menos en uno de dichos canales, existe una alto porcentaje de facturación de empresas pertenecientes al mismo grupo económico) en estos dos años. Desde ya es posible calcular que la probabilidad de que se llegue al precio techo es cercana a cero. Ojalá me equivoque.

El mismo grupo parlamentario que en el 1995 prohibió el uso de las subastas en las concesiones de televisión y que ha buscado oponerse a la entrada en vigencia del tercer canal, introdujo esta vez nuevas disposiciones sobre concesiones en el artículo 72 de la Ley 1341 de 2009, sancionada el pasado 30 de Julio:

Previamente al proceso de otorgamiento del permiso de uso del espectro radioeléctrico de asignación o de concesión de servicios que incluya una banda de frecuencias, se determinará si existe un número plural de interesados en la banda de frecuencias correspondiente.

• En caso de que exista un número plural de interesados en dicha banda, y con el fin de maximizar los recursos para el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión, se aplicarán procesos de selección objetiva entre ellos la subasta.

Cuando prime el interés general, la continuidad del servicio, o la ampliación de cobertura, el Ministerio podrá asignar los permisos de uso del espectro de manera directa.

Es decir, ahora sí se necesitan subastas. Valdrá la pena preguntarle a los abogados si las condiciones de pluralidad de interesados se aplicarán a la renegociación de los canales privados actuales, cuando venza su período en el año 2019.

Una de las consecuencias de este artículo ha sido la de crear un debate jurídico sobre los términos de la licitación, y por esa vía aplazar el otorgamiento de la licencia. Punto para los actuales canales.

De todas maneras, tal como se desprende de los documentos iniciales (ver borrador de pliego),
es de prever que el tercer canal tendrá desventajas importantes frente a los actuales:

a) Se transmitirá por UHF y no por VHF. Ello tiene una seria implicación: en primer lugar exige mayores inversiones al operador, y en segundo lugar demanda de los hogares que reciban la señal por antena aérea una inversión adicional, tal como lo reconoció el presidente de la Comisión Nacional de Televisión en entrevista a María Isabel Rueda, el pasado 24 de agosto .

b) Riesgos: distribución de riesgos. Como lo habíamos señalado en una anterior entrada , la CNTV se negó a recoger en los contratos firmados con los actuales operadores la cláusula sobre asignación de riesgos contenida en la página 194 de su estudio que señalaba que serían de responsabilidad del concesionario los siguientes riesgos: ( pagina 403):

“…Los efectos favorables y desfavorables del comportamiento de la demanda de pauta publicitaria, lo cual incluye las variaciones positivas y negativas en la inversión publicitaria neta en Colombia; en la inversión publicitaria neta en el servicio de televisión como parte del total de la inversión publicitaria neta en Colombia; y en la inversión publicitaria neta en el Concesionario, sin que existan garantías, reconocimientos o compensaciones a favor del Concesionario y a cargo de la Comisión Nacional de Televisión por las variaciones en los ingresos del Concesionario derivadas del comportamiento de la pauta publicitaria, independientemente de las causas que den origen a tales variaciones”.

Existe otra lista de riesgos sobre las cuales las firmas de banca de inversión recomendaban que quedara claro que corrían por cuenta del concesionario: variaciones del mercado de contenidos para televisión, tasa de cambio del peso colombiano, inflación, precios de insumos, equipos o mano de obra, condiciones de financiación, rentabilidad del negocio, normatividad tributaria, regulación de la CNTV.

Los parámetros de riesgo utilizados por la banca de inversión, y por lo tanto la remuneración al capital reconocida en el modelo de valoración de las licencias, eran concordantes con ese esquema de distribución de riesgos.

Esa cláusula no se incluyó en el otrosí de los contratos firmados con RCN y Caracol. Sin embargo, sobre ese estudio se sustenta ahora la CNTV para proponer que los operadores del tercer canal los asuman plenamente. (ver página VI del borrador del pliego de condiciones).

c) El tema del contenido de la programación no le había preocupado nunca a la CNTV. Ahora está mostrando un súbito interés en garantizar programación infantil, de opinión, y programación de producción nacional, hasta el punto de que ellos se constituyen en aspectos determinantes de la adjudicación. (ver capítulo VII del pliego de condiciones).

Podemos concluir que los astros (entendiendo por tales el Congresoy la CNTV) se han alineado para favorecer a los actuales canales. No hemos oído al Gobierno para saber qué piensa de todo ello. El gran perdedor es el televidente.

sábado, 22 de agosto de 2009

La sobrefacturación a Venezuela : un ejemplo muy claro

El frecuente colaborador de este blog, doppiafila, publicó en su blog bogotalia, y en italiano, un interesante ejemplo del esquema de sobrefacturación de productos colombianos a Venezuela. Mucho más ddáctica que la explicación que yo dí aquí. Muchas gracias.

Los lectores lo pueden encontrar aquí

El PIB per capita en dólares, algunas curiosidades estadísticas

El Banco Mundial acaba de publicar sus recientes estimados de la población mundial, y del PIB total y per capita para la casi totalidad de países del mundo. Estos PIB en dólares los publica, tanto tomando como base las tasas de cambio del mercado, como las tasas de cambio de la paridad de poder de compra, que tienen en cuenta las diferencias en las capacidades adquisitivas que se presentan en cada país.

Yo he venido archivando en mi PC desde hace algunos años estos informes del Banco Mundial, que los utilizo en mis actividades académicas. Quise mirar cuánto habíamos crecido desde el año 2003. El PIB colombiano per-capita en dólares era en ese año de US$1746 (medido nuevamente a tasa de cambio del mercado). El crecimiento es realmente impresionante: 211%, equivalente a una tasa anual de crecimiento del 25%. ¿Habremos descubierto el secreto del desarrollo económico?

Al final las cifras en detalle, encuentra uno que en estos años se produjeron fenómenos importantes que afectaron la medición del PIB per cápita. Para los iniciados en el tema, valga la pena señalar cómo se llega a esa variable: se toma el PIB en pesos informado por el DANE, se divide por el total de la población estimada (esto da como resultado el PIB per capita en pesos) y nuevamente se divide por la tasa de cambio pesos/dólares promedio del año. Pues bien, TODAS las variables que componen esta fórmula han tenido alternaciones importantes en este período, y han contribuido, cada una a su manera, a mejorar el resultado final. En cuanto a la variable PIB en pesos, ella se ha alterado por dos motivos: el crecimiento económico (del 5% promedio anual en términos reales, es decir, sin tener en cuenta la inflación) y el cambio en la metodología de la cuentas nacionales del DANE. Expliquemos todos estos cambios con mayor detalle:

- El censo realizado por el DANE en el 2005 nos proporcionó a los colombianos una sorpresa en cuanto al tamaño de la población: éramos mucho menos de lo que creíamos. Según las proyecciones elaboradas por esa misma entidad, extrapolando la población del último censo, y aplicando las tasas de crecimiento estimadas, seríamos en el año del censo 46 millones de habitantes. El DANE encontró que éramos solo 41,4 millones. Para el año 2008, de acuerdo con el censo de 1993, se proyectaba una población de 48,3 millones. En realidad somos, según las nuevas proyecciones, 44,4 millones. En términos de PIB per capita, este solo hecho nos hizo a cada uno de los colombianos un 8% más ricos (¿sí lo sintió usted?).

- En el año 2007 el DANE cambió la metodología de las cuentas nacionales a una nueva base: la del año 2000. Ello significó el reconocer cambios importantes en la estructura de la economía colombiana, puesto que la ponderación sectorial utilizada para calcular el producto tuvo en cuenta el desarrollo de sectores particularmente dinámicos (financiero, salud, servicios). El DANE ha recalculado el PIB ha partir del año 2000, teniendo en cuenta la nueva base de cálculo. EL PIB del año 2003 es ahora 18,2 % superior. 1 El cálculo del Banco Mundial mencionado se había hecho con la cifra anterior. Somos por esta razón 18,2% más ricos en promedio.

- Entre el 2003 y el 2008 se ha producido una revaluación del peso colombiano del 31%, puesto que el precio del dólar promedio pasó de $2877 a $1980. Esto nos hizo más ricos, en dólares, en ese mismo porcentaje (un viajero internacional puede darse cuenta de este fenómeno).

He hecho las cuentas sobre el efecto que cada uno de esto factores ha tenido sobre nuestro mejoramiento en la riqueza en dólares del PIB per capita, y he llegado a la siguiente conclusión (estoy en posibilidad de proporcionar los detalles del cálculo a quien los solicite). El efecto revaluación explica un 46%, el ajuste en el tamaño de la población un 11%, y el cambio en la base de cálculo del Producto Interno Bruto un 27%. Lo anterior hace que solo el 16% del incremento en nuestra riqueza promedio en dólares esté explicado por el crecimiento económico. Nuestro PIB en dólares del 2008, sobre una base comparable al del 2003, sería de US$2334. Hemos crecido un 33%. Es buena la cifra, pero no tanto como lo mostraba el estimado inicial del 211%.

1.Los lectores que estén interesados en profundizar sobre el cambio de base del DANE pueden consultar el documento metodológico de esta institución aquí

sábado, 8 de agosto de 2009

• El comercio con Venezuela: Indicios de sobrefacturación





A raíz de la crisis diplomática que se ha presentado con el gobierno venezolano, es conveniente mirar la importancia que tiene para Colombia el comercio con el vecino país. No hay duda que las cifras indican un gran crecimiento en los últimos años. Entre 2005 y 2008 el peso de las exportaciones venezolanas pasó del 10% al 16%. Las ventas al vecino país explicaron un 25% del crecimiento total de las exportaciones colombianas en el mismo período.

Es necesario, sin embargo, mirar más allá de las cifras globales, y apreciar las consecuencias del régimen de cambios que existe hoy en día en Venezuela. Desde el año 2003, el gobierno de ese país estableció un rígido sistema de control cambiario, y se crea la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Se supone que este organismo compra las divisas generadas por las exportaciones de Venezuela, y atiende las demandas del sector importador. Lo hace a una tasa fija que desde el 2004 es de 2144Bs (2,14 Bolívares Fuertes). La demanda por dólares para importaciones, para financiar las salidas de capitales o simplemente por especulación, es bastante superior a la que puede atender CADIVI. Como consecuencia lógica, se ha creado un mercado paralelo en el cual el precio del dólar es considerablemente superior al oficial. La última cotización conocida es de 6,7 BF por dólar, más de tres veces el valor de venta de CADIVI.

Como siempre que existen este tipo de controles, se presenta la oportunidad para operaciones de arbitraje. Este consiste básicamente en comprar los dólares a la tasa baja ofrecida por CADIVI y venderlos después en el mercado libre. Se obtendría una utilidad a las tasas de hoy, del 313%. Pero ello no es tan fácil: se necesita al menos la apariencia de una operación legal.

Para tener acceso al mercado oficial se necesita obtener una autorización y demostrar que con ella se va a pagar una importación previamente autorizada. El arbitraje operaría entonces de la siguiente manera: un exportador a Venezuela vende un producto en dólares a un precio que está bastante por encima del precio normal. El comprador en Venezuela registra la importación y logra la posibilidad de comprar los dólares en el mercado oficial. La empresa importadora venezolana vende el producto a sus clientes, y como hubo sobrefacturación, lo más probable es que le falten bolívares para poder pagarle a CADIVI el valor de los dólares comprados. El exportador extranjero le envía en físico los dólares que necesita para que los venda en el mercado oficial y obtenga los bolívares que le hacen falta.

En un trabajo de grado del programa de Magister en Administración de la Universidad de los Andes1 , que tuve la oportunidad de dirigir, sus autores utilizan este ejemplo:

"Consideremos un exportador que generalmente vende hacia Venezuela kilos de carne. El precio de mercado de un kg ha estado alrededor de US$2. Para aprovechar esta situación, exporta 10000 kilos (10 toneladas) y los factura a US$5. Cuando él mismo o su cliente en Venezuela importa la carne, la nacionaliza y se la vende a sus clientes locales. Sin duda les vende en Bolívares, pero para este ejemplo asumamos que vende esos kilos al precio de mercado, sin ninguna utilidad. ….Obtiene entonces Bs 42 millones. Pero el valor registrado por la importación es de BS 105 millones (US$50000 a una tasa de cambio oficial de $2100 por dólar). Para conseguir los bolívares adicionales, debe llevar al mercado paralelo US$10.500 (asumiendo que la tasa en el mercado paralelo está a $6000 Bolívares por dólar), que los lleva desde Colombia (posiblemente adquiridos también en el mercado paralelo colombiano, en donde, a diferencia del venezolano, el precio del dólar es más barato que el oficial). Queda entonces cerrada la operación. El exportador colombiano invirtió los US$20000 de la carne, más los US$10.500 que tuvo que llevar para vender en el mercado paralelo, para un total de US$30.500. A cambio recibió del importador, a través del Gobierno Venezolano, US$50.000. Obtuvo una utilidad del 64%. Obviamente hay riesgos importantes en el negocio. El CADIVI puede demorarse en autorizar los giros. Es necesario llevar a Venezuela los dólares en efectivo. Pero aún así, es un negocio bastante rentable".

Los mismos autores de este trabajo de grado hicieron un hallazgo interesante. El valor por kilo (resultado de dividir el monto en dólares por el peso registrado) en dólares en algunas posiciones arancelarias correspondiente a exportaciones colombianas a Venezuela aumentó entre 2005 y 2008 entre un 400% y un 500%, evolución que difícilmente puede ser consecuencia del comportamiento normal de los precios.

Existe claramente un incentivo para sobrefacturar las exportaciones a Venezuela, y algunos agentes económicos lo están aprovechando. ¿Qué porcentaje de comercio hacia Venezuela es real y qué porcentaje es consecuencia de este incentivo a la sobrefacturación? Bastante difícil de saberlo.


1 Salomón Stroth, Nicolás Gómez. Consecuencias en el comercio y empresas colombianas del control cambiario venezolano. Proyecto de Grado. Universidad de los Andes, Facultad de Administración, programa MAF. Bogotá, Junio de 2009. Para mayor comprensión de los lectores de este blog, realicé algunos pequeños cambios en la redacción.

domingo, 2 de agosto de 2009

El índice BIG MAC, ¿qué ha pasado desde Marzo?




Algunos lectores de esta página me han solicitado que presente un análisis actualizado del Indice Big Mac, que presentamos en nuestra entrada del 23 de Marzo.

Recordemos de qué se trata este índice, creado por la Revista The Economist en 1986. Al comparar el precio en dólares de una mercancía homogénea, la hamburguesa Big Mac, producida por Mc Donald’s, se busca saber si una moneda está sobre o subvaluada, es decir si puede preverse, en condiciones normales o una devaluación o una revaluación de la misma. Es una aplicación de la teoría de la paridad del poder de compra, que señala que las tasas de cambio juegan un papel importante en la tendencia hacia la igualación de los precios de los bienes transables (aquellos que son o pueden ser objeto de comercio internacional). Un país en el cual los precios (medidos por una canasta de bienes) son más baratos frente a los de su socio comercial, tendría una moneda con tendencia a revaluarse. La revaluación, recordémoslo, tiene como consecuencia encarecer los precios de los bienes transables en moneda internacional. De manera inversa, un país cuyos precios sean más caros tendería a devaluarse.

Dado lo anterior, si, por ejemplo, tomamos el precio de la hamburguesa en Estados Unidos (medido en dólares) y lo dividimos por su precio en Colombia (medido en pesos), obtenemos una tasa de cambio entre las dos monedas, el peso y el dólar, a la que llamaremos tasa implícita. Esa tasa igualaría el precio de la hamburguesa en los dos países. Al comparar esa tasa con la que se está presentando efectivamente en el mercado, podemos saber si una moneda (en este caso el peso) está sobrevalorada o subvalorada. En el primer caso, lo que podría esperarse es que se presente una devaluación del peso; en el segundo caso, una revaluación.

Yo estoy calculando desde hace varios años esta tasa implícita, a partir del valor de la hamburguesa en Colombia (lo consigo llamando por teléfono), del valor de la hamburguesa en Estados Unidos, proporcionado por The Economist. Esta tasa se compara con la representativa del mercado, proporcionada por la Superintendencia Financiera. Los resultados están en el gráfico adjunto.

En marzo mencionábamos que, a partir de estos datos, el peso colombiano estaba subvaluado en un 18%. Debería esperarse entonces una revaluación. Es lo que efectivamente ha ocurrido.

En su edición del 16 de Julio, The Economist publicó
su última actualización del índice, y, de manera extraordinaria, porque no es lo normal en la revista, publicó los datos sobre Colombia. En ese momento, la tasa representativa del mercado (pesos por dólar) se situaba en $2096, mientras que la tasa implícita estaba en $1961. Por estos datos, es posible concluir que la revista estaba trabajando con las cifras del principios de Julio (3 de Julio, más exactamente). En ese momento, el peso colombiano estaba subvaluado en un 6%. Durante el mes de Julio, se continuó avanzando hacia la tasa implícita. Hoy (2 de Agosto), la subvaluación es solo del 4%. La tasa de cambio que iguale el precio de la Big Mac en los dos países es de $1960. Podría esperarse entonces que la revaluación del peso siga su curso.

Insisto en otra advertencia que había hecho: este análisis solo permite detectar tendencias a largo plazo, no sirve para predecir los movimientos de corto plazo, que pueden estar influenciados por fenómenos tales como el comportamiento de la balanza de capitales del país (especialmente inversión extranjera y endeudamiento del gobierno), y las expectativas del comercio exterior con nuestros vecinos. De todas maneras, si deciden apostar los lectores sobre el movimiento del dólar a partir de estos datos, buena suerte.

domingo, 26 de julio de 2009

El Sistema Integrado de Transporte Público para Bogotá, comienza el debate





El gobierno Distrital acaba de expedir el Decreto 309 de 2009 , por medio del cual “adopta el Sistema Integrado de Transporte Público para Bogotá y se dictan otras disposiciones”. Se producirá por fin la tan anhelada reforma en el sistema de transporte público de Bogotá? ¿Desaparecerán las empresas afiliadoras (con su perverso esquema de incentivos que propician la sobreoferta) y la guerra del centavo? Para empezar este debate, he invitado al Dr Alvaro Pachón, ingeniero especializado en temas de transporte, profesor Universitario y consultor y autor del libro “ La infraestructura de transporte en Colombia durante el siglo XX”, a expresar sus opiniones iniciales . Gentilmente aceptó. Aquí están consignadas sus reflexiones.

El sistema Integrado de Transporte Público, primeras reacciones.
Por Alvaro Pachón

Voy a aprovechar la ocasión para tratar algunos de los temas que me tienen preocupado y que en mi opinión no se han discutido suficientemente. Según he oído el estudio en que se apoyó la administración es muy cuidadoso y tiene un buen soporte de modelación. Sin embargo, no parece tener en cuenta algunos puntos de vista de la economía del transporte.

En principio estoy convencido de la importancia de alinear los incentivos de los agentes económicos con los del Estado. La remuneración actual a los conductores no está de acuerdo con la maximización del bienestar de la ciudad. Me gusta la centralización del recaudo y me parece muy importante que se pueda acceder al transporte público con una tarjeta inteligente.

Pero el lograr que esto funcione es bastante complejo y no entiendo cómo el Alcalde y el Secretario de Movilidad celebran simplemente la expedición de un decreto. Estamos muy lejos de pensar que los decretos arreglen el problema del transporte. El último caso triste fue el de alcalde Mockus que emitió unos decretos que pretendían cambiar la organización del sector hacia empresas operadoras y a reducir la sobreoferta, pero esto no funcionó.

Me preocupa mucho que se proponga una tarifa de 2000 pesos. Si se supone que el nuevo sistema va a ser más eficiente, debería requerir menos recursos frente al sistema actual. Esta tarifa va a reducir la demanda del transporte público y va a ocasionar que mucha gente de bajos recursos tenga que hacer viajes a pie. Además, le está mejorando artificialmente la rentabilidad al metro, que ya no tendrá que competir con un transmilenio de 1500 pesos y con un transporte colectivo de 1200, sino que ahora todos los medios alternativos van a tener una tarifa de 2000 pesos.

Pienso que un grave error que tuvo Transmilenio fue la adopción de una tarifa plana, cuando ha debido adoptar una tarifa por distancia y por hora del día. Si el Sistema va a tener una misma tarifa para todos los sitios, estará estableciendo un enorme esquema de subsidios cruzados en donde los que hacen trayectos cortos estarían subsidiando a los que hacen trayectos largos. Además, con la misma tarifa por todo el día se perdería la opción de inducir el desplazamiento de algunos viajes hacia las horas valle. Con la tarjeta inteligente el cobro diferencial por hora del días es relativamente sencillo y así opera en Washington D.C. desde antes del Smart Trip (tarjeta inteligente y recargable utilizada por los usuarios del sistema de transporte de la ciudad).

Lo que menos me gusta de lo que ha informado la prensa sobre el nuevo esquema es la concepción del esquema de zonas. ¿ Una ruta Usaquén-Kenendy, por ejemplo, se le asignará a la zona de Kennedy o a la de Usaquén?. Más aún, si primero sale a licitación la ruta de Kennedy, llevará una gran ventaja frente a los adjudicatarios de las zonas que se decidan posteriormente.

Hay un problema más grave: los recursos escasos que son los que se deberían asignar por medio de una licitación no tienen nada que ver con la zona en donde se encuentran los terminales. Por ejemplo, una ruta que sale de Kenendy es más rentable si pasa por un corredor como la carrera séptima o trece, que si pasa por la cra 17. Los transportadores que quieran escoger los trayectos con mayor demanda deberían pagar más por este derecho que los transportadores que escojan otro corredor.
Un aspecto preocupante de los anuncios iniciales consignados en los medios de comunicación, y que ojalá resulte infundado, es la asignación a una zona tanto del transporte público, como de la operación de la fase tres de Transmilenio. Si eso es así, Transmilenio perdería muchas de sus fortalezas. No es aconsejable por ahora combinar Transmilenio con los otros operadores.

Ojalá que se puedan conocer los estudios realizados y que se pueda organizar una discusión de un tema tan importante.

lunes, 20 de julio de 2009

Si estamos en recesión.






Nos ocuparemos en este blog de examinar las cifras de crecimiento de la economía en el primer trimestre de 2009, que fueron dadas a conocer por el DANE el pasado 25 de Junio. Allí se nos informó que el crecimiento anual del producto, tal como ha sido medido tradicionalmente en Colombia (datos del trimestre con relación al mismo trimestre del año anterior, con datos desestacionalizados) había sido del 0,6%. Frente al trimestre anterior, sin embargo se había presentado un crecimiento del 0,2%.

El Ministro de Hacienda comentó que basado en la información del primer trimestre, no había recesión en Colombia

En efecto, argumentó que la recesión consiste en la caída del PIB en dos trimestres consecutivos. Según el Ministro, no se puede medir la actividad económica con el mismo trimestre del año anterior, sino con el trimestre inmediatamente anterior. Efectivamente, con ese criterio, el PIB cayó en el último trimestre del año anterior en un 1,5%, mientras que en el primer trimestre de este año se presentó un crecimiento del 0,2%. Total, no estamos en recesión

En la entrada del 29 de Marzo de este blog, habíamos señalado que es preferible la medición con relación al trimestre anterior (1). Este crecimiento se “anualiza” es decir se estima cuál sería el crecimiento anual si se mantiene el mismo ritmo. Es aproximadamente lo que hace un médico cuando toma el ritmo cardíaco a un paciente: mide el número de pulsaciones durante 15 segundos, y después multiplica por cuatro, para saber el número de pulsaciones por minuto. Como se trata de anualizar una tasa de crecimiento, no basta multiplicar por cuatro para deducir la tasa anual a partir de los datos trimestrales. Se procede de la misma manera que cuando a partir de una tasa de interés trimestral se quiere calcular la tasa efectiva anual. Da un poquito más que multiplicar por cuatro. Este es el procedimiento que normalmente se utiliza para medir la actividad económica en muchos países. (2)

Este criterio ahora es compartido por el Ministro. Si lo hubiera aplicado en Marzo, cuando salieron las cifras del cuarto trimestre anterior, tendría que haber informado al país, que el PIB estaba cayendo a una tasa anual del -4.1% (como lo señalamos en nuestra entrada., En lugar de ello, el Gobierno y los medios se concentraron en los datos acumulados del año, que daban un crecimiento del 2,5%.

El DANE ha corregido algunas cifras del año anterior. Ello es normal. Universalmente los institutos encargados de la estadística nacional actualizan permanente sus datos, especialmente los relacionados con la coyuntura. El dato del tercer trimestre del 2008 es mayor al reportado en Marzo, y el del cuarto trimestre es menor. Como resultado, en el último trimestre del año anterior tuvimos una caída anualizada del 5,9% ( en esos momentos dicha tasa en los Estados Unidos era del 6,3%, según datos del Bureau of Economic Analysis). En el primer trimestre de este año la tasa de crecimiento es positiva, pero solo en un 0,9%. (ver nuestro gráfico adjunto).

Ahora bien, el Ministro de Hacienda se valió de estos datos para afirmar que no estamos en recesión, porque según él, técnicamente, ello solo se presenta cuando el PIB cae en dos trimestres consecutivos. Es conveniente aclarar esta afirmación.

La Oficina Nacional de Investigaciones Económicas (NBER) de los Estados Unidos es la entidad reconocida tanto por los medios académicos como oficiales de dicho país para conceptuar si la economía está en recesión o no. Como puede verse claramente en su página (ver aquí ), el NBER no define una recesión como dos trimestres consecutivos de la caída en el PIB. Para este organismo, una recesión consiste en una caída significativa en la actividad económica extendida a través de la economía, que normalmente dura varios meses, y que se hace visible en el PIB real, los ingresos reales, el empleo, la producción industrial y las ventas al por mayor. Con base en estos criterios, el NBER identificó el pico del ciclo económico en USA en diciembre de 2007. La recesión comenzó entonces en ese país en Enero de 2008, pese a que los dos primeros trimestres de 2008 tuvieron crecimientos positivos de 0,9% y 2,8%.

Si aplicamos los criterios del NBER a Colombia, es claro que desde hace varios meses (por lo menos desde septiembre del año anterior) se ha presentado una caída significativa en la actividad económica, en el empleo , en la actividad industrial, y el comercio como se puede apreciar mirando los indicadores respectivos del DANE. Es decir, no puede haber duda de que estamos en recesión.

1- Siempre y cuando se trabaje con datos desestacionalizados, es decir aquellos que aislan las fluctuaciones predecibles en un mismo período. Siempre se sabe, por ejemplo, que en Colombia normalmente la producción y las ventas aumentan en los últimos meses del año. El DANE publica datos trimestrales desestacionalizados.
2- Ver Bureau of Economic Analysis. Concepts and methods of the US National Income and Product Accounts. Julio 2008. El lector interesado lo puede conseguir aquí. La fórmula utilizada está en la página 77