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domingo, 29 de marzo de 2009

Un análisis de las cifras del PIB ¿Cuánto estamos cayendo?


La caída en las cifras del producto interno bruto anunciadas por el DANE podría ser mayor si se utiliza el procedimiento de medición aplicado en Estados Unidos. La situación puede ser más grave.

El jueves pasado el DANE informó los últimos datos sobre crecimiento del PIB, confirmando claramente que estamos en vías de una recesión económica, en contra de los anuncios optimistas que había presentado el Gobierno, sobre un supuesto blindaje de la economía colombiana frente a la crisis financiera internacional. El PIB creció solo un 2,5% anual en el 2008, frente a una cifra del 7.5% en el 2007. En Estados Unidos el PIB, según información del Bureau of Economic Analysis (BEA), creció en el 2008 solo un 1.1% anual.

Pero lo que realmente sirve para medir el pulso de una economía son las cifras trimestrales. Es en ellas en las que el gobierno, los empresarios y los académicos deben concentrarse para hacer el análisis coyuntural. Según el DANE, el crecimiento anual en el último trimestre del 2008 fue negativo en un 0,7%. La caída en los Estados Unidos fue, según el BEA de 6.2%. (ver gráfico No 1) Estamos entonces mal, pero aparentemente, no tanto como nuestro socio comercial del Norte.

Pero, ¿estamos realmente hablando de lo mismo? Quiero decir claramente que no, porque estaríamos comparando peras con manzanas. La metodología utilizada en Estados Unidos para medir dichas variaciones es completamente diferente a la de Colombia. Expliquemos.

Para medir la tasa de crecimiento anual de un trimestre, el DANE compara el dato del trimestre analizado con el mismo trimestre del año anterior. No tendría mucho mérito que se nos informara que el cuarto trimestre del año fue mejor que el anterior, porque siempre los últimos trimestres son mejores, por las compras navideñas que hacen los consumidores.

Pero tanto el DANE como el BEA publican series desestacionalizadas, es decir datos que aislan las fluctuaciones económicas predecibles. Esto quiere decir que, a través de complejos procesos estadísticos que no es del caso explicar aquí, se han ajustado los datos originales para prescindir de las fluctuaciones regulares, de tal manera que la información que queda se aproxima al verdadero comportamiento del ciclo económico.

Partiendo de las cifras desestacionalizadas, el procedimiento del BEA consiste en tomar la tasa de crecimiento de un trimestre con relación al trimestre inmediatamente anterior, y anualizarla, es decir, indicarnos cuál es la tasa de crecimiento anual equivalente. El procedimiento más sencillo es multiplicar por cuatro. Es exactamente lo mismo que decir que una tasa de interés trimestral del 5% es equivalente a una tasa anual del 20%. Pero este procedimiento, como lo sabe cualquiera que haya estudiado matemáticas financieras, subestima la tasa efectiva.

En realidad lo que hace el BEA es calcular la tasa de crecimiento compuesto mediante el mismo procedimiento que se utiliza para convertir una tasa trimestral de interés en una tasa efectiva anual [1]

He aplicado el anterior procedimiento para encontrar las tasas anuales de crecimiento de la economía colombiana, a partir de los datos del Dane. Lo que he encontrado es lo que se presenta en el gráfico 2.

Es decir, en el último trimestre del año pasado la economía se contrajo a una tasa anual del 4.1%. Fue menor, claro está, que la caída de Estados Unidos (6.3%), pero no estamos muy lejos. No estábamos entonces tan blindados.

Al analizar los principales componentes de la demanda según el mismo procedimiento anterior, la inversión (formación bruta de capital) cayó un 29%. Esta caída fue resultado de la baja en construcción y edificaciones (casi un 40% de tasa anual efectiva), y en obras civiles (10.2%). Valga la pena señalar que el dato anual de la caída en equipo de transporte fue del 22%. La congelación de la inversión en transporte de carga por carretera, negociada con los camioneros en el paro Julio anterior, no podía dejar de tener consecuencias negativas

A algunos economistas no les gusta este procedimiento de cálculo de las variaciones anuales porque, se argumenta, introduce una alta volatilidad en la medición de las variables económicas. Ello es cierto. Pero yo pienso que si la realidad es volátil, así lo deben reflejar las estadísticas. No tiene sentido para un médico tratar de “suavizar” los datos sobre las pulsaciones de su paciente que le reporta el electrocardiograma. Si lo hace, correría el riesgo de no darse cuenta de la gravedad de la situación. Lo mismo le puede pasar a los analistas económicos y a los gobiernos.
[1] Ver Bureau of Economic Analysis. Concepts and methods of the US National Income and Product Accounts. Julio 2008. El lector interesado lo puede conseguir aquí. La fórmula utilizada está en la página 77.

lunes, 23 de marzo de 2009

El índice Big-Mac, ¿Cómo funciona para Colombia?

La revista The Economist comenzó a publicar en 1986 una curiosa serie que tenía como propósito comprobar empíricamente la teoría de la paridad de poder de compra, para explicar el comportamiento de las tasas de cambio. Esta teoría afirma que las tasas de cambio entre las monedas de dos países se comportan de tal manera que, a largo plazo, los precios de los bienes transables (es decir, aquellos que son o que pueden ser objeto de comercio internacional) tienden a igualarse. Un país en el cual los precios (medidos por una canasta de bienes) son más baratos frente a los de su socio comercial, tendría una moneda con tendencia a revaluarse. La revaluación, recordémoslo, tiene como consecuencia encarecer los precios de los bienes transables en moneda internacional. De manera inversa, un país cuyos precios sean más caros tendería a devaluarse.

El problema práctico para comparar los niveles de precios en diferentes países radica en la selección de la canasta adecuada de bienes y servicios. En cada sociedad los gustos, y por lo tanto los patrones de consumo, pueden ser muy diferentes. The Economist propuso un patrón muy especial: utilizar el precio de la hamburguesa Big-Mac, producida por Mc Donald’s. Se basó para ello en el hecho de que se trata de una mercancía estandarizada, debido a las políticas corporativas de la empresa que las fabrica. En su composición, y por lo tanto en sus costos, entran sobre todo bienes transables.
Dado lo anterior, si, por ejemplo, tomamos el precio de la hamburguesa en Estados Unidos (medido en dólares) y lo dividimos por su precio en Colombia (medido en pesos), obtenemos una tasa de cambio entre las dos monedas, el peso y el dólar, a la que llamaremos tasa implícita. Esa tasa igualaría el precio de la hamburguesa en los dos países. Al comparar esa tasa con la que se está presentando efectivamente en el mercado, podemos saber si una moneda (en este caso el peso) está sobrevalorada o subvalorada. En el primer caso, lo que podría esperarse es que se presente una devaluación del peso; en el segundo caso, una revaluación.

No siempre la revista incluye los datos sobre Colombia en sus cálculos. Por lo anterior, desde hace algún tiempo yo estoy calculando para utilizar en mis clases la tasa implícita entre el precio colombiano y el dólar, utilizando los precios relativos de la Big-Mac. Todo lo que tengo que hacer es llamar a Mc Donald’s, preguntar por el precio de la Big-Mac, consultar en The Economist el precio de la hamburguesa en USA, y consultar en la página web de la Superfinanciera el valor de la tasa representativa del mercado. Los resultados son los que aparecen en el gráfico adjunto. Se pueden obtener conclusiones interesantes.

A finales de 2002 y principios de 2003, era claro que el peso colombiano estaba fuertemente subvaluado. Recordemos que la crisis de 1999 se había traducido en una fuerte devaluación del peso. Podía predecirse en ese momento una revaluación de nuetra moneda, y ello fue lo que efectivamente ocurrió. A mediados del 2006 ya se había logrado la paridad de equilibrio. Pero el peso continuó revaluándose. El momento más agudo de sobrevaloración del peso ocurrió en Junio de 2008, cuando la diferencia entre la tasa implícita y la TRM llegó al 18%. La corrección exigía una devaluación. Entre Junio del año pasado y finales de Febrero el peso se devaluó un 42%.. Pero fue una sobre-reacción. Como resultado, el peso colombiano estaría hoy subvaluado en un 18%.
Quien quiera apostarle a que esta situación se corrija debería vender dólares. El problema es que este sencillo modelo predice tendencias de largo plazo, no orienta al especulador sobre el momento preciso de hacer su apuesta. Como lo muestra el gráfico, las subvaloraciones o sobrevaloraciones pueden tomar tiempo en corregirse.
Por otra parte, la prudencia me aconseja incluir una clásula en este blog: su autor no se hace responsable por las pérdidas en que incurra quienes sigan sus consejos. De todas maneras, buena suerte.

sábado, 14 de marzo de 2009

Crimen, castigo e incentivos


La posición asumida por la Corte Suprema de Justicia frente a una solicitud de extradición, y en general las normas sobre penas contempladas en el Código Penal Colombiano, pueden traducirse en un aumento de la criminalidad. Lo dice la economía.

La Corte Suprema de Justicia, según noticia publicada en el diario El Tiempo, negó el pasado 19 de Febrero la extradición de un ciudadano colombiano, argumentando que la persona reclamada por los tribunales de Estados Unidos ya había sido condenada por narcotráfico en Colombia. En la providencia que negó el pedido, la Corte señala que “cuando previamente a la solicitud de extradición el requerido ya ha sido juzgado, la extradición se hace improcedente y la ejecución de la pena debe hacerse de manera imperativa con prevalencia sobre la del estado requirente”.

Insisto, puesto que ya lo he señalado en varias ocasiones, en que no soy abogado. Pero ello no me impide hacerme preguntas, tanto sobre la lógica de las decisiones tomadas por los altos tribunales, como sobre los incentivos que generan en el comportamiento de los individuos, tanto las normas, como la aplicación de éstas por parte de los jueces.

Si la Corte Suprema de Justicia hubiera dicho simplemente que no se puede extraditar a una persona que haya sido condenada en Colombia sino hasta cuando haya cumplido la pena, yo lo hubiera comprendido fácilmente. También si quedara claro que el hecho por el que se condenó en Colombia hubiera sido el mismo por el que estaba siendo pedido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Pero no son así las cosas, por lo menos a partir de la información periodística (no pude encontrar la providencia original en la página web de la Corte Suprema).

Advierto que mis consideraciones no tienen nada que ver con lo que piense sobre el tema de la extradición (en principio creo que cada país deber ser capaz de juzgar a sus propios criminales por las ofensas cometidas dentro de su territorio), ni sobre el tráfico de drogas (como lo dije en una entrada anterior, prefiero, antes que la penalización, que el consumo de drogas se enfrente con impuestos y con educación, y se avance hacia una legalización de la producción). Mis consideraciones tienen que ver en general con la política criminal de un estado.

La persona solicitada en extradición había sido capturada en Octubre de 2007 y el pedido de extradición se oficializó en Abril de 2008. Pero fue sorprendida en Junio de 2007 con otro cargamento y fue condenado a finales de dicho año por concierto para delinquir y narcotráfico. La providencia dice entonces que “fácil es colegir que hay identidad entre los hechos que se imputan a González Monsalve en el extranjero y aquellos por los que en nuestro país fue juzgado y condenado”.( cita tomada del diario El Tiempo).

Yo deduzco de la noticia que si bien existe relación, puesto que en ambos países se le quiso juzgar por actividades de contrabando de drogas, no se trata del mismo crimen, puesto que el señor González aparentemente delinquió en dos ocasiones diferentes. ¿O será que lo que quiere decir la Corte es que una vez que una persona ha cometido un delito, no puede ser juzgado por otro crimen que corresponda al mismo delito? Poniéndolo en otros términos, si alguien comete un asesinato y se la llama a juicio, no podría ser juzgado de nuevo si comete otro asesinato. Es decir, la pena marginal para este ciudadano por cometer un crimen es igual a cero. Y aquí es donde nos encontramos con la ciencia económica: un criminal, que normalmente no tiene frenos morales para su actuación distintos del temor de ser sorprendido y castigado, no tendría ningún incentivo para abstenerse de cometer ese asesinato marginal. Los economistas le damos una importancia cardinal a las variables o incentivos marginales, puesto que son ellos los que terminan incidiendo en la conducta de los individuos.

Quienes se encargan de redactar y de aplicar las normas penales en Colombia harían bien en estudiar los avances de la teoría de la economía del comportamiento, representada en autores como Gary Becker, premio Nobel en 1992, y a quien ya cité en una entrada anterior.

En uno de sus artículos más conocidos[1], Becker nos recuerda (y construye sobre esa base su modelo), algo que es casi de sentido común: el número de ofensas que comete un criminal depende de su probabilidad de ser juzgado por cada ofensa, del castigo por ofensa, del beneficio que obtenga al cometer el crimen, y de su costo de oportunidad de cometer un crimen, en términos del tiempo y de los recursos que debe sacrificar en su actividad legal (si es que tiene alguna). Una disminución en la probabilidad de ser sorprendido o castigado, o en la pena, aumentan la utilidad esperada de la ofensa, y por lo tanto inducen a cometerla. Una de las consecuencias de la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema va a ser entonces el incremento en los delitos cometidos.

Añadamos a lo anterior que el sistema penal colombiano se caracteriza por unas penas bastante suaves, aún para delitos graves como el homicidio. No hablemos de la Ley de Justicia y Paz, que pudiera tener justificaciones dentro de una estrategia general de pacificación del país. Hablemos de la justicia común. Si bien teóricamente la pena máxima contemplada en el Código Penal es de 40 años (en algunos casos excepcionales es de 60), es sabido que operan rebajas sustanciales. Según el artículo 64 del Código el juez está en la obligación de conceder la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad mayor de tres años, cuando haya cumplido las tres quintas partes de la condena. No puede el juez negar el beneficio de la libertad condicional apoyándose en la gravedad del delito. El único requisito es que el juez pueda deducir que no existe necesidad para continuar con la ejecución de la pena dado el comportamiento en la cárcel del condenado. La gran mayoría, si no la totalidad de los reos se beneficia con esta rebaja. Simplemente recordemos el caso de los políticos condenados por la para-política: ya están comenzando a salir de la cárcel. Añadamos a la anterior las rebajas por trabajar (la mitad de la pena, que se acumula a la anterior), las derivadas de la colaboración con la justicia, y las rebajas adicionales que tanto le gusta aprobar al Congreso cada que nos visita un Papa (una vez cada 10 años en promedio, desde 1968).

El lector de esta columna que no sea experto en asuntos penales podrá sorprenderse. Posiblemente pensará: ¿En qué estaban pensando los parlamentarios colombianos cuando aprobaron estas normas? Si aplicamos las teorías de Becker, y las cotejamos con los acontecimientos recientes en Colombia, especialmente el alto número de parlamentarios condenados o implicados, estoy seguro que podremos empezar a entender el comportamiento de nuestros congresistas. ¿Algún lector quiere desarrollar la explicación? Puede hacerlo en los comentarios.
[1] Becker, G. Crime and Punishment: An Economic Approach. The Journal of Political Economy, Vol. 76, No. 2. (Mar. - Apr., 1968), pp. 169-217. El lector interesado lo puede encontrar aquí.

sábado, 7 de marzo de 2009

Leyendo los contratos de prórroga de los canales de televisión

La Comisión Nacional de Televisión debe explicar al país el cambio en los parámetros de riesgo entre lo propuesto por las firmas de banca de inversión y lo que finalmente fue firmado en los contratos. Ello incide en el valor de la licencia.


He tenido acceso a la copia de los contratos de prórroga firmados por la Comisión Nacional de Televisión con Caracol y RCN. Valga la pena señalar que estos documentos NO ESTAN publicados en la página de la CNTV, puesto que allí solo aparecen los contratos firmados hasta mayo de 2007. Por otra parte, si usted se toma el trabajo de consultar el motor de búsqueda del diario oficial (ver aquí), tampoco encuentra ningún contrato firmado entre el 1 de enero y el 28 de Febrero de 2009 por la CNTV.
Como lo habíamos señalado en una anterior entrada, las firmas de banca de inversión contratadas por la CNTV habían estimado el valor cada una de las licencias en $344 mil millones. Después de revisar, con asesoría del ex – ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, los parámetros de crecimiento de la economía y de comportamiento de la pauta publicitaria, se definió un valor de la licencia de $187 mil millones, valor que, según el comportamiento de dicha pauta en los años 2009 y 2010 podrá descender hasta un piso de $110 mil millones y subir hasta un techo de $264 mil millones.

Un parámetro definitivo en la determinación del valor de una concesión es el referente al riesgo del inversionista. Entre más riesgosa sea una actividad económica, más alta debe ser la rentabilidad ofrecida por el Estado en la concesión. Ello quiere decir que para calcular el valor presente de la licencia, los flujos futuros se descuentan a una tasa mayor, entre mas alto sea el riesgo. El valor de la licencia es entonces inversamente proporcional al riesgo que corra el concesionario.

¿Cómo calcular el riesgo relativo de una actividad específica? Aquí debo pedir excusas a los lectores no familiarizados, pero no tengo alternativa diferente a la de entrar en algunos detalles técnicos. Los riesgos de una inversión accionaria se miden por la volatilidad (es decir, qué tanto cambian) de los rendimientos de esas acciones con relación al promedio del mercado. Como Colombia no tiene un mercado de capitales desarrollado, no puede utilizarse el rendimiento de las acciones en el país para el cálculo de ese riesgo. La metodología estándar en países como Colombia, y que fue la aplicada por las firmas de bancas de inversión que asesoraron a la CNTV (ver estudio pag 403) consistió en observar el beta (es decir ese riesgo relativo del que hablábamos arriba) correspondiente a la industria del entretenimiento en USA, calculado con la base de datos del profesor Damodaran ( ver aquí) y ajustar dicho parámetro a la estructura tributaria (33% de tasa impositiva) y a la estructura de capital colombianas (70% capital y 30% deuda)[1].

Es obvio que la industria del entretenimiento es altamente riesgosa. Una película puede ser un éxito de taquilla o un fracaso espectacular. Lo mismo puede pasar con discos, conciertos, etc. Es lógico que un inversionista en este sector solo esté dispuesto a participar en un proyecto si ve altos rendimientos esperados.

Como lo había señalado en la entrada anterior, las firmas de banca de inversión (pag 191 del estudio) aconsejaron, coherentemente con la utilización de los parámetros de riesgo, que en el contrato con los concesionarios se incluyera una cláusula que aclarara la distribución de riesgos entre las partes. Me permito reproducir dos párrafos de la cláusula propuesta:

A partir de la fecha de suscripción del Contrato de Concesión, el Concesionario asume los efectos derivados de los riesgos que se le asignan en la presente cláusula, además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones de este contrato y sus anexos….

“…Las partes reconocen, y así lo aceptan, que el resultado del negocio para el concesionario depende de su propia actividad comercial en un mercado de competencia, para el cual el Estado no ofrece garantía alguna de ingresos, rentabilidad o flujo de caja..”.

Así mismo, el Concesionario declara que ha efectuado sus propias estimaciones y cálculos, y que con fundamento en los mismos, ha decidido asumir la asignación de riesgos que se deriva de la presente clásula…”

...”Como consecuencia de lo anterior, no procederán reclamaciones del Concesionario basadas en el acaecimiento de algunos de los riesgos que fueran asumidos por el Concesionario y –consecuentemente- la Comisión Nacional de Televisión no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Concesionario que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de los riesgos que se le asignan, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato…”

Los riesgos que debe asumir el contrato, según las firmas de banca de inversión (pag 194), son entre otros los siguientes:

“…Los efectos favorables y desfavorables del comportamiento de la demanda de pauta publicitaria, lo cual incluye las variaciones positivas y negativas en la inversión publicitaria neta en Colombia; en la inversión publicitaria neta en el servicio de televisión como parte del total de la inversión publicitaria neta en Colombia; y en la inversión publicitaria neta en el Concesionario, sin que existan garantías, reconocimientos o compensaciones a favor del Concesionario y a cargo de la Comisión Nacional de Televisión por las variaciones en los ingresos del Concesionario derivadas del comportamiento de la pauta publicitaria, independientemente de las causas que den origen a tales variaciones”.

Existe otra lista de riesgos sobre las cuales las firmas de banca de inversión recomendaban que quedara claro que corrían por cuenta del concesionario: variaciones del mercado de contenidos para televisión, tasa de cambio del peso colombiano, inflación, precios de insumos, equipos o mano de obra, condiciones de financiación, rentabilidad del negocio, normatividad tributaria, regulación de la CNTV.

Los parámetros de riesgo utilizados por la banca de inversión, y por lo tanto la remuneración al capital reconocida en el modelo de valoración de las licencias, eran concordantes con ese esquema de distribución de riesgos.

La cláusula propuesta por las firmas de banca de inversión no se incluyó en los contratos definitivos. No solo eso, el valor de la licencia pasó a depender del comportamiento de la pauta publicitaria durante los años 2009 y 2010. Es decir, los concesionarios no están corriendo plenamente el riesgo de la pauta publicitaria: lo quedó asumiendo la CNTV. No se justificaba por lo tanto, en esas condiciones, continuar utilizando los parámetros de alto riesgo propios de la industria del entretenimiento.

Como si no fuera suficiente con lo anterior, ambos concesionarios incluyeron la siguiente manifestación en el contrato, con posterioridad a la descripción de la forma de liquidación y pago del valor de la licencia:

“ El suscrito concesionario manifiesta en relación con el precio base y las reglas establecidas por la Comisión para la determinación del precio final, que la incorporación de la presente cláusula al texto del otrosí, no significa su conformidad con el precio base ni con las reglas fijadas por la Comisión para la determinación del valor de la prórroga. Por lo tanto el Concesionario se reserva el derecho de impugnación o reclamación que estime procedentes”.

Es decir, firman un contrato, que incluye la cláusula del valor de la licencia, pero de una vez anuncian que van a demandar dicho valor. Uno podría legítimamente preguntarles ¿y quién los obliga a firmar? Si al comprador el precio de un bien o servicio le parece demasiado alto, pues que no lo compre.

Pero la posición de la Comisión es todavía más extraña. Si usted está vendiendo su casa, y el comprador le anuncia en el contrato de compra-venta que no está de acuerdo con el valor que usted pide, y que está dispuesto a demandarlo, ¿sigue usted en el negocio?

La CNTV siguió en el negocio y firmó el contrato. ¿Qué dirán la Contraloría y la Procuraduría de todo esto?

[1] He reproducido el procedimiento de las firmas de banca de inversión, y he obtenido resultados bastante similares.

domingo, 1 de marzo de 2009

La guerra contra las drogas: ¿qué dice la economía?

Es preferible combatir el consumo de drogas con impuestos que con prohibiciones. Lo dicen los académicos
El recientemente expedido informe de la Comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia ha puesto sobre el tapete nuevamente el tema de la guerra contra las drogas. La comisión constata el fracaso que ha tenido hasta el momento una política centrada en la represión, y sin llegar hasta la sugerencia de la legalización, propone una estrategia que transforme a los adictos que hoy compran drogas en el mercado legal en pacientes del sistema de salud, en realizar campañas innovadoras y de información y de prevención, y en focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen organizado, priorizando la lucha contra sus efectos más nocivos: violencia, corrupción, lavado de dinero, tráfico de armas y control de territorios.

¿Qué dice la teoría económica sobre estos temas? Dentro de la abundante literatura académica que se ha producido, quiero destacar un artículo escrito por Gary Becker (premio nóbel de Economía 1992), junto con Kevin Murphy y Michael Grossman [1] algunas de cuyas interesante conclusiones quiero compartir con los lectores de este blog. Insertaré de paso algunas reflexiones personales.

En primer lugar, los autores destacan que el monto de gasto público que se justifica en términos de eficiencia para hacer efectiva la prohibición de la producción o del consumo de un producto ilegal depende de dos factores: el primero es la diferencia que exista entre el valor social del consumo de un bien y el valor privado para el consumidor; el segundo es la elasticidad precio de la demanda. Expliquemos esto por partes.

Para la mayoría de bienes de consumo, la utilidad social y la utilidad individual de su consumo son iguales. La sociedad no se beneficia ni se perjudica porque usted se coma una torta o porque compre una boleta de cine. Existen sin embargo algunos bienes que tienen lo que en economía se denomina externalidades positivas o negativas.

Concentremos en las externalidades negativas asociadas al consumo de las drogas. En un mundo de producción y consumo legalizado, ¿cuál sería el costo que tendría sobre la sociedad el consumo de drogas de un individuo? El consumidor estaría pagando por los recursos y factores involucrados en la producción: es el precio pagado al productor. Pero posiblemente le esté ocasionando a las sociedad costos adicionales que él no está pagando, por ejemplo en términos de mayores gastos en salud pública. ¿Cómo resolver esa imperfección del mercado?
La manera ortodoxa de enfrentar las externalidades negativas es a través de impuestos al consumo. Es el caso del tabaco o de los licores. El impuesto al tabaco y la prohibición de consumirlo en lugares públicos ha sido el instrumento que se ha adoptado universalmente para compensar (caso del impuesto) o para disminuir (caso de la restricción de uso en ciertos lugares), los costos sociales asociados a su consumo. Hay quienes han propuesto la prohibición completa de la producción y del consumo del tabaco, pero por fortuna no han tenido acogida.

¿En qué casos se justificaría la prohibición? En los casos en que, además de lo anterior, el consumidor esté desprotegido, porque no tiene información completa sobre las consecuencias del consumo. Esta es la situación de los menores de edad. Una restricción a la comercialización a los menores, que se facilita si los expendios autorizados están controlados, podría enfrentar este problema.

Uno de los efectos positivos de la prohibición consiste en subir el precio del bien ilegal. Los productores deben incurrir en mayores costos (sobornos, utilización de medios ineficientes de transporte, mecanismos privados para hacer cumplir los contratos, etc), y enfrentan riesgos (probabilidad de que la mercancía sea decomisado, y probabilidad de que sean encarcelados), cuya valor es trasladado al consumidor. El efecto benéfico consistiría en que la demanda bajaría. La magnitud de ese efecto dependerá de la elasticidad-precio de la demanda. Pero la mayoría de estudios que se han llevado a cabo sobre el tema concluyen en que la elasticidad precio de la demanda de drogas es menor que la unidad, especialmente si los adictos constituyen una proporción significativa de los consumidores. Esto quiere decir que un disminución porcentual en el consumo es inferior al incremento porcentual del precio. Es necesario un alza considerable en el precio para desalentar de manera significativa el consumo. Es decir, la prohibición puede ser un instrumento ineficiente.

Aún en el caso de una demanda elástica, ¿qué sería mejor como política pública: la prohibición, o el impuesto al consumo? Los autores no dudan (pag 25) en su respuesta: es mejor el impuesto. El precio de las drogas, si se ha diseñado un impuesto óptimo (es decir que reconozca plenamente las externalidades negativas del consumo), sería mayor al precio inducido por una guerra "óptima" contra las drogas, aún reconociendo el hecho de que algunos productores decidan evadir el impuesto y continuar produciendo en una economía subterránea.

Las políticas de persuasión y de educación tienen sentido en la medida en que pueden disuadir a futuros consumidores, y evitar que se conviertan en adictos. En este grupo de población la elasticidad precio de la demanda por drogas es más alta, porque no existe adicción. La campaña de persuasión eleva aún más dicha elasticidad-precio.

Además de los argumentos señalados por los autores a favor de la tributación como instrumento para incidir negativamente en el consumo, es necesario tener en cuenta las externalidades negativas asociadas a la producción en condiciones de ilegalidad: el incremento en el crimen, la corrupción de la justicia y de las fuerzas policivas (o incluso militares, como en el caso colombiano) encargadas de combatir la producción, y, como lo hemos visto en nuestro país, perversión del proceso político.

El Gobierno colombiano ha insistido en presentar una reforma constitucional para penalizar la “dosis personal” de drogas. Dado el poco efecto que ello puede tener sobre la producción, porque la demanda colombiana representa un porcentaje muy bajo del consumo mundial, y por la baja elasticidad precio de la demanda, esta política no pueden tener sino efectos negativos. Aumentarán los gastos en persecución de pequeños consumidores, se congestionarán las cárceles con ellos, y no se habrá logrado mucho en términos de desanimar el consumo y la producción.

[1] Becker , Murphy y Grossman (2004) The economic theory of illegal goods: the case of drugs. NBER. Working paper No 10976. Los lectores interesados lo pueden encontrar aquí.