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lunes, 12 de noviembre de 2012

La crisis de InterBolsa

Los recientes acontecimientos relacionados con InterBolsa indican que es necesario introducir fuertes cambios en la regulación de la actividad de los comisionistas de bolsa.

Los casinos y el mercado de valores

Los casinos, y en general, las actividades de juego y azar no están proscritas en la mayoría de las sociedades modernas. En Colombia, de hecho,las loterías departamentales o nacionales, el baloto, las carreras de caballos, el chance, y más recientemente, los casinos, que han proliferado notoriamente, se han convertido en una fuente importante de recursos para la salud. Las sociedades admiten los juegos de azar, pero los someten a una regulación cuidadosa. El que quiera arriesgar su dinero tiene pleno derecho de hacerlo. Lo único que puede hacer el Estado es evitar que alguien sea engañado. Las ruedas que seleccionan los números ganadores de una lotería no pueden estar alteradas, los dados no pueden estar cargados, las cartas no deben estar marcadas.

Se supone, en principio, que un mercado de valores no tiene nada que ver con las actividades mencionadas anteriormente. El propósito de estas instituciones es el que permitir a las empresas conseguir recursos de capital para sus inversiones y proporcionar a los inversionistas una utilización adecuada de sus recursos de ahorro. Pero en la medida en que el rendimiento obtenido por una acción o por un bono es incierto, la suerte juega un papel en los mercados de valores. Los precios de las acciones pueden bajar, el valor de un bono comprado a tasa fija puede descender si sube la tasa de interés de mercado o si las perspectivas de la empresa emisora se deterioran.

Keynes afirmó correctamente, en su obra central, “cuando el desarrollo del capital en un país pasa a ser un subproducto de las actividades de un casino, la tarea queda mal hecha” 1/. La regulación pública sobre los mercados de valores tiene algo en común con la normatividad de los juegos de suerte y azar. No se trata de evitar que alguien se arruine: pero si lo hace, por lo menos debió estar informado adecuadamente sobre los riesgos que corría.

La quiebra de InterBolsa, cuyos detalles todavía no se alcanzan a entender, nos permiten pensar que algo no está funcionando bien en el mercado de valores de Colombia. Que una empresa, como InterBolsa se quiebre porque sus expectativas sobre el funcionamiento del mercado del mercado no se concretaron, no debería en principio preocupar a nadie diferente a sus accionistas. Total, como lo dijo el astronauta Frank Borman, un capitalismo sin quiebras es como un cristianismo sin infierno: no funciona. Pero si la quiebra arrastra a otros participantes en el mercado, y genera desconfianza en el mismo, una quiebra pasa a ser un problema público.

Las operaciones repo.

Las llamadas operaciones repo no tiene ningún misterio. Lejos de tratarse de una innovación financiera, lo que hacen es reproducir el concepto de negocio de las tradicionales casas de empeño, montepíos o “almacenes de compra-venta”, como se llaman en Colombia (de paso, al definir su negocio como compra-venta, pueden eludir estos comerciantes las normas sobre crédito de usura). El cliente solicita un dinero, que se compromete a devolver al cabo de un tiempo (por ejemplo, un mes). El dueño de la compraventa recibe el bien, y entrega el dinero. Pasados los 30 días, el cliente devuelve el dinero, y recibe a cambio el bien empeñado: un reloj, un anillo, etc. Si el cliente no cumple con su compromiso de recomprar, la casa de empeño se queda con el bien. Para que el negocio sea rentable para ésta, debe valorar juiciosamente el bien ofrecido y saber que puede eventualmente venderlo en un plazo razonable (es decir se necesita que el bien tenga liquidez). Una manera de protegerse es el de aplicar un descuento sobre el valor del bien ofrecido. Si un anillo vale, por ejemplo, $5.000.000, solo estará dispuesto a prestar sobre él hasta $2.500.000. Aplicará un descuento, en este caso, del 50%. En algunos casos, no aceptará bienes que sabe serán de difícil venta. Una obra de un pintor desconocido, o un bolso de lujo que hoy está de moda pero mañana no (su valor tiene alta volatilidad), no serán recibidos por la casa de compraventa.

La gran diferencia con las operaciones repo es que el bien que se vende con obligación de recomprar es un título valor: un acción o un título de deuda privada o pública. Pueden realizarse entre entidades financieras o entre particulares, a través de una comisionista de bolsa.  Con operaciones repo en las cuales el activo comprado con pacto de reventa son títulos del Gobierno Colombiano, el Banco de la República proporciona liquidez temporal a los bancos.

En la legislación colombiana las operaciones repo están reglamentadas en el decreto 4432 de 2006. En principio, es una operación que no debería representar mayor problema. Los activos líquidos, como los títulos del tesoro y los bonos son utilizados para dos propósitos: obtener rendimientos, y por medio de las operaciones repo, obtener recursos de crédito de corto plazo. Por ello las inversiones en estos títulos son componente importante en la administración del riesgo de liquidez de cualquier entidad financiera.

Las Repo sobre Fabricato

Aparentemente, el problema de InterBolsa surgió con las operaciones repo respaldadas por las acciones de Fabricato. Por algún motivo que no es suficientemente explicado, solo existen por ahora especulaciones, la acción de Fabricato fue la acción más valorizada en la Bolsa de Colombia en el 2011, pues aumentó su precio en un 214% , bastante lejos de la segunda, la de Almacenes Exito, que solo lo hizo en un 9%. Y hasta el 27 de septiembre se había valorizado en un 13% durante 2012. Que una empresa que tenga pérdidas operacionales a septiembre por valor de $33. 000 millones y pérdidas totales por $41.000, haya tenido semejante comportamiento, no deja de llamar la atención (ver aquí).

Los compradores de acciones de Fabricato, y que se financiaban para ello con repos sobre las mismas, sabían, al parecer, algo que los demás agentes del mercado desconocían: estaban acaso al tanto de una posible venta de la empresa, proceso en el cual, como se sabe ( y como fue el caso de Acerías Paz del Río en 2007), se pueden obtener ganancias extraordinarias.  Es decir, disponían de información privilegiada. Ahora bien, financiar una compra de acciones a través de operaciones repo tiene una gran ventaja para el comprador, si la acción sube, paga el repo y recupera sus acciones: si la acción baja, no la ejerce y su contraparte se queda con ellas. Es lo que se llama en la jerga económica, una apuesta de una sola vía: si sube la acción, gano yo: si cae, pierde usted. Aparentemente (ver entrevista de Revista Dinero a Rodrigo Jaramillo, el Presidente de Interbolsa), el principal comprador de acciones de Fabricato, Alessandro Corridori, no pudo cumplir alguna de esas operaciones e Interbolsa pasó a apoyarlas, convirtiéndose por esta vía en el responsable de la posición pasiva del repo y por lo tanto en el propietario de las acciones. Esta es una opción que tienen las comisionistas, pero no están obligadas a hacerlo. El ex-presidente de Interbolsa afirma que lo tuvieron que hacer porque “estábamos con el agua al cuello”. Es decir, debían hacer un esfuerzo por mantener el precio de la acción de Fabricato, porque ya tenían una alta exposición en dicho activo. Temía posiblemente que el precio de la acción se fuera al suelo, y bien porque tuviera acciones de su posición propia o fuera pasivo en otros repos respaldados con las mismas acciones, debería responderle a los que estaban en una posición activa en esos repos.

Valga la pena recordar que el Decreto 4432 de 2006 establece que si existe alguna diferencia entre, de un lado, el monto final pactado en la operación, y de otro lado, el precio de mercado de los valores en la fecha del incumplimiento más las amortizaciones, la parte para la cual dicha diferencia constituya un saldo a favor tendrá derecho a que la misma le sea pagada en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha del incumplimiento, mediante la entrega de dinero. Como es muy posible que Corridori o Interbolsa, no tengan hoy liquidez para responder (mucho menos si esta última está en liquidación), los dueños de la posición activa deban reclamar los diferenciales ante el agente liquidador. Es muy probable que tengan que asumir unas pérdidas considerables.

Inquietudes

De lo publicado hasta ahora por los medios de comunicación, surgen varias inquietudes:

 a) Ante la ausencia de liquidez, Interbolsa decide hacer Repos con sus propias acciones. Pésima decisión por parte de un inversionista aceptar como garantía de un crédito acciones de la empresa a la que está prestando. Si lo hicieron aconsejados por un asesor de inversiones de la misma compañía (cosa que habría que demostrar), se estaría en presencia de un grave conflicto de intereses. ¿Aconsejaron los comisionistas de Interbolsa este tipo de operaciones a sus clientes?

b) Al parecer, uno de los principales adquirentes de acciones de Fabricato, y de las opciones sobre InterBolsa era el Fondo Premium, con sede legal en Curazao. Como algunos de estos fondos de portafolio, no se trata de inversionistas extranjeros atraídos por la confianza en Colombia. Se trata, al parecer, de inversionistas colombianos conseguidos y aconsejados por funcionarios de Interbolsa (en eso, entre otras cosas, consiste un contrato de corretaje, que era el que tenía InterBolsa con el Fondo Premium, se trata de conseguir clientes).

 El que este fondo se ubique en Curazao tiene una ventaja para los inversionistas: sus rendimientos no están sujetos a impuestos ni a retención. Pero más importante aún son las ventajas que tiene para InterBolsa. En efecto, un fondo de inversión o una cartera colectiva que opere en Colombia debe sujetarse a las normas colombianas sobre administración y gestión de carteras colectivas (decreto 2175 de 2007). Los fondos extranjeros, por el contrario, están regulados, por el Decreto 2080 de 2000.

Lo particular es lo relacionado con conflictos de interés. Dice en efecto el artículo 4 del decreto 2175 que los administradores deben administrar las carteras colectivas dando prevalencia a los intereses de los inversionistas sobre cualquier otro interés, incluyendo los de la sociedad administradora, sus accionistas, sus administradores, sus funcionarios, sus filiales o subsidiarias, su matriz o las filiales o subsidiarias de ésta. En el caso del Fondo Premium no existe esa limitación. Por ser un fondo extranjero pudo invertir en repos de Fabricato, entre ellos US$125 millones en operaciones en las cuales la contrapartida era Corridori, según lo cuenta el periodista Alberto Donadio; en repos respaldados por acciones de la propia Interbolsa (cuyo valor ha quedado valiendo nada), y en la adquisición de fondos de inversión (Rentafolio Bursátil y Valores Incorporados), empresas gestadas por uno de los accionistas de interbolsa (revista Dinero).

Así pues, los inversionistas colombianos en el Fondo Premium Capital Investment, por tratar de buscar unos mecanismos de evasión de impuestos, se expusieron a perder su dinero, puesto que pasaron a ser víctimas de las maniobras de los fondos de inversión Rentafolio Bursátil y Valores Incorporados. Desde las épocas de los fondos Bolivariano y Grancolombiano, gestionados por Jaime Michelsen Uribe a principios de la década de los ochenta, y que desencadenaron la crisis financiera de esa época, no se había presentado un caso semejante, Será que el liquidador de InterBolsa admite sus reclamaciones? ¿Qué posición asumirá la Dian al respecto?

Cuando se fundó la Bolsa de Bogotá, y hasta 1990, el negocio de los comisionistas de bolsa era muy simple:  ganaban  exclusivamente comisiones por la compra y venta de títulos valores, y de allí derivaron su nombre. Les estaba absolutamente prohibida la posición propia (ver por ejemplo, la ley 1172 de 1980). Por otro lado, estas comisiones estaban fuertemente reguladas: ningún comisionista podía cobrar más de lo establecido, pero sobre todo no podía cobrar menos.

Con las reformas financieras de principios de los años noventa, se liberaron las comisiones, y se buscó que fuera la competencia la que las determinara. Pero los comisionistas alegaron que su negocio no podía ser viable, a no ser que les permitieran invertir en posición propia. La Ley 45 de 1990 se los autorizó. Lo demás es historia.

Como lo dijimos anteriormente, cada cual es libre de apostar su dinero, y de perderlo. Pero cuando a través de un excesivo apalancamiento con sus clientes o con los bancos, o de operaciones no transparentes que utilizan instrumentos como el Fondo Premium, quienes pierden el dinero son distintos a quienes toman las decisiones de inversion, el Estado debe actuar. Es hora de mejorar la regulación sobre la operación de los comisionistas de bolsa. La confianza en el mercado de valores lo exige. 

1/John Maynard Keynes. The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936. Ver aquí

domingo, 21 de octubre de 2012

Lo positivo y lo negativo del proyecto de reforma tributaria.

La propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno tiene algunos aspectos positivos. Sus defectos tienen que ver con lo que le falta.  El país sigue necesitando una reforma estructural.

 El primero objetivo de un sistema tributario es el de garantizar que el estado obtenga los recursos necesarios para la producción de los bienes públicos que la sociedad, a través del proceso democrático (constitución, leyes específicas de gasto, y leyes de presupuesto) le ha encargado. Además de aquellos bienes públicos evidentes, como defensa, seguridad, justicia, regulación, etc, la sociedad puede demandar, como en el caso colombiano, una atención especial a las  necesidades de los sectores más pobres de la población.

Todo sistema tributario debe caracterizarse por ser neutral, es decir que interfiera lo menos posible en las decisiones individuales de consumo, inversión, ahorro o voluntad de trabajar. Una nula interferencia es imposible, puesto que por definición un impuesto reduce el ingreso disponible de las personas hacia cualquiera de estos objetivos. Pero no debe privilegiar algunas actividades económicas sobre otras, salvo en el caso de que existan externalidades positivas o negativas suficientemente demostradas. 

El sistema debe ser equitativo, tanto horizontal (ingresos iguales paguen impuestos iguales) como verticalmente (quien gane más debe pagar más). Una consideración adicional de la equidad vertical es que quien gane más debe pagar proporcionalmente más. En esas condiciones el sistema tributario puede contribuir a generar mayor equidad. La distribución del ingreso después de impuestos debería ser más progresiva que antes de impuestos.

Con estos criterios en mente quiero señalar algunos aspectos positivos y negativos, que en mi opinión, caracterizan la propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno.

Aspectos positivos:

1- En el caso de las personas naturales se establece un límite a la deducción por contribuciones voluntarias a los fondos de pensiones y a otros instrumentos de ahorro institucional en 3800 UVT (98 millones) anuales. Se ordena además que estos recursos, para mantener el privilegio tributario,deben mantenerse por 20 años. El régimen anterior, no contemplaba límite a esta deducción diferente a que no sobrepasara el 30% del ingreso del contribuyente, y establecía el límite mínimo de permanencia en  cinco años. Se  había convertido por lo tanto en un privilegio tributario injustificado del cual se beneficiaban especialmente personas de altos ingresos. El aportante puede hoy convertir su fondo de pensión voluntaria en un fondo rotatorio: puede consignar un dinero que puede retirar dentro de cinco años.  El límite de 20 años está claramente ligado a lo que se buscaba con la deducción tributaria: que la gente ahorre para complementar su pensión. Surge sin embargo una pregunta técnica: ¿qué pasa con los que ahorraron antes de la vigencia de la nueva Ley? ¿Quedan congelados esos recursos? No debería aplicarse la nueva ley únicamente a los recursos adicionales consignados a partir de la vigencia de la Ley?

2- Se elimina el incentivo al ahorro de largo plazo para el ahorro en las Cuentas de "ahorro para el fomento de la construcción" (AFC).  Claramente era una deducción regresiva, puesto que era un instrumento que favorecía especialmente a las personas de ingresos altos. . Tal como está redactado el proyecto, genera sin embargo un problema. Incentiva a la creación de cuentas en estos momentos, puesto que solamente tendrán este beneficio quienes abran las cuentas hasta el 31 de diciembre de 2012. Basta abrir la cuenta ahora y aumentar los saldos después. Las cuentas abiertas después de esa fecha y que se sumen a las pensiones tienen un límite de 3800 UVT (99 millones) para obtener el beneficio. Conclusión: abra la cuenta ahora y después incremente su monto.

3- Determina que el mpuesto a las pensiones por valor superior a 380 UVT (9,9 millones) es del 5% de lo que pase de esta suma. Antes solo estaban exentas las pensiones por debajo de 1000 UVT (26 Millones). Quienes superaran esta suma debían pagar el impuesto a la renta sobre la diferencia.  Progresiva.
 
4- Se establece la posibilidad de que presenten declaración quienes no estando obligados, se les haya hecho retención en la fuente. Antes el impuesto y la retención eran equivalentes. Hoy las personas de ingresos bajos pueden terminan pidiendo devolución sobre  lo aportado. Otra medida progresiva.

5- Creación del número de identifición de seguridad social (NISS), como elemento del Registro Unico Tributario. Es una manera de controlar la evasión de aportes. Tarde o temprano tendrá que arreglarse la vinculación entre los ingresos y la contribución para salud, que ha estimulado tanta evasión. Hoy en día es de 12,5% para los asalariados, pero no está claro cual es la base para los rentistas de capital. Muchos de ellos declaran un ingreso mínimo, lo cual les permite obtener el aseguramiento, pero ser subsidiados en el costo de éste.

6- Se reduce el impuesto de la renta para las sociedades, del 33% al 25%. A cambio de lo anterior se crea un nuevo impuesto, aplicable a todas las sociedades: el impuesto a la renta para la equidad, del 8%. Los recursos recogidos irán a financiar el SENA, el ICBF y el sistema de salud. Se elimina la contribución al SENA y al ICBF para los contribuyentes  por los trabajadores que devenguen hasta 10 salarios mínimos. Son estos trabajadores a quienes afecta negativamente esta contribución. Un ejercicio de incidencia tributaria basta para demostrar que son los trabajadores (incluidos los desempleados que no pueden ser contratados por los altos costos laborales) quienes pagan efectivamente este impuesto.
Esta norma es claramente positiva desde el punto de vista de eficiencia y de equidad. Se disminuye un impuesto a la generación de empleo formal, y se reemplaza con un impuesto general a la renta. Beneficia a las empresas que sean intensivas en mano de obra y hace pagar más a las empresas que sean intensivas en capital. Elimina entonces una distorsión intersectorial en la inversion hoy existente. El SENA y el ICBF seguirán siendo financiados con los recursos del impuesto a la equidad. Es falso por lo tanto que se le quiten recursos a estas entidades.
 
7- Se incluye como operación entre vinculados las operaciones de zonas francas con sus vinculados en el país. Las normas sobre precios de transferencia no se aplicaban en estos casos, sino solo a operaciones internacionales. La anterior situación generaba un arbitraje tributario: cargar los ingresos en la empresa que tenga tratamiento tributario favorable y los costos en la que tenga la tasa más alta.  

Aspectos negativos:


1. Continúa la exención a los dividendos. Se está desaprovechando la oportunidad de hacer que el impuesto al capital sea también progresivo. Con el sistema actual todos los accionistas de sociedades pagan la misma tributación: el 33%. En la medida en que se redujera el impuesto a las sociedades y se gravaran de manera progresiva los dividendos repartidos (de tal manera que el efecto en el recaudo fuera neutro)  se contribuiría a mejorar la progresividad del sistema. 

2. No se incluyó el aporte patronal para las cajas de compensación entre las rentas de trabajo eliminadas. No hay ninguna justificación para que se mantenga este impuesto, que produce las mismas distorsiones ya mencionadas que las que van para el ICBF y el SENA. 

3. No se busca eliminar exenciones o tratamiento diferenciales injustificados que distorsionan el sistema tributario, y que claramente favorecen a los contribuyentes de altos ingresos. Algunos de estas exenciones, deducciones y descuentos injustificados fueron analizados en una anterior entrada.

4. Se continúa considerando al consumo de telefonía celular como bien de lujo, cuando hoy es un instrumento de trabajo indispensable, y con mayor impacto en los sectores de más bajos ingresos, como lo han reportado diversos estudios internacionales

5. No se elimina el tratamiento tributario diferencial para los usuarios industriales de las zonas francas, tratamiento que no tiene ninguna justificación, como pudimos también argumentarlo en una anterior entrada.

6. No enfrenta el problema que representa la posibilidad de que el estado continúe firmando contratos de estabilidad jurídica,  que contribuyen a crear inequidad horizontal y a aumentar la complejidad en la administración del régimen tributario.

Estaremos atentos a la discusión que se de en el Congreso sobre este proyecto. Todavía falta mucho para poder hablar de una reforma estructural que necesita el país.

martes, 2 de octubre de 2012

El seguro de desempleo, ¿le llegó la hora? Posibilidades y riesgos

La propuesta del Ministerio de Trabajo sobre seguro de desempleo es un primer paso, muy necesario en Colombia, para avanzar hacia un sistema completo pero sostebible de bienestar social. Pero tiene sus riesgos.


En una de las primeras escenas de la película francesa Amigos, que se está proyectando en estos días en el país, uno de los protagonistas, Dizz, un inmigrante senegalés, asiste a una entrevista de trabajo. Sin sentarse siquiera, le propone a sus entrevistadores algo muy simple: “ya sé que no voy a ser contratado, ahorrémonos trámites. Llénenme esta certificación de rechazo, pues me exigen tres de éstas para poder seguir gozando de mi seguro de desempleo”. Para su sorpresa, el supuesto solicitante resulta contratado, muy contra su voluntad.

Si bien el desenlace de esta entrevista resulta inverosímil, si ilustra claramente uno de los problemas a los que se puede enfrentar la existencia de un seguro contra el desempleo en un país como Colombia. Es el tipo de seguro que por su naturaleza está expuesto al riesgo moral por parte del asegurado, y que podría conducir a su inviabilidad. El asegurado puede controlar alguna las variables determinantes del siniestro: o bien queda desempleado por su voluntad, o bien puede negarse a buscar empleo o a trabajar, con la tranquilidad de que de todas maneras tendrá su remuneración. También está expuesto a la otra gran imperfección que asusta a los aseguradores: la selección adversa, que consiste en que solo se afilian a él quienes tienen altas probabilidades de quedar desempleados.

Este tipo de comportamientos se presenta en países con amplia duración del beneficio y con elevadas tasas de reemplazo (relación entre el valor de la indemnización recibida y el último salario devengado) Países como Francia, Alemania y Holanda se caracterizan por tener altas tasas de reemplazo, y amplios períodos de beneficio (hasta 5 años en Francia e indefinido en Holanda).

Esta es la razón por la cual no es viable un sistema privado de seguros de desempleo. Solo el Estado estaría dispuesto a correr las consecuencias financieras del riesgo moral o a utilizar su capacidad coercitiva o de control para evitar o por lo menos disminuir las probabilidades de que le haga trampa al sistema.

A pesar de lo anterior, es deseable que exista un apoyo a la persona que haya quedado desempleada por razones ajenas a su voluntad. En primer lugar, la existencia de este apoyo es una expresión de la solidaridad, uno de los valores centrales de la Constitución colombiana. Por otra parte, desde un punto de vista macroeconómico, un seguro al desempleo constituye el ejemplo clásico de los que en macroeconomía se denomina “estabalizador automático” del ciclo económico: se incrementa el gasto en épocas de recesión, precisamente cuando más se necesita que crezca la demanda agregada, y disminuye en épocas ascendentes del ciclo.

El mecanismo utilizado como apoyo al desempleo en Colombia fue el “auxilio de cesantía”, creado en 1946. El empleador estaba obligado a pagarle al empleado, en el momento del retiro de éste, un mes de trabajo por cada año trabajado. La retroactividad de las cesantías, establecida en 1965, estableció que se tomaba como salario base el último salario percibido por el trabajador. Ese reajuste se presentaba independientemente de que el trabajador hubiera retirado sus auxilios de cesantía.

Esta situación se convirtió en una carga laboral exagerada para aquellas empresas que tuvieran trabajadores con alta antigüedad, puesto que obligaba a una considerable reliquidación cada vez que se presentaba un aumento salarial, en condiciones de una inflación promedio del 25%. Como respuesta a ello, se creó una distorsión en el mercado laboral: los trabajadores antiguos no deseaban retirarse de su empleo, así recibieran ofertas interesantes, pues perdían la retroactividad, y los empleadores trataban de no contar con trabajadores antiguos, o de no ascenderlos, para no asumir los enormes costos que representaba el recálculo de las cesantías causadas.

La Ley 50 de 1990 acabó con la retroactividad para los trabajadores que se contrataran de allí en adelante, y permitió que las empresas negociaran con sus trabajadores la renuncia a la retroactividad. Para quienes recibieran el auxilio de cesantía (no se aplica para quienes tengan salario integral), los fondos podrían retirarse para gastos relacionados con la vivienda o con la educación. En la práctica el auxilio de cesantía se integró al salario, con lo cual la persona que quedara desempleada podría quedarse sin fondos para enfrentar una situación de desempleo.

Enfrentar esta situación es precisamente el propósito del proyecto de Ley que tiene listo el Ministerio de Trabajo. La propuesta del gobierno consiste en lo siguiente:

El 50% de la cesantía que debe pagar el empleador se consignará en el Fondo de Cesantías. El ahorro acumulado, más los correspondientes intereses, servirá para financiar hasta 6 meses de desempleo. Es requisito que el trabajador haya cotizado por lo menos durante un año.

Como es tradición con los diversos sistemas de seguridad social en Colombia (caso de salud y pensiones), la propuesta incluye un elemento de solidaridad. El capital del trabajador, en caso de que no sea suficiente para financiar los seis meses de desempleo, se complementará con un apyo girado por el Fondo de Solidaridad, que se financiará a través de la redistribución del 4% sobre la nómina que hoy reciben las Cajas de Compensación Familiar. El trabajador se compromete a inscribirse en el Servicio público de empleo y a recibir entrenamiento en los términos dispuestos por la reglamentación. Si rechaza un empleo ofrecido que le proporcione por lo menos un 75% de la última asignación devengada o si se niega a recibir una beca de capacitación perderá el derecho. Se espera que esta normatividad disminuya el riesgo moral que se presentaría cuando se trata de acceder a estos recursos.

Financiar el Fondo de solidaridad con un incremento en las cargas parafiscales hubiera sido altamente inconveniente. Suficientemente demostrado está el efecto disuasivo sobre el empleador de la existencia de estas cargas en Colombia. Ya que se ha demostrado la dificultad política del desmonte de estas cargas, la mejor alternativa es su reorientación hacia el cumplimiento de otros objetivos públicos.

El sistema permite la afiliación voluntaria de los trabajadores que reciban de salario integral (más de 10 salarios mínimos), que deberán consignar un 4,17% del salario integral. Deberá tener cuidado el gobierno en su reglamentación de evitar una selección adversa: solo se afiliarían quienes tengan alta probabilidad de retirarse o de ser despedidos.

El sistema incluye a los trabajadores independientes, caso casi único en el mundo. Normalmente, esta protección se aplica únicamente a los trabajadores asalariados, puesto que la información asimétrica entre asegurador y asegurado se acentúa con los independientes. ¿Cómo demostrar que un plomero, un carpintero o un consultor no ha conseguido clientes por razones ajenas a su voluntad? El proyecto contempla que solo podrán utilizar recursos del fondo de solidaridad aquellos independientes que hagan aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Es decir, deben pagar una prima mayor. Aún así, puede presentarse la selección adversa si los subsidios a recibir a través del Fondo de Solidaridad sobrepasan en valor presente las cotizaciones adicionales, aún incluyendo el aporte adicional para las Cajas. Normalmente las entidades oficiales colombianas no han sido muy eficaces en el momento de combatir el fraude a los sistemas de seguridad social, como lo ilustran los casos de los carruseles de pensiones. Solo una reglamentación y un control cuidadoso podrá evitar posibles abusos del sistema.

La determinación de la tasa de reemplazo es precisamente la variable que va a determinar la sostenibilidad del sistema. Tal vez pensando en ello, el proyecto de Ley se abstiene de determinarla y deja ello en la responsabilidad del Consejo Nacional de Desempleo. Para combatir el riesgo moral que se podría presentar por la existencia del Fondo de Solidaridad, el proyecto prevé que la persona se inscriba en el Servicio Público de Empleo, y a que se inscriba en programas de capacitación “en los términos dispuestos por la reglamentación”. No hay que hacerse muchas ilusiones sobre estos instrumentos, que han tenido poco éxito en el pasado. Lo más realista es que la determinación de la tasa de reemplazo se haga sobre la base actuarial de que el trabajador va a recibir su auxilio durante los seis máximos previstos.

El proyecto podría mejorarse si se contempla una contribución decreciente, incluso de cero, para aquellos trabajadores que tengan un amplio período de cotización, de tal manera que con los fondos acumulados puedan financiar seis meses de desempleo con una tasa de reemplazo del 90%. De no preverse esta alternativa, estos trabajadores tendrán un ahorro congelado que podría utilizar en alternativas más eficientes para su bienestar personal, como vivienda, educación para sus hijos, y por qué no, consumo.

En fin, la propuesta del gobierno constituye un primer paso para el fortalecimiento de un sistema integral de protección a las personas, que se complementa con los avances que el país ha hecho en el sistema de salud, y en menor medida en el sistema pensional. Pueden parecer modestos sus alcances, pero los riesgos señalados exigen avanzar con cuidado. En la medida en que el sistema se consolide se podría pensar en ampliar los beneficios, cuidando, eso sí, que la cuidadosa reglamentación evite posibles abusos y fraudes.

* Una versión de esta entrada fue publicada por Razón Pública bajo el título Seguro de Desempleo, ¿llegó la hora? Ver aquí

lunes, 20 de agosto de 2012

El cargo fijo en la energía eléctrica: una opinión "contra la corriente"


Pese a lo que ha planteado el Gobierno, el Procurador y algunos parlamentarios, un cobro fijo en el servicio de energía puede ser eficiente y equitativo.
El Presidente de la República acaba de anunciar al país que la propuesta que había hecho la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas (CREG), para implementar un cargo fijo en el consumo de energía eléctrica quedaba suspendida indefinidamente. Previamente, el propio Presidente había anunciado en su twitter que esta propuesta se la habían hecho los técnicos de la CREG al Gobierno, y que a éste no le gustaba la idea.

Tal vez valga la pena establecer unos antecedentes, tanto legales, como de racionalidad económica, para analizar esta propuesta de la Comisión.

La Leyes 143 de 1994, que estableció el régimen de prestación del servicio público domiciliario de electricidad estableció, en su artículo 44, que el régimen tarifario para los usuarios finales del servicio debe estar orientado por los criterios de eficiencia económica, suficiencia financiera, neutralidad, solidaridad y redistribución del ingreso, simplicidad y transparencia. Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo, garantizándose una asignación eficiente de recursos en la economía, manteniendo a la vez el principio de solidaridad y redistribución del ingreso mediante la estratificación de las tarifas.

Por suficiencia financiera se entiende que las empresas eficientes tendrán garantizada la recuperación de sus costos de inversión y sus gastos de administración, operación y mantenimiento, con el valor de las ventas de electricidad y el monto de los subsidios que reciban en compensación por atender a usuarios residenciales de menores ingresos

Tanto el artículo 90.2 de la Ley 142 de 1994 (regulatoria de los servicios públicos en general), como el 46 de la143 establecieron la posibilidad para las Comisiones de Regulación de garantizar la disponibilidad del servicio para el usuario, independientemente del nivel de consumo incluir dentro de las fórmulas tarifarias un cargo fijo que refleje los “costos económicos involucrados en la garantizar la disponibilidad del servicio para el usuario, independientemente de su nivel de consumo”. Este cargo fijo existe hoy para los servicios de acueducto y alcantarillado y para el gas natural. También es común su presencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones.

En desarrollo de esta posibilidad, el decreto 387 de 2007, estableció, en su artículo 3, como uno de los criterios de fijación de tarifas, que los “Usuarios Regulados pertenecientes a un mismo mercado sufragarán el servicio prestado por los Comercializadores Minoristas … a través del cobro de i) un costo uniforme único que refleje el costo de comercialización y ii) un margen de comercialización”. Posteriormente, el Decreto 4977 de 1977 fijó como plazo para incorporar las políticas establecidas en el Decreto 387, el 1 de Enero de 2008. Eso sí, señaló que el Gobierno cumpliría con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1117 de 2006 (modificada ligeramente por la 1428 de 2010, ya bajo la vigencia del Gobierno Santos), y que en resumen señala que la aplicación de subsidios al costo de prestación del servicio debería hacerse de tal manera que no se tradujera en un incremento en el valor de la tarifa para los usuarios de los estratos 1 y 2.

Era claro que el establecimiento de un cargo fijo en la prestación del servicio de electricidad podría eventualmente incrementar el valor de los subsidios a los estratos más pobres de la población. Por ello, el decreto 3414 de 2009 estableció como condición para la aplicación del cargo fijo por factura que el Ministerio de Minas y Energía certificara que disponía de los recursos suficientes para sufragar los costos adicionales de prestación del servicio.

Ya en el 2007, la CREG había expedido la Resolución 119, que señala claramente, en su artículo cuarto, que el Costo Unitario de Prestación del Servicio de Energía Eléctrica consta de un “un componente variable, de acuerdo con el nivel de consumo, expresado en pesos por Kilovatio, y un componente fijo, expresado en $ por factura".

Desde el 24 de Abril, estaban en la página de la Comisión de Regulación de Energía y Gas las resoluciones 044 y 145 de 2012, que ponía en conocimiento del público un proyecto de resolución para determinar la remuneración de la actividad de comercialización de energía eléctrica a usuarios regulados. Este proyecto de resolución lo que hacía era desarrollar de una manera más concreta, con los parámetros correspondientes, lo señalado en la mencionada resolución 119.

En conclusión, ni el senador Carlos Baena, ni el procurador, ni mucho menos el propio gobierno han debido declararse sorprendidos por que la CREG haya querido implementar un decreto del propio Gobierno, que le obligaba a establecer el cargo fijo desde el año 2007.

El cargo fijo y la eficiencia económica

No necesariamente lo que se puede hacer legalmente es conveniente. Para entender la conveniencia de un sistema de cargo fijo, es necesario tener en cuenta un principio regulatorio universal, y que está consagrado en las leyes colombianas. El servicio de distribución y comercialización de electricidad corresponde a lo que en la literatura se denomina “Monopolio Natural”. En estos servicios lo óptimo es que exista un solo proveedor. No sería eficiente para la sociedad que a cada casa de habitación llegaran tres o 4 redes de diferentes proveedores.

Puesto que lo eficiente es que exista un monopolio, debe existir una regulación de precios, que evite que el monopolista, sea privado o público, abuse de los consumidores, y ponga unos precios que le signifiquen una ganancia extraordinaria, o , lo que es lo mismo, restringa la cantidad de electricidad ofrecida. Lo que determinan las leyes 142 y 143 es que la tarifa que se cobre debe ser suficiente financieramente. Se entiende por suficiencia financiera que las empresas eficientes “tendrán garantizada la recuperación de sus costos de inversión y sus costos de administración, operación, y mantenimiento con el valor de las ventas de electricidad y con el monto de los subsidios que reciban en compensación por atender a usuarios residenciales de menores ingresos”-

Si los ingresos que reciban las empresas por las ventas de energía deben ser suficientes para cubrir sus costos y gastos, dentro de los cuales se debe contar una adecuada remuneración al capital (aspecto que también está debidamente regulado), lo que reciba una empresa sería lo mismo independientemente de que se cobre con o sin cargo fijo.

Para entender este punto, utilicemos el ejemplo del servicio de taxis. El propietario de un taxi incurre en costo fijos (depreciación del automóvil, fundamentalmente) y costos variables (gasolina, aceite, etc). La tarifa que pague el total de pasajeros durante un período de tiempo dbe ser suficiente para cubrir tanto los costo fijos como los variables. El sentido que tiene establecer el valor de una carrera mínima es el de contribuir a la amortización de los gastos fijos. Si usted quiere tomar un taxi por tres cuadras de recorrido, debe saber que en todo caso debe pagar la carrera mínima, así por ese valor pueda recorrer una distancia de diez cuadras. Si se prohibiera la carrera mínima, es claro que el precio por kilómetro recorrido debería aumentar, para que permanezcan constantes los ingresos del taxista.

Existen muchos otros servicios en los cuales se aplica este sistema de precios: cuota de manejo en las tarjetas de crédito y débito, boletas de entrada a parques de recrecación, cover en bares y discotecas, con derecho a consumo mínimo.

Qué es mejor desde el punto de vista de la eficiencia económica? Esto es un asunto que hace tiempo resolvió la teoría de la regulación de servicios públicos. Ronald Coase, premio Nobel de Economía demostró desde 1946 (ver aquí) que la solución óptima es un un sistema de precios de dos partes: un cargo fijo y uno variable.

Obviamente, debe tenerse en cuenta en el caso colombiano si la medida propuesta implica o no una redistribución regresiva del ingreso, es decir si le va a rebajar la tarifa a los más ricos para subírsela a los más pobres. La respuesta está en los detalles. Si el componente fijo se determina a un nivel relativamente bajo, y si permite al consumidor comprar con él un nivel básico de subsistencia, no lejano del que hoy está consumiendo, no hay ningún efecto redistributivo negativo. En todo caso el subsidio se puede aplicar también a los costos fijos.

Pero tengamos en cuenta que la ausencia de un cargo fijo puede ser profundamente regresiva. Las casas o apartamentos de recreo que solamente se ocupan en vacaciones o en fines de semana no están contribuyendo hoy a la amortización de los costos fijos en que debe incurrir la sociedad para garantizarles el servicio. Los pobres de Cartagena, por ejemplo, están hoy subsidiando, con tarifas variables más altas, la infraestructura destinada a atender las propiedades que permanecen desocupadas la mayor parte del año.

Ojalá en la revisión que el Gobierno se ha comprometido a hacer tenga en cuenta estas consideraciones.




martes, 14 de agosto de 2012

Econometría y medallas Olímpicas (II)

Un ejemplo de econometría aplicada a las predicciones deportivas  

Hace cuatro años, con motivo de los juegos olímpicos de Pekín, tuvimos oportunidad de escribir una entrada a este blog en el cual reseñábamos un trabajo de dos economistas, los profesores Andrew Bernard y Meghan Busse , de la Escuela de Negocios Tuck de la Universidad de Dartmouth y de la Universidad de California-Berkeley respectivamente, quienes habían desarrollado un modelo econométrico para tratar de predecir el número de medallas que los países podrían obtener en una olimpiada.1  Las ideas detrás del modelo son relativamente simples. Una mayor población aumenta la probabilidad de que en un país se encuentren personas con habilidades superiores que se traduzcan en medallas olímpicas. La riqueza económica le permitirá a ese país dedicar esfuerzos importantes al desarrollo del deporte de competencia (ojo, es distinto al deporte masivo). El país organizador de los juegos contará con dos ventajas adicionales : el apoyo del público y el inevitable sesgo de los jueces hacia los equipos locales.  En el modelo desarrollado, ello implica que el ser local aumenta la probabilidad de obtener medallas. En fin, el esfuerzo deportivo realizado por una sociedad en años anteriores tiene efectos duraderos. Es una especie de capital acumulado de larga duración. Un variable aproximada para medir este esfuerzo es el número de medallas obtenida en el año anterior.

Con ocasión de las olimpiadas del 2012, una de los alumnas del profesor Bernard, Emily Williams aplicó la metodología descrita (ver aquí) y se atrevió a predecir el número de medallas a obtener,  al menos por los países que tradicionalmente figuran arriba en las tablas de medallería. El resultado se ve en el cuadro adjunto, conjuntamente con el número de medallas efectivamente obtenidas.



Como se aprecia, el modelo predijo razonablemente bien el número de medallas obtenidas por Estados Unidos, Reino Unido, Corea, Italia, España, Canadá y Brasil. Se equivocó bastante en el caso de Rusia (por 15 medallas este país superó las predicciones), y sobreestimó los posibles resultados de China. En este último caso, los resultados de la olimpiada anterior, insumo importante del modelo, han debido ser castigados en la medida en que ya China no iba a disponer de la ventaja de jugar de local. Lo mismo había pasado en las olimpiadas anteriores en el caso de Grecia.

Al aplicar el modelo a Colombia, utilizando las proyecciones de población para el 2012 calculados por el DANE, el PIB per capita en Dólares para el 2011 (a precios constantes de 2005, para lo cual fue necesario deflactar por el índice de precios al por mayor de los Estados Unidos), y el número de medallas obtenidas en el 2008 (dos) se obtuvo una participación para Colombia en el total de medallas otorgadas de 1,6%. Como se repartieron este año 962 medallas, deberíamos haber recibido 1,6. Al recibir ocho, queda claro el esfuerzo de nuestros atletas y de la organización institucional que hizo posible este mérito.

Otra manera más simple de ver las cosas: nuestra participación en el PIB mundial medido por paridad de poder de compra (es decir, teniendo en cuenta los diferenciales de precios entre países, que hace que, por ejemplo, que un dólar tenga una capacidad adquisitiva mayor que en Estados Unidos, o en general, que en cualquier país desarrollado), es del 0,6%. En términos simplemente de poderío económico, hubiéramos debido recibir 5,6 medallas. De ello deducimos que en el 2008 estábamos atrasados, y que logramos en esta ocasión ponernos ligeramente por encima de lo que se esperaba, dada la importancia económica relativa del país.

Una consideración final. En otras ocasiones hemos criticado ( ver por ejemplo aquí) el hecho de que el deporte se financie con un impuesto regresivo e ineficiente: el IVA a la telefonía celular. Este impuesto eleva los costos de transacción, especialmente de las pequeñas unidades económicas, y afecta en mayor proporción los ingresos de los más pobres. No voy a cambiar de opinión simplemente por los resultados obtenidos en el campo deportivo. Si la sociedad colombiana considera que deben continuar los esfuerzos presupuestales hacia el deporte, por la satisfacción y el prestigio nacional que estamos comprando con ellos, deberíamos poder destinar hacia ese propósito recursos ordinarios del presupuesto nacional, sacrificando otro tipo de gastos, o aumentando los impuestos generales. ¿No sería lo lógico?

[1] Who wins the olympics games: economic ressources and medal totals. The Review of Economics and Statistics, February 2004 . 85(1), 413-417. Una versión de este artículo puede consultarse aquí.

sábado, 14 de julio de 2012

Hay que defender el sistema de aseguramiento en salud. Carta al Presidente de la República


El sistema de aseguramiento en salud está amenazado. Hay defenderlo.

No han sido fáciles las últimas semanas para el sistema de aseguramiento en salud creado por la Ley 100 de 1993. A pesar de sus inmensos resultados positivos en términos de indicadores de cobertura y de salud de los colombianos, se cierren negros nubarrones en el horizonte. La evolución hacia un sistema de protección prácticamente ilimitado como consecuencia de decisiones del poder judicial, la unificación del POS subsidiado con el contributivo sin un ajuste correspondiente en la Unidad de pago por Capitación, la enorme cartera por concepto de recobros por eventos N0-POS que ha acumulado el Fosyga con las EPS, y que ha generado una cadena de incumplimientos en todo el sistema de salud, y en fin la discutible decisión del Consejo de Estado de avalar una arbitraria interpretación de la Superintendencia de Salud señalando que con los recursos de la UPC no es posible adquirir activos para la prestación de servicios de salud (decisión que tuvimos oportunidad de comentar en una entrada anterior), no auguran una evolución favorable.


Se ha venido gestando la idea de que el sistema de aseguramiento debe sustituirse por un sistema de "administración financiera" en el cual lo único que harían unas entidades nacionales o regionales sería pagar las facturas que les presenten los médicos, hospitales, laboratorios, proveedores de medicamentos, etc. Nadie tendría la responsabilidad de administrar el riesgo en salud, o de presionar para una contención de los costos del sistema.

No es difícil imaginarse cuál sería el escenario de llegar a concretarse semejante propuesta. Todos los proveedores de servicios de salud (laboratorios, hospitales públicos y privados, gremios médicos, etc) presionarían inmediatamente por un incremento en las tarifas (si es que se dejan poner límites máximos a ellas). Cuando se acaben los recursos presupuestados, y no puedan ser atendidos los pacientes, se presentará una avalancha de tutelas, pero ya no contra las EPS, sino contra las entidades pagadoras, y en últimas contra los Ministerios de Salud y de Hacienda. Cualquier cantidad de recursos públicos será insuficiente para atender el déficit. El mecanismo de ajuste será inevitablemente el racionamiento en la prestación de los servicios y el deterioro en la calidad de su prestación. ¿Recuerdan nuestros lectores maduros cómo se manejaba el antiguo sistema en el Instituto de Seguros Sociales?

Conscientes de esta situación, varios investigadores y analistas en temas de salud, le dirigimos una carta el pasado 16 de Mayo al señor Presidente de la República, que no ha tenido, desafortunadamente, ninguna repercusión en los medios. La transcribo a continuación:



Bogotá, Mayo 16 de 2012


Señor


JUAN MANUEL SANTOS


Presidente de la República


Casa de Nariño


Respetado Señor Presidente:


A pesar de las dificultades del Sistema de Salud de Colombia, no estamos de acuerdo con quienes propagan los peores adjetivos y quieren hacer tabula rasa de él. Entendemos que este último no se halla exento de problemas y dificultades, pero también reconocemos y resaltamos los grandes logros sociales que ha alcanzado, en especial para la protección de las poblaciones más desfavorecidas ante los riesgos de enfermar.


Por lo anterior nos permitimos expresar nuestro respaldo a sus palabras transmitidas el día 15 de mayo por Caracol Radio, así como las de la Ministra de Salud expresadas en la Audiencia de la Corte Constitucional del pasado 10 de mayo.

Cada vez es más fuerte la presión de algunos por acabar con el Sistema, y proponer que la solución se encuentra en la eliminación del aseguramiento sustituyéndolo por una administración financiera. Si se estudian otros sistemas de salud del mundo, se demuestra que la mayoría se mueve hacia el fortalecimiento de la función de gestión de riesgo del enfermo y del sano, donde se evalúan los riesgos y se selección y aplican las medidas adecuadas. ¿Por qué no se le dice a la opinión pública que en todos los sistemas de salud encargan a alguien la función que en Colombia deben cumplir las EPS, de articular a los hospitales, los médicos y los pacientes, así como de proteger a los beneficiarios de los riesgos financieros y de salud? Además, que en todos se busca que esa entidad asesore a los usuarios ante la asimetría de información que enfrentan frente a los prestadores de servicios.


Para quienes argumentan que el sector privado es el culpable (extrañamente sólo cuando ejerce como administrador de los riesgos pero no como prestador de los servicios) recordamos a James Buchanan Premio Nobel de 1986, quien demostró que el Estado tiene limitaciones para representar el interés general y que es, a lo sumo, un agregador de múltiples intereses particulares. Entonces ¿Será que Caprecom lo hace mejor que los aseguradores privados? ¿Será que los hospitales públicos de Bogotá o Santander tienen mejores resultados que los hospitales privados? ¿Será que un pagador público único cubrirá todas las necesidades de salud, garantizará las citas médicas de manera inmediata y mejorará el flujo de recursos del Sistema de Salud? Los antecedentes nos han demostrado que no.


Los abajo firmantes proponemos analizar las ventaja y desventajas de la propuesta de eliminación del aseguramiento en función de su capacidad de solucionar los problema de corrupción, rectoría, regulación, acceso efectivo, vigilancia y control entre otros y de su capacidad para acercarnos a la obtención de las metas sanitarias del país.


No se puede dejar sola a la Ministra de Salud en su esfuerzo por destacar los logros reales que se han alcanzado con el sistema en Colombia y en señalar que, así como en cada uno de los agentes del sector se han presentado hechos condenables, la inmensa mayoría de ellos lo hace bien y cumple con su tarea. Mucho menos la podemos dejar aislada en su llamado a analizar con objetividad las dificultades que confronta el sector y a realizar con cabeza fría y mucha inteligencia emocional los ajustes que el Sistema necesita.


Firmado,






Olga Lucía Acosta (investigadora en temas sociales), Ursula Giedion (Investigadora en Temas de salud) , Miguel Uprimmy (Asesor en Salud) , Carlos Eduardo Jurado (Director Cámara de Salud de la ANDI), Augusto Galán Sarmiento (Ex Ministro de Salud), Carlos Mario Motta Barreiro, Fernando Ruiz Gómez (Director Cendex, Universidad Javierana), Mauricio Vélez Cadavid (Gerente Medicarte), María Victoria Ocampo (docente, investigador) Fredy Rodríguez Páez (Docente, Investigador), Ramiro Gerrero (Investigador), Amanda Glassman (Directora de Política Global de Salud, CGD), Catalina Gutiérrez (Profesora Universidad de los Andes, Investigadora Area Social). Ramón Abel Castaño (Médico, PHD en Política y Salud Pública), Orlando Jaramillo Jaramillo (Presidente Ejecutivo, Mederi), Carmen Elisa Flórez (Investigadora), Alvaro Reyes Posada (Investigador, Econometría), Teresa Tono Martínez (Investigadora en temas de salud), Roberto Steiner (Investigador Asociado, Fedesarrollo), Carlos Jaime Fajardo, Vicente Borrero (Director, Clínica Valle de Lili), Alfredo Sarmiento ( Investigador Economía y Desarrollo), Francisco Azuero (Profesor, Universidad de los Andes).

domingo, 1 de julio de 2012

Ojo con la desaceleración de la economía

Medir el crecimiento de manera equivocada puede conducir a subsestimar los problemas.

Según los datos trimestrales de las cuentas nacionales del DANE  se notó una disminución en la tasa de crecimiento de la economía. Mientras que en el último trimestre del año anterior habíamos crecido a una tasa anual del 6,1%, en el primer trimestre del 2012 esta tasa fue del 4,7%. Esto ha llamado la atención del Banco de la República,  que señaló en su último comunicado de prensa que “el dato del crecimiento del PIB del primer trimestre se situó cerca del límite inferior del rango de pronóstico realizado por el equipo técnico del Banco para ese periodo”.

El comportamiento de la coyuntura económica normalmente se analiza con cifras trimestrales. Esperar las cifras anuales no mide mucho desde el punto de comportamiento a corto plazo. Medir las indicadores macroeconómicos por semanas o por años sería impráctico, además de costoso. Universalmente se ha adoptado entonces la convención de medir por trimestres. Pero aún así, existen dos posibilidades: mirar el comportamiento de un trimestre frente al trimestre anterior podría ser la  alternativa. Sin embargo, ello se enfrenta a un problema: la estacionalidad de las cifras. Normalmente en los últimos trimestres existe mayor actividad productiva que en los primeros. Consistemente, es posible encontrar, según las cifras del DANE que el 28% de la actividad productiva se desarrolla en el último trimestre (Octubre a Diciembre), mientras que en los primeros (de Enero a Marzo) solo se presenta el 22%.

Así las cosas, si el primer trimestre del 2012 cae con relación al 2011, es difícil saber si ello se debe a un efecto estacional o si existe alguna tendencia de desaceleración de la economía. Una alternativa para aislar el efecto estacional consiste en comparar el producto de un trimestre con el mismo trimestre del año anterior, y denominar el resultado “Tasa de crecimiento anual”. Existe otra alternativa: aislar el efecto estacional de cada trimestre y producir lo que se llama en estadística una "serie desestacionalizada". Este lo hace el DANE y así publica series de cuentas trimestrales desestacionalizadas, tanto para la demanda como para la oferta agregadas de la economía. Sin embargo, en su reporte de crecimiento, nuestro Departamento de Estadística sigue comparando con el mismo trimestre del año anterior. Es lo que le permite concluir que al final del primer trimestre tenemos una tasa de crecimiento del 4,7%. 

 La oficina de estadísticas de los Estados Unidos utiliza por el contrario la tasa de crecimiento anualizada, es decir, compara el trimestre analizado con el trimestre anterior (el resultado es la tasa trimestral), y eleva este crecimiento a la potencia 4. Es la misma metodología que se utiliza en matemáticas financieras para convertir una tasa de interés trimestral en una tasa anual (1).  

¿Cuál método es más correcto? Dos analogías podrían ayudarnos a responder esta pregunta. La velocidad (en Kilómetros por hora) de un automóvil podemos establecerla de dos maneras: una consiste en medir la distancia recorrida en la última hora. Es un dato útil, pero no nos dice la velocidad de un automóvil en un instante determinado, y no le daría al conductor una señal que le permita reaccionar de manera inmediata. Sabiendo ésto, lo que hace un velocímetro es detectar la velocidad en un instante y calcular cuál sería el recorrido del automóvil de mantener esa velocidad durante una hora. Este dato es más útil para aconsejar al conductor a que desacelere, si va demasiado rápido, o para que un agente de tránsito multe el conductor que se ha excedido del límite permitido.

Otra analogía útil tiene que ver con la medición de la frecuencia cardíaca. Los medidores de este indicador vital no la calculan midiendo cuántas pulsaciones se han presentado en el último minuto. Miden la frecuencia en un instante y señalan el equivalente en frecuencia por minuto (por ejemplo 60 contracciones del músculo cardíaco por minuto). Gracias a ello el médico puede saber si en el instante preciso el paciente tiene taquicardia o bradicardia.

Lo mismo pasa con la economía. La unidad más pequeña de medición es el trimestre, pero ese dato del trimestre debemos convertirlo en su equivalente anual. En entradas anteriores hemos mostrado los resultados de aplicar la metodología del crecimiento anualizado, y señalado cómo conduce a resultados completamente distintos a los que utiliza el DANE. Aplicándola a los datos recientemente publicados por el DANE se encuentra el siguiente gráfico:




Fuente: Elaborado a partir de las cifras de las cuentas trimestrales del DANE, serie desestacionalizada.

Es preocupante que desde el segundo trimestre del año anterior se aprecie  un persistente deterioro del crecimiento de la economía, al punto que en el primer trimestre del 2012 sólo  crecimos en un equivalente anual del 1%. Desde el punto de vista de los componentes de la demanda, el consumo de los hogares solo creció un 0,7% y la inversión privada cayó en un 6,3%. Los gastos del gobierno (3,4%), el crecimiento en inventarios (crecimiento astronómico) y las exportaciones (3%) fueron los factores de demanda más dinámicos durante el primer trimestre del 2012. Desde el punto de vista de la oferta, preocupa el comportamiento del sector industrial (0,17), minería (1,81%) y construcción (-34,2%), especialmente por el componente de obras públicas ( -57%).

Si, como lo indican estas cifras, el diagnóstico sobre el comportamiento de la economía indica un debilitamiento en el crecimiento, ¿no sería hora de que tanto el gobierno como el Ministerio de Hacienda opriman un poco el acelerador?
[1] El lector interesado en la metodología puede consultar el documento metodológico del Bureau of Economic Analysis aquí. http://www.bea.gov/national/pdf/NIPAhandbookch1-4.pdf
(2) Este análisis lo hizo también Mauricio Cabrera para la actual coyuntura en su columna del periódico El País








lunes, 18 de junio de 2012

Precios, poder de compra e índice BIG MAC en Colombia.

En entradas anteriores hemos seguido la evolución del índice Big Mac para Colombia, índice creado por la revista The Economist, y que ella ha venido utilizando desde mediados de los años ochenta. Como se recuerda, este índice se basa en la teoría de la paridad de poder de compra. Si los precios de un país A son superiores a los del país B, y si suponemos un libre comercio entre los dos países, los precios tenderán a igualarse entre ellos por cualquiera de los siguientes mecanismos: aumentarán las exportaciones del país B al país A (subiendo los precios en B y bajándolos en A), disminuirán las exportaciones de B hacia A ( contribuyendo al mismo resultado), y el deterioro en la cuenta corriente de la balanza de pagos del país A hará que su moneda se devalúe (disminuyendo sus precios expresados en la moneda de B).


He venido siguiendo el comportamiento del índice Big Mac para Colombia desde el año 2003. El ejercicio es muy simple: el precio de la Big Mac en Colombia (una simple llamada telefónica sirve para conocerla) se divide por el precio de la misma en dólares en Estados Unidos (informado por The Economist). El resultado es la tasa de cambio implícita, es decir, aquella que igualaría el precio de la BigMac en los dos países. Si se compara esta tasa con la tasa representativa del mercado (TRM) reportada por la Superintendencia Financiera, podemos saber si la moneda colombiana está sobrevalorada o subvalorada con relación al dólar. El gráfico adjunto nos muestra esta evolución desde el año 2003. Si la línea roja está por encima de la verde, quiere decir que el peso está sobrevalorado.






En el 2003 y hasta mediados del 2006, el peso colombiano estaba subvalorado. Recordemos que la crisis de finales del siglo pasado en Colombia se tradujo en una amplia devaluación de nuestra moneda (153% en términos nominales entre 1997 y 2003). En el 2003 la subvaloración del peso era de un 15%.


A partir del 2007, y salvo un pequeño lapso motivado por la crisis mundial que azotó al mundo a partir del tercer trimestre del 2008, el peso colombiano ha estado sobrevalorado. El nivel máximo de sobrevaloración se presentó en Febrero del 2011 (21%). Los últimos datos calculados por mí a finales de mayo de 2012 dan cuenta de una sobrevaloración del 12%, que, en condiciones normales, podrían presagiar una devaluación en este porcentaje.

La teoría de la paridad de poder de compra tiene sin embargo una falla importante: asume que los movimientos en las tasas de cambio están determinados exclusivamente por el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Es cierto que se ha presentado un deterioro de este indicador en Colombia, consecuencia, entre otras causas, de la revaluación. El déficit ha pasado de ser del 1.3% del PIB en el 2005 al 3% en el 2011. Hubiera sido mayor el déficit de no mediar el incremento en los precios y en las cantidades de petróleo y de carbón exportado (estas exportaciones, a diferencia de las agrícolas y manufactureras no son afectadas por la revaluación).

Otra consecuencia de la revaluación consiste es la elevación en dólares, de los precios de los productos vendidos en Colombia, con relación a lo que pasa en el resto del mundo. La información que produce periódicamente la Unión de Bancos Suizos permite comparar la evolución relativa de los niveles de precios en 73 ciudades, dentro de las cuales está Bogotá. Mientras en el 2003 la canasta representativa de bienes y servicios en Bogotá costaba el 39% de lo que costaba en Nueva York, para el 2011 ya dicha canasta costaba el 64% Esta situación se presentó en general en la mayoría de las economías emergentes. El gráfico siguiente muestra ese comportamiento para varias ciudades latinoamericanas. Hoy las ciudades más caras en Latinoamérica son Caracas y Río de Janeiro, en donde los precios, con relación a Nueva York, han aumentado en un 57% y en un 149% respectivamente. En tercer lugar está Bogotá.




Si los precios han subido, ¿qué ha pasado con los ingresos? UBS complementa su encuesta estudiando los niveles de salarios pagados a los nacionales de cada país en las ciudades analizadas. Mientras que en el 2003 el salario neto (después de descuentos) medio en dólares era en Bogotá un 11,8% del registrado en Nueva York, en el 2011 había pasado a ser del 25%. Solo en Río de Janeiro se había presentado un incremento superior en esta relación.

La combinación del alza en precios y del alza en salarios permite calcular la evolución del poder de compra, calculado nuevamente con relación a la ciudad de Nueva York. Un trabajador promedio en Bogotá gana en términos de poder de compra un 35% de lo que gana su contraparte en Nueva York. Pero no nos dejemos engañar por estas cifras. Recordemos que el PIB per cápita era en el 2010, según los datos del Banco Mundial, un 13% del de Estados Unidos, en tasas de cambio de mercado, y un 20% en términos de paridad de poder de compra. La encuesta de Bancos Suizos es adelantada entre trabajadores formales, y un gran número de trabajadores colombianos se encuentra en el sector informal de la economía.

Otra cuenta interesante que se puede hacer con los datos disponibles. Cuántos minutos de salario mínimo son necesarios para comprar una Big Mac? La respuesta está en el cuadro adjunto. Mientras en el 2003 se necesitaban 282 minutos, hoy la puede adquirir con 219 minutos de trabajo. Algo ha mejorado la capacidad de compra de los colombianos. Pero todavía es mucho lo que nos falta.

 

domingo, 6 de mayo de 2012

Un sistema más redistributivo: prioridad de la próxima reforma tributaria

La próxima reforma tributaria que ha anunciado el Gobierno debe mejorar los elementos redistributivos del ingreso en Colombia.


Tanto América Latina como Africa se caracterizan por una alta concentración del ingreso, medido por el índice GINI (un más alto GINI significa una mayor desigualdad). Y dentro de los países de América Latina,  Colombia es de los países que tiene ingreso más concentrado, como lo muestra el siguiente gráfico:  





Son muchas las explicaciones de esta situación: la elevada concentración de activos, en especial de la tierra, el alto precio que deben pagar los pobres por bienes y servicios artificialmente protegidos por altos aranceles y por normas de competencia poco efectivas, constituyen una parte de la explicación. Pero también el sistema tributario colombiano tiene su parte de responsabilidad.

Normalmente, la política fiscal, a través de los impuestos o del gasto público, tiene entre sus objetivos producir una redistribución progresiva del ingreso. Sin embargo, como lo muestra un estudio del Banco Mundial (1),  el sistema tributario colombiano no produce ningún efecto tributario: mientras los impuestos directos reducen el GINI en un punto porcentual, los impuestos indirectos lo elevan en la misma proporción. A pesar de que existe teóricamente una escala progresiva en el impuesto sobre la renta (que implica que quien gane más paga una mayor proporción de su ingreso), existen varios factores que disminuyen la posible progresividad del impuesto a la renta:

a) En Colombia se eliminó el impuesto a los dividendos en el año 1986. El argumento que se utilizó en su momento fue la necesidad de eliminar la “doble tributación”, que se producía porque la empresa pagaba impuestos, y también los accionistas cuando se distribuían los ingresos. En realidad, más que doble tributación, es más conveniente hablar de una distribución del impuesto entre la empresa y el accionista. Pero aún si se quería eliminar la supuesta doble tributación, hubiera sido mejor desde el punto de vista redistributivo, gravar los ingresos en cabeza del accionista. De esta manera, sus ingresos se acumulan , y éste paga una tasa correspondiente a su nivel de ingresos. Hoy en día, un pequeño accionista de Ecopetrol, o de cualquier sociedad anónima, paga la misma tasa impositiva que un gran accionista.

 b) Existen numerosos exenciones, deducciones y descuentos tributarios que disminuyen la progresividad del impuesto, puesto que las personas que más los usan son precisamente las más ricas de la población. En una entrada anterior de este blog hicimos mención a algunas de estos “beneficios tributarios”. 

 c) Pese a las mejoras que se han presentado en los instrumentos de vigilancia de la DIAN, todavía los índices de evasión, tanto en los impuestos de renta, de ventas y de propiedad continúan siendo particularmente altos en Colombia (ver al respecto la Declaración del Director de la DIAN). 


 Ojalá que la propuesta de reforma tributaria que ha anunciado el gobierno sea realmente estructural y busque combatir todas estas fuentes de inequidad tributaria. Y ojalá que la Unidad Nacional opere efectivamente en el parlamento, e impida que los intereses especiales se atraviesen, como tantas veces lo han hecho en el pasado, para impedir que el país por fin tenga una reforma tributaria estructural y progresiva.

(1) Goñi E., López, J.H. y Servén L. Fiscal Redistribution and income inequality  in Latin America. Policy Research Working Paper 4487. World Bank, 2008. Los interesados lo pueden encontrar aquí.

domingo, 19 de febrero de 2012

La triste historia del tercer canal

Los astros (es decir varios organismos públicos) se alinearon para que continúe, quién sabe por cuánto tiempo más, el duopolio en la televisión abierta colombiana.






Según noticias de prensa, el Consejo de Estado acaba de declarar improcedente el trámite de licitación del tercer canal de televisión, con el argumento de que el procedimiento de adjudicación diseñado por la Comisión Nacional de Televisión viola el principio de selección objetiva, puesto que solo habría un proponente para el canal. He estado buscando en la página del Consejo del Estado el fallo correspondiente, o al menos un comunicado de prensa que explique la decisión, y no lo he podido encontrar. Todo lo que he podido consultar son declaraciones del Presidente de dicho tribunal. Si algún lector tiene más suerte que yo en esa búsqueda, le pido hacérmelo saber. Por ahora, toca opinar apoyándose en dichas declaraciones.




Para el análisis de esta noticia, de graves implicaciones desde el punto de vista de pluralidad informativa y de la competencia en este importante servicio de comunicación, vale la pena hacer un poco de historia y examinar qué tan coherentes han sido frente a este tema el Congreso de la Republica, el propio Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación (entidad que ordenó en reiteradas ocasiones suspender el proceso de adjudicación) y la ahora en vía de extinción Comisión Nacional de Televisión (CNTV).




Cuando se expidió en 1995 la Ley 182, que abrió la posibilidad para la participación privada en los canales abiertos de televisión, algún grupo de lobistas logró incluir un curioso artículo que decía (art 48) que “de ninguna manera la concesión se hará por subasta pública”. Aun cuando este artículo se refería claramente a la televisión zonal, y no a la nacional, esta disposición se utilizó para negociar los primeros canales de televisión privada. El propósito del artículo erae el de abaratarle los costos a los posibles proponentes, que ya estaban suficientemente identificados.


Entre la Comisión Nacional de Televisión y los canales RCN y Caracol se firmaron sendos contratos en 1997. En ningún momento hubo subasta, todo lo que hubo fue una negociación privada entre la CNTV y dos únicos proponentes (uno para cada uno de los canales). Ni la Contraloría general de la Nación, ni el Consejo de Estado, ni la Procuraduría protestaron en su momento esta adjudicación.




Con motivo del vencimiento, diez años más tarde, de las licencias otorgadas a los dos canales privados, la CNTV contrató con una banca de inversión un estudio para determinar su valor, estudio que estimó el valor de la licencia en $189.000 millones, más un 7,58% de los ingresos brutos generados durante los diez años de concesión. Los canales privados protestaron y el Gobierno de entonces le hizo una “respetuosa sugerencia” a la CNTV de que reconsiderara el valor y de que se armara una “mesa de trabajo permanente”. En ningún momento se pensó en utilizar el mecanismo obvio para definir el valor de las licencias: adjudicarlas mediante subasta pública. Incluso, lo lógico hubiera sido abrir tantos canales como fuera posible, 5 o 6, como funcionan hoy en la gran mayoría de los países de Latinoamérica. Y adjudicarlos todos mediante subasta, como se hizo en 1993 con las licencias de la telefonía celular.


La negociación continuó, la CNTV acordó rebajar el valor de la licencia, y en Enero de 2009 se firmó la prórroga con RCN y Caracol. Una de las justificaciones para el valor de las licencias de televisión era la inminente entrada del tercer canal a partir del 2010. Se suponía que la participación del nuevo canal comenzaría a ser del 14%, y el año siguiente subiría al 29,2%, proporción que se mantendría hasta el 2019. La no apertura del tercer canal durante dos años ha significado entonces unos ingresos extraordinarios para los dos operadores. De este tema, afortunadamente, ya se ha ocupado la Contraloría General de la República. En su momento, hicimos en este blog varias observaciones sobre las condiciones de dicha prórroga, que no vamos a repetir aquí. El lector interesado puede consultar nuestra entrada sobre el tema.

Mientras tanto, se comenzaron a dar los pasos para la apertura del tercer canal. El 2 de Diciembre de 2008 , la CNTV anunció que en mayo del año siguiente se entregaría una nueva licencia de televisión abierta. Para valorar el nuevo canal se contrataron los servicios de dos firmas de banca de inversión. Estas firmas concluyeron, de una manera equivocada en nuestra opinión (que planteamos aquí ), que no era viable un cuarto canal y estimaron el precio base del tercer canal en una suma de $69.706 millones, suma a la cual se le aplicaría un ajuste “en función del comportamiento real observado de la inversión neta en publicidad en televisión abierta, nacional, regional y local”. [1] Esta suma fue la que quedó consignada en el pliego de condiciones. Se abrió entonces el proceso para la adjudicación el 29 de Octubre de 2009.



Mientras tanto, se había aprobado en el Congreso la Ley 1341 de 2009. Los mismos lobistas (y casi que los mismos parlamentarios), que habían aprobado en 1995 el artículo 48 que prohibía las subastas, y que impidió que tanto la adjudicación inicial como la renegociación con los canales privados se realizara por dicho procedimiento, lograron incluir un artículo que decía lo siguiente:


“Previamente al proceso de otorgamiento del permiso de uso del espectro radioeléctrico de asignación o de concesión de servicios que incluya una banda de frecuencias, se determinará si existe un número plural de interesados en la banda de frecuencias correspondiente.• En caso de que exista un número plural de interesados en dicha banda, y con el fin de maximizar los recursos para el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión, se aplicarán procesos de selección objetiva entre ellos la subasta. Cuando prime el interés general, la continuidad del servicio, o la ampliación de cobertura, el Ministerio podrá asignar los permisos de uso del espectro de manera directa."

El artículo es bastante ambiguo, pero la interpretación que posteriormente haría el Consejo de Estado de él es que de ahora en adelante si se necesitaban las subastas. La pluralidad de oferentes ahora si iba a constituirse en un requisito, pero no lo había sido para la adjudicación ni para la renegociación de los dos canales privados hasta ahora existentes.

Siguió además la batalla política contra el tercer canal. El senador Iván Moreno, cuyo hermano había empujado la aprobación del famoso articulito de la Ley 182, manifestó en un debate en el Congreso la inconveniencia del tercer canal. A principios de 2010, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la CNTV revocar la apertura de la Licitación, argumentando la necesidad de que hubiera pluralidad de oferentes, “para asegurar la maximización de recursos perseguida por las normas especiales en materia de telecomunicaciones”.


Quién se atreve a pelear con la Procuraduría? No por cierto la CNTV. Si bien manifestó su desacuerdo, procedió a revocar el acto de apertura de la licitación. Atendiendo las sugerencias de la Procuraduría, se puso en marcha nuevamente el proceso en Mayo de 2010. La apertura de los sobres y la definición de la adjudicación quedó fijada para Junio del mismo año.


En ese mes, los grupos PACSA y Rendiles, aspirantes a la adjudicación del canal, manifiestan u voluntad de abstenerse de participar en la licitación. Están en su derecho, pero el resultado, buscado o no, fue el de sabotear el proceso.


En vísperas de la adjudicación de la licitación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones da a conocer un concepto (no estaba obligado a hacerlo), que había solicitado al Consejo de Estado con ocasión del proceso de licitación anterior, concepto que exige ahora la pluralidad de oferentes para los canales de televisión y la imposibilidad de una adjudicación directa a un único proponente Vale la pena señalar que ni el Gobierno había consultado, ni la Procuraduría se había pronunciado sobre la ausencia de pluralidad de oferentes en las negociaciones directos que adelantó la CNTV con RCN y Caracol ni en la adjudicación ni en la renegociación de sus canales.


La Procuraduría General de la Nación conceptúa esta vez que el proceso de adjudicación puede continuar, dado que “se superaron los reparos de orden técnico y económico observados por este órgano de control”.


El 23 de junio se cierra la licitación, y la firma Canal 3 Televisión Colombia es la única que se presenta.



En fin, el 29 de Julio de 2010, y ante una nueva intervención de la Procuraduría, la CNTV decide suspender el proceso de adjudicación del tercer canal, “hasta tanto la Sala Plena del Consejo de Estado se pronuncie sobre el recurso de reposición formulado por la Procuraduría General de la Nación, la CNTV y un importante grupo de ciudadanos”.


Ya en Julio de 2011, la Procuraduría tiene otra opinión. Considera que la licitación para la adjudicación del tercer canal puede continuar, “por cuanto cumple con todos los requisitos legales exigidos para este tipo de intervenciones administrativas”.



El Consejo de Estado le hizo caso en su momento a la Procuraduría para suspender la licitación, pero no se lo hizo para autorizar su continuidad, como lo atestigua el concepto dado a conocer a la prensa el pasado 14 de Febrero.


Definitivamente, todos los astros (Congreso, Gobierno, CNTV, Procuraduría y Consejo de Estado) se alinearon, o más bien se dejaron alinear, para que continúe, quién sabe por cuánto tiempo más, el duopolio que controla hoy la televisión abierta en Colombia. Sinceras felicitaciones a los abogados y lobistas de Caracol y de RCN. Lograron su cometido, y se ganaron su plata. Lástima que sea todo en perjuicio de los televidentes.


[1] Comisión Nacional de Televisión (sin fecha). Estudio de conveniencia y oportunidad para la adjudicación de una nueva concesión de televisión abierta privada nacional, pag 43








sábado, 4 de febrero de 2012

El nuevo formulario de la DIAN: por unas mejores cuentas fiscales


Bienvenido el nuevo formulario de declaración de renta de la DIAN si con él se aumenta la transparencia tributaria y se disminuye la evasión.



Como es ya prácticamente un lugar entre los economistas que han analizado el régimen tributario colombiano, y como lo hemos mencionado también en este blog en algunas ocasiones, este régimen se caracteriza por la existencia de innumerables tratamientos diferenciales para ciertos sectores o actividades económicas. No siempre esos tratamientos tienen una clara justificación desde el punto de la eficiencia económica o de la equidad.



La ley 788 de 2002 estableció que para mejorar la transparencia fiscal, el Gobierno Nacional debe presentar anualmente, con el proyecto de Ley del presupuesto, un informe detallado en el que se deberá evaluar y hacer explícito el impacto fiscal de los beneficios, así como su fuente de financiación, ya sea por aumento de ingresos o disminución del gasto. Por otra parte la Ley 819 del 2003 introdujo la obligación para el Gobierno de informar los costos fiscales de las iniciativas legislativas, como requisito para su promulgación.



Estas disposiciones son apenas naturales en una democracia. Las exenciones, deducciones y descuentos tributarios constituyen efectivamente un gasto, que se conoce universalmente como “gasto tributario”. El Código de buenas prácticas fiscales del Fondo Monetario Internacional (organización de la cual Colombia es miembro) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (del cual aspiramos a serlo, según ha anunciado el presidente Santos), recomiendan que se calcule el costo fiscal de los incentivos tributarios, como una manera de aumentar la transparencia de la política fiscal, de promover el debate público sobre la misma, y de incidir en el mejor diseño del sistema tributario.



Desde la expedición de la Ley mencionada, los Ministros de Hacienda han incluido en sus capítulos de los Informes denominados Marcos Fiscales de Mediano Plazo un capítulo denominado Principales Beneficios Tributariso en el impuesto a la renta y en el impuesto al valor agregado, correspondiente al año gravable inmediatamente anterior. [1] La Dian también ha hecho un esfuerzo por publicar estudios sobre el tema. [2]



Para el año 2010, el informe del Ministro de Hacienda estimó el costo fiscal de los principales beneficios tributarios en el impuesto a la renta en $8,5 billones, que equivale a un 1,6% del PIB y, ojo, a un monto más o menos igual al impuesto de renta efectivamente recaudado en ese año. Obviamente, no se podría calcular alegremente que de eliminarse todos los beneficios tributarios se duplicaría la tributación sobre la renta, pero si es claro que el gasto tributario es en Colombia es una suma considerable.



Al estudiar el informe sobre gasto tributario, tanto el contenido en el MFMP como en el informe de la DIAN, no encuentra el lector respuesta a algunas preguntas. Las rentas exentas y los descuentos tributarios están consolidados (aun cuando clasificados por actividad económica) , de tal manera que no es posible para el lector concluir el efecto que tienen sobre el recaudo exenciones específicas para algunos sectores, deducciones autorizadas que no corresponden a gastos necesarios para el negocio (ese es el concepto ortodoxo de deducción), así como el efecto de tasas diferenciales de tributación (como la existente para los usuarios industriales de las zonas francas).



La respuesta de porqué no es posible para el gobierno proporcionar esa información proviene del formulario de la Declaración de Renta. Hasta el año anterior, estos formularios, tanto para personas naturales como para jurídicas, constaban de una sola página. El detalle contable que justificara las exenciones o descuentos quedaba como anexo para cuando se produjera una auditoría de la DIAN, y por lo tanto no podía ser objeto de consolidación o estudio.



No era posible, ni para la DIAN, para el Gobierno, ni para la opinión, conocer el costo de los siguientes beneficios (cito solo algunos ejemplos)



Ingresos no constitutivos de renta (mejor dicho, no son ingresos):



- Utilidad en la enajenación de acciones inscritas en una bolsa de valores colombiana.
- Utilidades provenientes de la negociación de derivados cuyo subyacente esté representado en acciones inscritas en una bolsa de valores colombiana.
- Distribución de utilidades en acciones o cuotas de interés social.
- Valor de los terneros nacidos y enajenados dentro del mismo año gravable.
- Dividendos y participaciones recibidas por los socios, accionistas, comuneros o asociados.

Rentas exentas: (no se paga impuesto por ellas) :



- Ingresos por concepto de derechos de autor
- Ingresos de los fondos ganaderos
- Ingresos de las empresas agrícolas de nuevas empresas en la zona del Nevado del RUIZ.
- Ingresos de las empresas editoriales
- Durante 30 años, renta obtenida por hoteles que se construyan, remodelen o amplíen entre el 1 de Enero de 2003 y el 31 de Diciembre de 2007.
- Renta por servicios de ecoturismo (por 20 años)
- Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales
- Utilidad en la enajenación de predios destinados a bienes de utilidad pública


Deducciones especiales (se reconocen como costos del negocio, así no lo sean):



- Donaciones a entidades sin ánimo de lucro
- Aportes voluntarios a los fondos de pensiones
- Sumas que se destinen a las cuentas de Ahorro para el fomento de la construcción (AFC)
- Intereses que se paguen sobre préstamos para adquisición de vivienda
- Inversiones en nuevas plantas de reforestación de coco, palmas productoras de aceites, caucho, olivo, cacao, árboles frutales, pozos profundos y silos para tratamiento y beneficio primario de productos agrícolas
- Inversión en proyectos científicos y tecnológicos
- Inversión por inversiones amortizables en la industria petrolera
- Deducción por agotamiento en explotación de hidrocarburos
- Factor especial de agotamiento en explotación de hidrocarburos

Tarifas especiales de impuesto a la renta

- 15% (en lugar del 33% que es la de carácter general) a las personas jurídicas que sean usuarios de zona franca.



Descuentos tributarios (disminuyen el valor del impuesto a pagar)



- 20% de la inversión en nuevos árboles de las especies y áreas de reforestación
- Inversiones en empresas agropecuarias democratizadas



Es posible que algunas de estos beneficios tengan justificación económica. La única manera de saberlo consiste en comparar su costo fiscal con los eventuales beneficios que reciba la sociedad por su existencia. Si el nuevo formulario de la DIAN para personas jurídicas, aplicable únicamente a grandes contribuyentes y a empresas que hubieren declarado ingresos brutos superiores a 3 mil millones de pesos en el año gravable 2010 contribuye a conocer ese costo fiscal, y además de ello a disminuir la evasión tributaria, bienvenido.

[1][1] Ver por ejemplo el capitulo IV del último MFMP, pag 156. Se puede encontrar aquí.
[2] Ver por ejemplo, El gasto tributario en Colombia. Principales beneficios en el impuseto sobre la renta e IVA. Años gravables 2008 y 2009, por Gloria Yori Parra, Ivón Maritza Albarracín, y Pastor Sierra Reyes. Documento WEB 040, Noviembre de 2010. Se consigue aquí.